Publicidad oficial, a cuentas

En las pasadas dos semanas se debatió en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el cumplimiento de la sentencia del caso Radilla Pacheco contra México, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y en general sobre la obligatoriedad de las resoluciones de tal tribunal internacional. Sin ánimo de exagerar, las discusiones que tuvieron lugar en el máximo órgano judicial del país inauguran una nueva etapa en nuestro ordenamiento jurídico; sí, al amparo de nuestra vieja Constitución, pero puesta al día gracias a la reforma constitucional en materia de derechos humanos publicada en junio 10.

Las implicaciones de aquel debate han sido noticia de primera plana: “Militares que se involucren en violaciones de derechos humanos deberán juzgarse por tribunales civiles”; la reacción del gobierno: “Se toma nota de lo determinado en la Suprema Corte para orientar nuestras acciones en el futuro”. A partir de ello, más allá de la celebración inmediata conviene redoblar esfuerzos para incrementar la exigencia de rendición de cuentas a todas las autoridades, pues, como se puede anticipar, la inercia de impunidad alentada por la falta de controles al gobierno y de garantías para nuestros derechos no desaparecerá de la noche a la mañana. En esa labor, los tribunales son vitales.

Con ese marco de por medio, importa llamar la atención sobre la sentencia dictada por la Segunda Sala de la Corte apenas el miércoles 13. Sin duda es otra decisión sin precedentes la de otorgar un amparo a La Voladora Radio en un caso sobre asignación de publicidad oficial a radios comunitarias, con una votación dividida de tres a uno a favor del proyecto del ministro Franco. Es histórica, no tanto por ser el primer fallo que se conozca sobre el tema en México, sino porque representa un gran avance mundial para la libertad de expresión, el derecho a informar y la asignación de publicidad oficial a favor de la pluralidad de medios de comunicación, acorde con un régimen democrático.

Es una sentencia de vanguardia mundial porque a partir de declarar inconstitucional una negativa de la Secretaría de Salud del gobierno federal para contratar la difusión de publicidad oficial con La Voladora, la Segunda Sala supera otras decisiones que se han dado en diversas latitudes. Si lo común había sido proteger a medios de comunicación que de un día a otro veían reducida la colocación de publicidad oficial en su espacio como represalia a su línea editorial crítica, con este fallo se abre el camino para obligar a las dependencias gubernamentales a asignar publicidad oficial a cualquier medio de comunicación que no haya podido contar con ese derecho.

Pero sobre todo, una sentencia que no hace descansar la asignación de publicidad oficial en un parámetro como el rating de los medios de comunicación, que para medios impresos sería el equivalente a su tiraje, sino que toma en cuenta la exigencia de La Voladora para que se le contrate en términos equitativos, y a partir de ello establecer como criterio que no se privilegie a los medios sólo en función de su alcance y cobertura, sino acorde a sus características concretas y considerando la audiencia que pueda seguirlos.

Con este puente tendido, esta sentencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte puede ser un factor clave en el futuro de la comunicación en México por dos razones. De entrada porque debe impactar en la política gubernamental de asignación de publicidad oficial, así como servir de recordatorio al Poder Legislativo dada la ausencia de una regulación especializada que establezca criterios transparentes y mesurables para la asignación de publicidad oficial, de modo que la misma no se aproveche como instrumento para restringir el pleno ejercicio de la libertad de expresión y el derecho de cualquier medio a informar.

Y en segundo lugar, la sentencia puede trascender porque recuerda, también en este escenario, que ninguna autoridad puede olvidar los mandatos establecidos en nuestro nuevo artículo primero constitucional, consistentes en promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de todo mundo, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. l

 

Codirector de Litiga, Organización de Litigio Estratégico de Derechos Humanos, AC (Litiga OLE).

 

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