MÉRIDA, Yuc. (apro).- La Secretaría de Gobernación (Segob) solicitó a la gobernadora, la priista Ivonne Ortega, investigar la agresión a inconformes con un distribuidor vial en Mérida y explicar el porqué de la tardanza de la autoridad local para intervenir. A través del oficio SAJDH/900/1075/2011, el subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, Felipe de Jesús Zamora, demandó a la gobernadora que se den las garantías necesarias para el ejercicio del derecho a la libre manifestación. El lunes pasado, recordó, se suscitó un enfrentamiento entre habitantes de la capital yucateca, quienes están en contra de la construcción de un paso a desnivel en la prolongación de Paseo Montejo. Según testimonios de los inconformes, quienes se plantaron en la zona destinada a la obra, la madrugada del lunes 4 llegó personal de seguridad contratado por la constructora, acompañado de golpeadores a tratar de desalojarlos por la fuerza, lo que originó un zafarrancho. Más tarde, ya con la presencia de legisladores locales y la senadora panista Beatriz Zavala Peniche, se dio un segundo enfrentamiento, en el que resultaron varias personas lesionadas que requirieron hospitalización, y en donde también resultó agredida la legisladora. A raíz de estos hechos, la Segob hizo llegar a Ortega Pacheco la solicitud de información detallada de los violentos acontecimientos. “Me permito solicitar a usted la intervención de las autoridades estatales competentes, a efecto de que se les garantice a los ciudadanos de Mérida el ejercicio de la garantía y derecho a la libre manifestación de las ideas, consagrado en el artículo sexto constitucional”, destacó. La dependencia federal también exigió se realice "la necesaria investigación sobre los hechos ocurridos y el deslinde de responsabilidades”. Además, se debe incluir “una explicación a esta autoridad respecto de la presunta tardanza para la intervención de la fuerza pública estatal en protección de los ciudadanos agredidos", precisó. El texto fue entregado a la gobernadora y al presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey), Jorge Alfonso Victoria Maldonado. Por su parte, la alcaldesa Angélica Araujo se deslindó hoy de los hechos y sostuvo que su gobierno “ha sido muy cuidadoso en todo momento de privilegiar la paz y tranquilidad en las manifestaciones ciudadanas”. Lamentó que en este caso se mezclaron intereses político-partidistas “que buscan confundir a la ciudadanía”, y sugirió la posibilidad de que lo ocurrido haya sido un montaje para manchar a su administración. “Es lamentable que la obra del distribuidor vial subterráneo no sea el interés verdadero de esta situación y, en cambio, sea de tipo partidista-político, aun cuando se sabe de los múltiples beneficios que traerá esta obra”, dijo la funcionaria, quien figura entre los favoritos de la gobernadora Ivonne Ortega para sucederla. “Se ve, tristemente, a personajes ligados siempre a hechos delictivos y pues, desafortunadamente, tengo que reconocerlo, hermanos del exgobernador que siempre han estado en ese tipo de actividades”, dijo en franca alusión al panista Patricio Patrón Laviada. “Hay quien me dice que esto fue armado por ellos mismos, ellos mismos llevaban gente para agredir, para que digan que los agredieron”, insistió en entrevista radiofónica, en la que aseguró que ya se investiga el hecho y advirtió que se castigará a los responsables. No obstante, su versión fue descalificada por organismos empresariales y civiles, que culpan al ayuntamiento de la represión contra los manifestantes, acción que dejó más de una veintena de lesionados, y exigieron a la Fiscalía General del Estado (FGE) “investigue, detenga y consigne de manera expedita” a los responsables intelectuales y materiales. En tanto, al cabo de una ríspida sesión en el Congreso local, en la que legisladores del PRI y del PAN intercambiaron ofensas y acusaciones, la fracción panista solicitó se inicie el procedimiento correspondiente para revocar el mandato de la alcaldesa. Ahí mismo, la mayoría priista y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) aprobaron un punto de acuerdo para exhortar a las autoridades municipales, estatales y federales a deslindar responsabilidades en torno a los hechos violentos que se suscitaron en la Glorieta de la Paz, donde lo mismo fueron golpeados civiles, políticos y hasta un diplomático. En tanto, la FGE informó que hasta esta noche había recibido doce denuncias de presuntos afectados, no obstante, agrupaciones civiles involucradas en el conflicto denunciaron las trabas que se les han puesto en las agencias del Ministerio Público a las que han acudido a levantar su queja, y mencionaron el caso del empresario Salvador Vitelli, quien ayer tardó cinco horas para concretar el trámite. Por su parte, la Codhey resaltó que, hasta el mediodía de este martes, se habían recabado los testimonios de ocho presuntos agraviados y se habían dictado dos medidas cautelares dirigidas a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y al ayuntamiento de Mérida, “con el fin de preservar la seguridad pública e integridad personal de quienes ahí se están manifestando”. Y exhortó a los afectados a presentar las denuncias penales correspondientes, y a las autoridades competentes a investigar y fincar responsabilidades a las personas que propiciaron las agresiones, “ya que este tipo de hechos de extrema violencia que laceran a la sociedad no deben quedar impunes”. También determinó establecer una guardia permanente de visitadores en el área de conflicto durante el tiempo que sea necesario, e hizo un llamado a las partes a privilegiar el diálogo. Mientras el Equipo Indignación, dedicado a la defensa de los derechos humanos, destacó que, de acuerdo al material videográfico y testimonios, la inacción de las autoridades ante la agresión “fortalece la versión de que las personas que llegaron a golpear lo hicieron con algún grado de acuerdo de alguna instancia de gobierno o directamente bajo su encargo”. Y recordó que “el recurso de contratar civiles para agredir a manifestantes, mientras la policía parece no ver y omite intervenir, ha sido una vieja táctica de los gobiernos autoritarios para violentar derechos e intentar evadir su responsabilidad”. Enseguida, exigió que la autoridad cumpla su obligación de “investigar con prontitud, identificar a los responsables de las agresiones y llevarlos ante la justicia”. La ONG también advirtió que “el ayuntamiento de Mérida y el gobierno del estado tienen que explicar la ausencia de la policía en el momento de la agresión, y su tardanza en llegar cuando su presencia fue solicitada a pesar de que se encontraban cerca del área elementos policiacos”. Asimismo, agregó, “el ayuntamiento de Mérida tiene la obligación de atender las manifestaciones de inconformidad que fueron acalladas con violencia”. Y aclaró: “El Equipo Indignación no tiene una posición acerca del paso deprimido, su conveniencia o inconveniencia, su pertinencia o impertinencia. No obstante, constatamos que el proyecto no ha sido sometido a consulta a pesar de la petición que diversos ciudadanos y ciudadanas han hecho en ese sentido. Constatamos, una vez más, la imposición como mecanismo de un gobierno que incumple así obligaciones democráticas”. Por la noche, aproximadamente un millar de inconformes vestidos de negro, en señal de duelo por “la muerte de la paz y el estado de derecho en la entidad”, realizaron una nueva protesta en el Paseo de Montejo, cerca de donde hoy inició la construcción del controvertido distribuidor vial. Los manifestantes anunciaron nuevas acciones contra la obra vial y el gobierno municipal.