CHILPANCINGO, Gro. (apro).- La ejecución de la viuda del extinto guerrillero Lucio Cabañas, Isabel Ayala Nava y su hermana Reyna, ocurre en un contexto de violencia extrema en la entidad, donde cada vez más aumenta la cifra de mujeres asesinadas y la impunidad simplemente evidencia la indolencia e inoperancia de las autoridades. Mientras, el procurador de Justicia, Alberto López Rosas confirmó que el poblado de Xaltianguis, municipio de Acapulco, donde ocurrió el doble crimen la tarde de este domingo 3, es una zona controlada por el narcotráfico y sumida en la violencia, como otras regiones de la entidad. Además, informó que siguen dos líneas de investigación, sin aportar mayores detalles. Lo único cierto es que la hija de Isabel Ayala y Lucio Cabañas, Micaela Cabañas Ayala, denunció públicamente que después del doble crimen recibió una llamada del teléfono de su madre y una voz anónima la amenazó. Los dictámenes periciales refieren que los sicarios fueron al menos dos hombres armados con pistolas y que se trató de una ejecución directa, debido a que Isabel recibió seis impactos de bala y Reyna sólo uno, sin definir el calibre de las armas utilizadas. El actual presidente del Congreso local, el diputado perredista Faustino Soto Ramos, se sumó a la condena que han realizado familiares y dirigentes sociales por el doble crimen y consideró que este hecho cobra relevancia porque actualmente en la entidad se analizan las propuestas para crear una Comisión de la Verdad con el objetivo de indagar y sancionar a los responsables de los delitos cometidos por autoridades contra civiles durante la etapa de la “guerra sucia” de los años sesenta y setenta, así como en las masacres de Aguas Blancas y El Charco. Durante la sesión de la Comisión Permanente, Soto Ramos dijo en tribuna: “No queremos pensar que los escuadrones de la muerte han vuelto a aparecer en el estado; queremos que la autoridad aclare si fueron paramilitares o emisarios del pasado interesados en acallar testigos clave”. También, pidió a la PGJ que no descarte ninguna hipótesis o móvil que la lleve a encontrar a los responsables materiales e intelectuales del doble crimen; y que por ningún motivo el crimen quede impune o se resuelva tardíamente. En tribuna, el diputado local recordó que hace una semana presentó una iniciativa para crear una Comisión de la Verdad -la otra propuesta la realizó el actual gobernador Ángel Aguirre Rivero en su campaña-, y consideró que en lugar de avanzar en este tema, hay un retroceso en la demanda de justicia a las víctimas de los delitos del pasado. Dijo que el asesinato de Isabel Ayala no es uno más, porque se trata de una testigo privilegiada de los abusos de la autoridad cometidos contra la población de la sierra de Guerrero en la época de la guerra sucia que fue víctima en carne propia de las atrocidades cometidas por el Ejército en contra de la población civil. El artículo tercero de la iniciativa presentada por Soto Ramos señala que la Comisión de la Verdad tendrá como atribuciones “recabar y recibir información y datos relacionados con los crímenes de Estado cometidos en contra de personas en Guerrero durante la guerra sucia (…) así como conformar un registro de personas afectadas por los hechos violatorios de derechos humanos durante la guerra sucia de los años sesentas y setentas”. Lamentablemente, Isabel Ayala ya no podrá rendir testimonio sobre las flagrantes violaciones a derechos humanos de que fue objeto durante “esa siniestra época”, expresó el diputado perredista. Feminicidios e indolencia gubernamental En lo que va del año, han sido asesinadas más de 50 mujeres en diferentes partes de la entidad, indican cifras de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil (SSPyPC). A principios de junio, la titular de la Secretaría de la Mujer (Semujer), Rosario Herrera, difundió un informe de la SSPyPC, según el cual más de la mitad de los crímenes contra mujeres que se han registrado durante en lo que va de 2011 han ocurrido en Acapulco: más de 15 de estos asesinatos se cometieron con arma de fuego; cinco fueron degolladas; dos murieron a causa de golpes y una por arma blanca. Tan sólo en 2010, la SSPyPC reportó que se registraron 128 homicidios contra mujeres. Hasta el primer semestre del año, la dependencia estatal consideraba que de los más de 50 asesinatos contra mujeres, sólo ocho están vinculados con la delincuencia organizada y también se tiene el registro de tres mujeres secuestradas y tres desaparecidas. Mientras organismos civiles de derechos humanos consideran que es necesario que el gobierno estatal emita una alerta de género, ante la cantidad de crímenes contra mujeres que se han registrado, las autoridades estatales no tienen un criterio común sobre esta problemática. Herrera ha señalado que antes de que el gobierno estatal emita una alerta de este tipo, la PGJ debe determinar cuántos de estos crímenes contra mujeres cumplen con las características de “feminicidios” que están considerados en el código penal local. Al respecto, el 16 de junio mediante un comunicado oficial, la Fiscalía para la Atención de Feminicidios de la PGJ informó que hasta el momento sólo han iniciado 12 averiguaciones previas por considerar que estos casos cumplen con las especificaciones legales para ser tipificados como feminicidios, pero ninguno ha sido esclarecido. El resto de los crímenes contra mujeres son considerados simplemente como homicidios en general y también se mantienen impunes.