El freno que la Suprema Corte de Justicia le puso al fuero militar en asuntos que tienen que ver con violaciones a los derechos humanos todavía no se puede aplicar: es para el futuro. Los casos que se ventilan en cortes castrenses seguirán ahí hasta en tanto no se establezca una jurisprudencia en contrario y mientras no se reforme el Código de Justicia Militar, tarea que le compete al Legislativo y donde todo podría empantanarse Pese a que es histórica, la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de acotar el fuero militar será insuficiente para sancionar la mayoría de las violaciones a los derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas en tiempos pasados y en la guerra contra el narcotráfico. Por primera vez en la historia del Ejército, el máximo tribunal del país puso límite al fuero castrense en respuesta a la presión internacional que desde hace años había sobre el Estado mexicano para impedir que los militares se juzguen a sí mismos cuando violan los derechos de los civiles. En su sesión del martes 12, el pleno de ministros de la SCJN resolvió –a instancias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh)– que las sentencias que dicten los jueces en todo el país deben apegarse a las normas nacionales e internacionales de protección a los derechos humanos, incluidas aquellas que restringen el fuero militar. La decisión, sin embargo, no se traducirá en que el Supremo Tribunal Militar entregue a la justicia civil los casos de violaciones a los derechos humanos cometidas por militares contra civiles. Abogados que han litigado contra el Ejército para reclamar la jurisdicción ordinaria coinciden en que pasará mucho tiempo antes de que los militares declinen su competencia. (Extracto del reportaje que aparece en la edición 1811 de la revista Proceso, ya en circulación)