VALPARAÍSO.- (apro).- El cambio de gabinete realizado por el presidente Sebastián Piñera el 18 de julio no ha implicado un repunte de su gobierno. El malestar incubado en la sociedad chilena se sigue expresando a través de un ciclo de protestas que parece imparable. A pesar de los ajustes ministeriales, los estudiantes universitarios y secundarios decidieron mantener los paros y las ocupaciones de liceos y universidades en todo el país. “Lo que buscamos no es un cambio de ministro, sino un cambio en las políticas educativas”, expresó el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica Giorgio Jackson, al dar a conocer la postura de la Confederación de Estudiantes de Universidades Chilenas (Confech) en relación con la salida de Joaquín Lavín del Ministerio de Educación. La persistencia del descontento y la desesperación estudiantil se expresan en el hecho que el pasado jueves, 20 estudiantes secundarios, pertenecientes a tres liceos de la Región Metropolitana, iniciaron una huelga de hambre. Esto, con la finalidad de que el gobierno escuche y considere sus demandas principales: gratuidad en la educación y poner fin al lucro en la enseñanza. El recién nombrado ministro de Educación, Felipe Bulnes, reaccionó así: “No nos dejaremos llevar por presiones”. Cabe señalar que las protestas estudiantiles –que se iniciaron hace 80 días-- tienen paralizado al sistema público de enseñanza. En ellas participan más de un millón de estudiantes de 20 universidades tradicionales y de más de 500 liceos. En las marchas por la educación han participado hasta 400 mil personas. Las protestas no sólo se dan en el ámbito de la educación. En la sureña localidad costera de Dichato (región del Bío Bío, centro sur de Chile), un millar de pobladores inicio el miércoles 20 un bloqueo de la carretera que une Concepción (capital regional con Tomé). Reclaman por el nulo avance de la reconstrucción de su ciudad que fue gravemente afectada por el maremoto del 27 de febrero de 2010. El Ministerio de Interior respondió a estas protestas enviando un contingente policial que reprimió con gran violencia a los inconformes. La violencia policial pudo ser vista masivamente gracias a que fue transmitida por el sistema Twitcam. Esto provocó una inmediata reacción de pobladores y estudiantes, quienes realizaron numerosas manifestaciones de solidaridad en Concepción, Tomé y otras ciudades del sur de Chile. Por otra parte, organizaciones ambientalistas alistaron para este jueves 21 una protesta ante la eventual aprobación por parte del Consejo de Ministros de medio ambiente del mega-proyecto carbonífero Mina Invierno en Isla Riesco (región de Magallanes, extremo sur de Chile). Sin embargo, en lo que fue considerado un triunfo de los ambientalistas, la decisión fue postergada el mismo 21 por el gobierno, al aducir que los nuevos ministros debían estudiar la materia. El proyecto carbonífero en isla Riesco es desarrollado por las empresas Copec y Ultramar y es fuertemente impulsado por el presidente Piñera. Este proyecto, que busca extraer este mineral con el fin de alimentar una veintena de centrales termoeléctricas a lo largo de Chile, amenaza con degradar ambientalmente esta isla y su entorno en el que habitan huemules, cóndores, delfines y ballenas jorobadas, y que es considerado un paraíso natural. En los últimos días, los medios de comunicación han dado a conocer que el presidente Piñera posee acciones en Copec por un valor de 9.7 millones de dólares. Ana Stipicic, vocera de la campaña Alerta Isla Riesco, expresó a Apro que la postergación de la votación del Consejo de Ministros obedeció “a la presión ejercida por el movimiento ambientalista y por un numeroso grupo de senadores y diputados que rechaza la instalación de este proyecto”. Es importante tener presente que las protestas contra la aprobación del megaproyecto hidroeléctrico Hidroaysén (Patagonia chilena), decidida el 9 de mayo, inauguraron el actual ciclo de protestas (que incluyó la reciente paralización de la estatal cuprífera Codelco), el más grande que haya registrado Chile en los últimos veinte años. Piñera asumió la Presidencia el 10 de marzo de 2010 con la promesa de hacer un gobierno de “excelencia” y de acabar con la delincuencia. Para alcanzar sus objetivos nombró un gabinete formado en su gran mayoría por ejecutivos de empresas, que en el desarrollo de sus políticas han evidenciado tener numerosos conflictos de intereses. Por ejemplo, la recién defenestrada ministra secretaria general de Gobierno, Ena Von Baer (independiente), es copropietaria de Semillas Baer, empresa que se verá fuertemente favorecida con la reciente aprobación del proyecto conocido como “ley Monsanto” de privatización de las semillas, que contó con el apoyo del gobierno. Joaquín Lavín se vio seriamente debilitado tras reconocer –en el programa Última mirada de Chilevisión-- que había tenido ganancias en su calidad de socio propietario de la Universidad del Desarrollo. Esto, a pesar de