MÉXICO, D.F. (apro).- Los gobernadores de todo el país se reunirán en agosto próximo con una comisión de la Caravana Por la Paz con Justicia y Dignidad que encabeza el poeta Javier Sicilia. Así lo dio a conocer este lunes el jefe de Gobierno del Distrito Federal y presidente en funciones de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), Marcelo Ebrard Casaubón, quien informó que Sicilia le envió una carta proponiéndole un encuentro con los mandatarios estatales en la Ciudad de México. De hecho, los gobernadores esperaban que Sicilia estuviera en la Convención Nacional de Seguridad Pública que se efectuó hoy en la ciudad de Chihuahua, pero el colaborador del semanario Proceso no asistió. Durante la reunión, los gobernadores acordaron mantener el diálogo con diversas organizaciones sociales y plurales, entre ellas Alto al secuestro, SOS, que encabeza Alejandro Martí, México Unido contra la Delincuencia (MUCD), y el propio Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Por separado, organizaciones ciudadanas y de derechos humanos de Chihuahua, que forman parte Movimiento Ciudadano por la Paz con Justicia y Dignidad, exigieron a Felipe Calderón cambiar cuanto antes el enfoque militarista de la lucha contra el narcotráfico y la estrategia de guerra de la seguridad pública. Mediante un comunicado, propusieron darle un perfil humano y ciudadano, que priorice el respeto de los derechos humanos. Asimismo, destacaron la urgencia de recomponer el tejido social con programas que estimulen el mercado interno, la reactivación de la producción de alimentos en el campo, el impulso al arraigo familiar y la cohesión social con proyectos comunitarios. Además, el respeto a los pueblos indígenas, a su territorio, y a su cultura, amén de que se les reconozcan como sujetos de derecho público. También demandaron un programa de emergencia alimentaria en todo el país. Las organizaciones sociales exigieron al gobierno federal la reparación del daño a las víctimas de la violencia y el delito; restablecer, de acuerdo con los estándares internacionales, sus derechos lesionados y evitar la “revictimización” (sic). Demandaron, asimismo, la promulgación de una ley federal que garantice la justicia y proteja los derechos de las víctimas directas e indirectas; la creación de una fiscalía especial federal para la atención de víctimas, así como un banco nacional de ADN para facilitar la identificación de las víctimas. Propusieron constituir una comisión ciudadana de enlace de familiares de las victimas con autoridades estatales y federales con el propósito de construir un diálogo crítico y constructivo que concluya con la firma de un documento de compromisos y seguimiento de los mismos, con la finalidad de lograr la justicia y el resarcimiento de daños para las víctimas de la violencia. Y más: El retiro inmediato del Ejército de las calles y del control del sistema de seguridad pública para que éste quede en manos de las autoridades civiles. Al mismo tiempo, insistieron en que se deberá atender a la profesionalización y modernización de las fuerzas policiales con una adecuada coordinación entre las diversas instancias para la seguridad pública. A su juicio, Calderón debió haber comenzado con estas tareas. Al movimiento ciudadano que encabeza Javier Sicilia, le ofrecieron su respaldo y su deseo de participar activamente, para lo cual le pidieron que los incluya con una representación en la coordinación general del mismo. También propusieron que se tome en consideración la posibilidad de agregar más representaciones de otros estados o regiones, especialmente de aquellos lugares por donde pasó la Caravana del Consuelo y la Esperanza. Tras las diferencias que tuvieron el 10 de junio en Ciudad Juárez, al culminar la caravana por la paz, los las organizaciones de esa entidad precisaron que firmaron el Pacto Ciudadano que fue delineado en la Ciudad de México el día 8 de mayo del 2011 y se enriqueció con las mesas de trabajo de aquella ciudad fronteriza. “Promoveremos el Movimiento Nacional por la Paz con Justicia y Dignidad a nivel regional y local, respetando siempre la autonomía de las diversas organizaciones sociales y ciudadanas, y unidos en la diversidad”, señalaron las agrupaciones ciudadanas. Al dar un posicionamiento respecto al Movimiento Ciudadano por la Paz con Justicia y Dignidad reiteraron que debe mantenerse totalmente ciudadano, autónomo, plural, democrático, apartidista, con una estrategia de lucha desde la no-violencia activa. Apoyaron la demanda de dicho movimiento de “refundar el país” (sic) y de que Calderón cambie su estrategia de guerra contra la delincuencia, cuyo fracaso, señalaron, son los 40 mil muertos que ha dejado como saldo, así como el aumento exponencial de la delincuencia, la violación sistemática de los derechos humanos, la inhibición de la protesta social, las señales de ingobernabilidad, la ola de desapariciones forzadas, feminicidios y de atentados contra periodistas y los defensores de los derechos humanos. Insistieron en que su principal demanda al gobierno es cambiar cuanto antes el enfoque militarista y la estrategia de guerra de la seguridad pública, recomponer el tejido social con programas que estimulen el mercado interno, la reactivación de la producción de alimentos en el campo, el impulso al arraigo familiar y la cohesión social con proyectos comunitarios. Asimismo, el respeto a los pueblos indígenas, a su territorio, a su cultura y, sobre todo, que se les reconozcan como sujetos de derecho público y de manera inmediata demandaron un programa de emergencia alimentaria en todo el país.