La Corte frente a la Corte

En los próximos días la Suprema Corte de Justicia de la Nación discutirá sus obligaciones en torno al cumplimiento de la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Radilla Pacheco. Lo que se determine en su pleno trasciende este asunto en particular, no solamente porque impactará en los demás fallos subsecuentes en los que se condenó al Estado mexicano por violaciones a derechos humanos, sino porque se abre la posibilidad para que se modifique el grado de compromiso que el Poder Judicial federal tiene, en los hechos y más allá de discursos, con la garantía de tales derechos.

En este marco vale la pena recordar las obligaciones para la Suprema Corte que derivan de la sentencia del caso Radilla y la forma en la que su observancia podría ayudar a mejorar la penosa situación que vive México por las constantes violaciones a los derechos humanos.

Primero tiene que acotarse la jurisdicción militar. Hoy el gobierno insiste en que al personal castrense involucrado en violaciones de derechos de civiles se le juzgue ante tribunales militares. Esto, según han documentado múltiples instancias civiles, se ha traducido en impunidad y falta de acceso a la justicia para las víctimas.

Pues bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene el deber de dejar de avalar la extralimitación del llamado “fuero militar”, sentando un precedente en el que se recuerde lo contenido en el artículo 13 constitucional y lo que tantas veces se le ha reiterado al gobierno mexicano en la sede internacional: que en ningún caso y por motivo alguno los tribunales militares pueden conocer de casos en los que se involucren civiles, incluidos aquellos en que éstos son víctimas u ofendidos.

Con ello, el gobierno tendría que modificar su política actual en temas de seguridad y combate a la delincuencia, a la par que el Congreso tendría que precisar las atribuciones de las Fuerzas Armadas y sus controles en temas de seguridad nacional, sobre todo en su vertiente de seguridad interior.

Lo que se discuta en el pleno de la Suprema Corte únicamente versará sobre las obligaciones del Poder Judicial, pero si sus integrantes actuaran en consecuencia con el respeto a los derechos humanos, el mensaje será claro: no se seguirán consintiendo declinaciones de las instancias civiles hacia las militares.

No se trata entonces de que cada poder se deslinde de lo que compete a los otros, sino de que, en conjunto, como órganos del Estado mexicano, contribuyan dentro de sus atribuciones al respeto irrestricto de los derechos humanos.

En esa línea, apenas hace dos semanas, en la ceremonia para asumir el compromiso de cumplimiento de la sentencia del caso Cabrera y Montiel (campesinos ecologistas), Gobernación recordaba la iniciativa presidencial para excluir del fuero militar los delitos de tortura, desaparición forzada de personas y violación, y achacaba al Congreso que no se ha modificado todavía el artículo 57 del Código de Justicia Militar. Por supuesto, olvidaba a conveniencia que la Corte Interamericana ya ha reclamado que esa iniciativa no es suficiente. En torno a ello, la Suprema Corte podrá cerrar la incertidumbre al sentar como criterio que la jurisdicción castrense no debe conocer de ninguna violación ni delito cometido en contra de civiles.

La segunda obligación para la Suprema Corte que deriva de la sentencia del caso Radilla es la de darle entrada al “control de convencionalidad”. Este control conlleva el deber de tomar en cuenta lo dispuesto en tratados internacionales, incluidas las interpretaciones en desarrollo de sus disposiciones a la hora de juzgar la validez de los actos de autoridad.

Sobre esta cuestión, lo que se espera de la Suprema Corte de cara a la reforma constitucional de derechos humanos publicada el pasado 10 de junio es que secunde que toda autoridad, en el ámbito de sus competencias, debe respetar y garantizar los derechos humanos de acuerdo con los más altos estándares en favor de las personas provenientes de la sede internacional.

Adicionalmente a esas dos obligaciones, seguramente no habrá objeción para asumir el deber de capacitar a integrantes del Poder Judicial en el conocimiento de los precedentes de la Corte Interamericana. Aparte de lo anterior, lo que decida la Suprema Corte nos permitirá observar su disposición a no regatear su función de garante de derechos al menos en dos temas más, que si bien no se incluyen como acciones expresamente ordenadas en la sentencia del caso Radilla, de su lectura íntegra pueden desprenderse como interpretaciones sobre derechos humanos que contribuyen a superar carencias hasta hoy secundadas.

Uno de esos temas es la publicidad de expedientes penales, siempre para quienes son partes en los procesos conducentes (como contracara de la obligación de realizar investigaciones efectivas) y, en casos de interés público, para cualquiera. El segundo es la procedencia del juicio de amparo en todo aquel caso en que esté involucrado cualquier derecho de víctimas u ofendidos en procesos penales.

Por esos motivos la sociedad debe estar atenta a los debates del pleno, pues también es exigible una rendición de cuentas para la Suprema Corte. l

 

* Codirector de Litiga, Organización de Litigio
Estratégico de Derechos Humanos, A.C. (Litiga OLE)

 

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