MÉXICO, D.F. (apro).- Organizaciones civiles exigieron a la Procuraduría General de la República (PGR) que atraiga de manera inmediata los casos que motivaron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) fallara a favor de restringir el fuero de guerra, con lo que los militares acusados de violación a las garantías individuales no deberán ser procesados por los tribunales castrenses. La decisión de la SCJN “adquiere una relevancia crucial en el presente, en razón de que la política de seguridad adoptada por la actual administración conlleva una extensiva participación de las Fuerzas Armadas que no ha sido aparejada del fortalecimiento de los controles civiles sobre éstas, sino que, por el contrario, han diluido los escasos mecanismos existentes para exigir rendición de cuentas al Ejército y a la Marina”. Así lo señalaron en un comunicado la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), la Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos de México (Afadem), el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan (CDHMT), entre otras organizaciones. Y añadieron que tras el resolutivo de la SCJN de restringir el fuero militar, los casos que deben ser investigados por la PGR son la desaparición forzada de Rosendo Radilla, las violaciones sexuales a las indígenas Valentina Rosendo e Inés Fernández, y las torturas infringidas a los ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera. Sin embargo, pese a que el gobierno de Felipe Calderón ha manifestado públicamente su compromiso de cumplir con las sentencias internacionales, en materia de justicia los asuntos siguen estancados, afirmaron Juan Carlos Gutiérrez, director de la CMDPDH; Julio Mata Montiel, secretario ejecutivo de la Afadem; Jacqueline Sáenz Andujo, del Centro Prodh, y Santiago Aguirre, del CDHMT. En el caso de las indígenas guerrerenses, Aguirre recordó que a ocho meses de emitida la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), las investigaciones siguen en poder de la Procuraduría de Justicia Militar, mientras que en el de los campesinos ecologistas –según Jacqueline Saénz– ni siquiera se han abierto las indagatorias para deslindar responsabilidades en los casos de tortura. Los activistas saludaron el acuerdo de la SCJN y resaltaron que “es un triunfo de las miles de víctimas de abusos militares que han mantenido viva su exigencia de justicia”. Además, puntualizaron que el resolutivo tiene carácter retroactivo, por lo que la PGR deberá activar las denuncias presentadas durante la guerra sucia de los años setenta –abiertas por la Fiscalía Especial de Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp)–, así como las que se han registrado como consecuencia de la guerra contra el narcotráfico. Al respecto, Julio Mata apuntó que Afadem es coadyuvante en 300 casos de desaparición forzada durante la guerra sucia, sólo en Atoyac de Álvarez, de los cuales se responsabiliza a militares durante la guerra sucia. Por su parte, Sáenz Andujo resaltó que en el contexto de la guerra contra el narcotráfico, y “de acuerdo con las propias cifras de la Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena), 159 militares están sujetos a investigación por violaciones a derechos humanos, y 57 están sujetos a proceso judicial, sin que ahora haya sentencias”. Juan Carlos Gutiérrez añadió que la resolución de la SCJN “obliga a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a pronunciarse, pues ese organismo ha sido omiso hasta ahora, y en todas sus recomendaciones ha dado vistas a la Procuraduría de Justicia Militar”. Destacó que las más de cinco mil quejas que ha registrado la CNDH en contra de miembros del Ejército “tendrían que ser remitidas a la PGR para que ejerza su competencia sobre los casos e integre investigaciones penales”. El director de la CMDPDH puntualizó que con la resolución de la Corte “se cierra el debate sobre el fuero militar en la iniciativa de la Ley de Seguridad Nacional, y la iniciativa presentada por Felipe Calderón sobre la reforma al artículo 57 del Código de Justicia Militar se convierte en letra muerta, porque no cumple con los estándares internacionales de derechos humanos”. Tras ello, los activistas y defensores de las víctimas urgieron al Poder Legislativo a realizar la reforma al Código de Justicia Militar, para que se formalicen las restricciones a casos relacionados con la disciplina militar. En tanto, decenas de organizaciones civiles de derechos humanos aplaudieron la resolución de la SCJN, porque –apuntaron– “hoy por hoy el fuero militar funciona como instrumento al servicio de la impunidad, como constatamos cotidianamente en momentos en los cuales las violaciones a derechos humanos cometidas por elementos de las Fuerzas Armadas crecen exponencialmente”.