OAXACA, Oax. (apro).- La contralora estatal Perla Woolrich reveló que, luego de concluir 16 de 45 auditorías a diversas entidades públicas, se detectó un quebranto al erario por 3 mil 687 millones de pesos en el que se encuentran involucrados 32 excolaboradores del priista Ulises Ruiz. Por esa razón, agregó Woolrich Fernández, instruyó a la Dirección de Procedimientos Jurídicos de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental para que finque responsabilidad, de carácter administrativo o penal, en contra de esos 32 exfuncionarios. En rueda de prensa, la funcionaria estatal detalló que las revisiones realizadas fueron cuatro al sector de infraestructura y salud; siete en el educativo, social y cultural; tres en el sector gobierno, justicia y seguridad, y dos en el sector económico y desarrollo productivo. Los diversos mecanismos y procedimientos de auditoría, abundó, pusieron al descubierto la “confabulación” de diversos exservidores públicos a efecto de operar el presupuesto 2010 de manera discrecional y modificando las partidas inicialmente autorizadas por el Congreso local. Además, autorizaron ampliaciones presupuestarias a partidas no prioritarias, que colocaron en riesgo los proyectos y programas que la Constitución obliga a ejecutar en beneficio de la sociedad oaxaqueña. Entre las irregularidades destacan ausencia de documentación comprobatoria que justifique las erogaciones o pagos realizados con cargo al presupuesto de referencia y falta de expedientes técnicos unitarios que permitan la revisión y evaluación de las metas, alcances, objetivos y ejercicio presupuestal de las obras y programas. Entre los exfuncionarios a los que se les iniciaron procedimientos administrativos destacan Miguel Ángel Ortega Habib, exsecretario de Finanzas; Armando Félix González Bernabé, exdirector de Caminos y Aeropistas de Oaxaca (CAO) y exsecretario de Obras Públicas, así como Abel Trejo González, exdirector general del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO). Además, Cipriano Flores Cruz, exdirector general del Instituto Estatal de Educación Pública; Raúl Gonzalo Castellanos Hernández, excoordinador de Comunicación Social, y Bernardo Barragán Salazar, exsecretario de la Contraloría. En la misma situación se encuentran Esdras Cruz y Cruz, exsubsecretario de Ingresos; Fernando González García, exsubsecretario de Egresos, y Bernardette Rouse Mayor, exjefa de la unidad de Servicios Jurídicos de la Secretaría de Finanzas. De Caminos y Puentes fueron señalados Ambrosio Vásquez Arango, exdirector general; Lorena Pérez Hernández, exdirectora de Administración y Finanzas, y Manuel Alejandro Hernández Muñoz, exdirector de Administración y Finanzas. Asimismo, Jesús Ángel Díaz Ortega, exdirector general del Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa y su colaborador Rodolfo Antonio Alegría Reyes, exdirector de Construcción. También se investiga a Aarón Pérez Bautista, exdirector general del Seguro Popular, y Enrique Cuevas Gómez, exsubdirector de Administración y Finanzas del Seguro Popular. Por parte del IEEPO fueron denunciados Rafael Rosalino Zarate Aspiroz, exsubdirector de Recursos Financieros; Cándido Coheto Martínez, exdirector general del Cobao; María del Socorro Esperanza Gazga, exdirectora de Administración y Finanzas, y Alejandro Flores Pérez, exdirector de Administración de esa institución. De igual forma se fincaron responsabilidades a Leticia Cruz Regino, exjefa del departamento administrativo del Instituto de Educación para los Adultos; Jorge Fausto Bustamante García, César Román Figueroa Hernández, Herón García López, Erasmo Ramírez Osorio, Soledad Rojas Walls, Jorge Efrén Rojas Hernández, Claudia Gabriela Ramírez Zamora, Karina Musalem Santiago, Luz Yanira Morales Castillo, Jesús Ruiz Martínez y Gisela Zarate Figueroa.