que el lucro está prohibido en la educación superior. El 7 de julio, una encuesta de la consultora Adimark señaló que Lavín, quien ha sido dos veces candidato presidencial de la UDI (2000 y 2006), había bajado su aprobación en el manejo del Ministerio de Educación desde 70% en diciembre a 46% con el que dejó su cargo. Expresión de la crisis de manejo del gobierno es que ni siquiera en “el combate a la delincuencia” han tenido buenos resultados. Según cifras aportadas por la Fundación Paz Ciudadana –dadas a conocer el 19 de julio--, en los últimos seis meses los asaltos a hogares aumentaron 5%. Aunque el responsable de la seguridad ciudadana es el ministro de Interior, Rodrigo Hinzpeter, éste fue mantenido en su cargo por Piñera, dado que es su asesor de mayor confianza. Cambio cosmético El ajuste ministerial, concretado este 18 de julio, involucró a ocho ministerios. Sin embargo, sólo cuatro nuevos personeros entraron al gabinete, ya que cuatro ministros sólo fueron cambiados de repartición. Lo más destacable es el ingreso de los senadores Pablo Longueira, quien asumió en Economía, y Andrés Chadwick, que fue designado ministro secretario general de Gobierno. Ambos pertenecen al filopinochetista partido Unión Demócrata Independiente (UDI) que, desde el inicio de la actual administración, venía pujando por que se le asignara un mayor protagonismo en el gobierno. También destaca el nombramiento del exbiministro de Energía y Minería, Laurence Golborne (pro-UDI. Golborne es el ministro más popular del gabinete de Piñera (77% de aprobación), y es visto como la principal carta presidencial de la derecha. Diversos analistas políticos coincidieron en sostener que Golborne fue cambiado de ministerios debido a la necesidad de evitar que se vea involucrado en la aprobación de proyectos mineros y energéticos altamente impopulares, como son Isla Riesco e Hidroaysén. Por el contrario, Obras Públicas es visto como uno de los “ministerios realizadores”, que ofrece mejores perspectivas a su aspiración presidencial. En entrevista con Apro, el sociólogo de la Universidad Católica de Chile, Felipe Portales, expresó que el ajuste ministerial “no conllevará un cambio de fondo en las políticas neoliberales desarrolladas hasta ahora”. Él estima que la decisión de Piñera debe interpretarse como “un paso táctico por medio del cual busca comprometer más a la UDI con el gobierno”. Portales dice que la salida de Lavín de la cartera educación “se debe al hecho que éste tenía conflictos de interés dada su no aclarada participación en la propiedad de la Universidad del Desarrollo, lo que lo situaba en una muy complicada situación para resolver los conflictos con los estudiantes”. Según Portales, las protestas de los estudiantes y en defensa del medio ambiente que han movilizado a más de un millón de personas este año, “han debilitado al gobierno”. No obstante, estima que “el sistema está lo suficientemente consolidado como para que estas protestas impliquen una crisis terminal”. En todo caso, afirma que la oposición ciudadana “tiene el mérito de haber mermado la legitimidad del sistema”, lo que a su juicio incidirá “en la ocurrencia de cambios de fondo en el mediano y largo plazo”. Portales dice que uno de los aspectos más cuestionables del cambio de gabinete está dado por el hecho de que dos senadores deberán abandonar sus funciones siendo remplazados por personas designadas por las cúpulas de su partido: la UDI. En enero pasado ya había ocurrido lo mismo cuando el senador por la Región de los Ríos, Andrés Allamand (Renovación Nacional), fue llamado para asumir a la cabeza de Defensa, y la senadora por la Región de Coquimbo, Evelyn Matthei (UDI), fue nombrada ministra del Trabajo. De acuerdo con el especialista, este tipo de prácticas “lo único que consiguen es deslegitimar al Congreso”. Señaló que la oposición política, representada por la Concertación de Partidos por la Democracia, no tiene argumentos para criticar estas prácticas, dado que fue esa alianza política la que en el 2005 impulsó una reforma constitucional con el fin que fueran los partidos, y no la ciudadanía, los que remplazaran los escaños en vacancia. Portales, en una serie de 30 artículos publicados en el diario El Clarín, titulada “La Concertación debe explicaciones”, ha cuestionado fuertemente el rol jugado tras el fin del régimen militar, en 1990, por esta coalición que está integrada por los partidos Democratacristiano, Socialista, Radical y Por la Democracia. En su libro Chile: una democracia tutelada (Sudamericana, 2000), este sociólogo da cuenta de la forma en que la Concertación generó amarres institucionales con la derecha y los militares, con la finalidad de que se mantuviera el modelo neoliberal instaurado en la dictadura y de que éste tuviera ropaje democrático. Portales expresó que esta colusión con la derecha explica el 70% de rechazo que tiene la Concertación entre la población chilena, como lo señaló una reciente encuesta de Adimark.