Debe Calderón acabar con retórica: alta comisionada de la ONU

MÉXICO, D.F. (apro).- La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Navi Pillay, recomendó al presidente Felipe Calderón acabar con la retórica y aplicar los tratados y convenios internacionales que ha firmado México, y “hacer realidad” la reforma constitucional en materia de derechos humanos.

En una amplia conferencia de prensa, al término de su visita a México, Pillay manifestó su consternación por la violencia que ha provocado el crimen organizado, así como por las violaciones a derechos humanos cometidas por miembros de las fuerzas armadas y policiales.

También por la impunidad en los casos de agravios contra periodistas y defensores de derechos humanos; por la violencia contra las mujeres, en especial indígenas; por la situación de los migrantes; por el hecho de mantener el arraigo para investigar a presuntos delincuentes, y por el incumplimiento de la sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH).

Además, la funcionaria de la ONU reprobó la ejecución en Texas, mediante una inyección letal, del mexicano Humberto Leal, y resaltó que “México debió haber hecho más por el connacional, exigiendo el cumplimiento de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ)”, que en 2004 ordenó a Estados Unidos revisar y reconsiderar los casos de 51 mexicanos sentenciados a pena de muerte, incluyendo a Leal, toda vez que no recibieron asistencia consular.

Tras señalar que el Estado es responsable de garantizar la seguridad de la población, Navi Pillay subrayó que “el crimen organizado, con sus acciones y métodos brutales, amenaza el corazón profundo del Estado y ataca los derechos humanos básicos”.

Acompañada de funcionarios de su oficina en México y de la propia delegación de la ONU, la funcionaria hizo un llamado al gobierno de Estados Unidos, por ser ese país principal consumidor de drogas y “abastecedor de armas”, “para que haga un esfuerzo adicional para que el pueblo de este país (México) esté seguro”.

De acuerdo con Pillay, 70% de las armas que ingresan ilegalmente a nuestro país fueron compradas en Texas, Arizona y California, situación que, agregó, “no está ayudando” a detener la violencia en México.

Luego de hacer un reconocimiento a Marisela Escobedo -asesinada en Ciudad Juárez, Chihuahua, por exigir justicia para su hija Rubí Freyre, quien a su vez fue victimada por su pareja- y a las organizaciones encargadas de luchar contra la violencia de género en la ciudad fronteriza, la alta comisionada exigió al Estado mexicano “la total aceptación y cumplimiento” de la sentencia que emitió la CoIDH en el caso “Campo Algodonero” -en torno de los crímenes de tres mujeres, ocurridos en 2001 en esa ciudad-, además de combatir a la impunidad “en cualquier caso de feminicidio”.

Asimismo, reiteró el cuestionamiento que hizo frente a Calderón, en la residencia oficial de Los Pinos, sobre la disposición de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, y recomendó supeditar los despliegues militares “a controles civiles y dentro de los límites establecidos por los estándares y principios de derechos humanos”.

No obstante, dijo entender el hecho de que Calderón no mostrara señales de querer retirar de las calles a las fuerzas armadas, debido a la falta de corporaciones policiacas honestas.

La funcionaria de la ONU insistió en su preocupación por el “incremento en los reportes de violaciones a los derechos humanos y el uso excesivo de la fuerza por parte de agentes del Estado en el desarrollo de sus acciones contra el crimen organizado”.

Y después de exigir la abolición de la tortura, hizo un llamado a Felipe Calderón para “garantizar la plena investigación y sanción a todos aquellos hechos (violatorios de derechos humanos), mismos que invariablemente deben ser atendidos por tribunales civiles, independientemente de la calidad o conducción del perpetrador”.

Además, condenó la utilización del arraigo para la investigación de delitos de delincuencia organizada, y recordó que de manera constante se le ha recomendado a México en diferentes organismos de la ONU, entre ellos la Comisión de Derechos Humanos y el Comité contra la Tortura, así como en el Examen Periódico Universal, que debe abolir esa figura, por considerarse un acto de “privación ilegal de la libertad”, contrario a los estándares internacionales de derechos humanos.

Pillay también pidió protección y respeto para los migrantes que cruzan el país rumbo a Estados Unidos, así como para las organizaciones civiles que los protegen.

La funcionaria mencionó la firma de convenios internacionales, como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos a los Pueblos Indígenas, por la situación de discriminación, abandono y pobreza extrema en que viven los indígenas mexicanos. Todo indica que para México “una cosa es haber votado a favor de la Declaración y otra muy distinta asegurar su implementación”, puntualizó.

Tras ello, se manifestó conmocionada por los agravios contra defensores y periodistas, y llamó al Ejecutivo mexicano a “pasar de la retórica a los hechos” e instrumentar con prontitud y eficacia los mecanismos de protección para estos sectores.

En su discurso, la funcionaria de la Organización de las Naciones Unidas saludó el encuentro entre Felipe Calderón y las víctimas de la violencia y sus familiares, el pasado 23 de junio, y dijo confiar en la promesa que hizo el mandatario al Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que encabeza el poeta Javier Sicilia, en el sentido de “brindar mayor atención a su situación y a la protección de la población”.

Navi Pillay llegó a México el pasado domingo 3. Durante su gira se entrevistó con el presidente Calderón, así como con los secretarios de Defensa Nacional (Sedena), Seguridad Pública (SSP) y Gobernación (Segob), Guillermo Galván Galván, Genaro García Luna y Francisco Blake, respectivamente.

También se reunió con la procuradora general de la República (PGR), Marisela Morales; el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan Silva Meza, y el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia, así como con los representantes de 32 organismos de derechos humanos estatales y con autoridades de los gobiernos de Oaxaca y el Distrito Federal.

Pero, además, la alta comisionada platicó con integrantes de organismos civiles de derechos humanos, víctimas de la violencia, académicos e investigadores, entre otros.

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