EU, los “memos” de la tortura en Iraq y Afganistán

MÉXICO, D.F. (apro).- Decenas de casos de torturas, detenciones sin juicio, abusos físicos y psicológicos, asesinatos, centros de captura secretos, entre otras acciones cometidas por Estados Unidos durante su guerra contra el terror en Irak y Afganistán, son expuestas en un minucioso reporte elaborado por la organización Human Rights Watch (HRW), dado a conocer el pasado martes 12.
De acuerdo con Kenneth Roth, director ejecutivo de HRW, en el documento titulado “Torturas impunes: La administración Bush y el maltrato de detenidos”, se detallan numerosos argumentos legales para que se inicie una investigación criminal en contra del expresidente estadunidense George W. Bush; su secretario de Defensa, Donald Rumsfeld; el exdirector de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), George Tenet; el teniente Ricardo Sánchez, quien estuvo al mando de las tropas en Irak, y el general Geoffrey Miller, exdirector del centro de detención en Guantánamo, Cuba.
El reporte, de 102 páginas, tiene su antecedente en un trabajo anterior publicado en 2005, titulado “¿Torturas impunes?”, en el que se presentaron las evidencias que existían hasta ese momento en torno de las numerosas violaciones a los derechos humanos de los detenidos acusados de terrorismo.
El nuevo informe retoma los datos del anterior documento y analiza la información que se ha dado a conocer a partir de 2005 sobre el papel que jugaron los funcionarios del gobierno de Estados Unidos en el establecimiento de centros de detención secretos, luego de los atentados del 11 de septiembre de 2001, y revisa esos hechos desde la óptica de las leyes internacionales.

Leyes a la medida

Días después de los atentados del 11 de septiembre, en Washington se vivía a toda prisa. Mientras en el ámbito militar se hacían los preparativos para iniciar una escalada militar en Irak, en el frente diplomático también había una gran actividad, en virtud de que el presidente Bush buscaba justificar ante la opinión pública mundial el ataque que lanzaría contra Saddam Hussein.
En el frente legal el tema también era muy complicado. Durante la reunión del “gabinete de guerra” del 15 de septiembre de 2001, el director de la CIA, George Tenet, presentó a los asistentes varias opciones para el manejo de los detenidos durante el conflicto armado que estaba a punto de iniciar. Su propuesta era transferirlos a terceros países, donde podrían ser interrogados sin necesidad de cumplir con las leyes vigentes en Estados Unidos en lo que respecta al trato de prisioneros de guerra.
Dos días después de esa reunión, el presidente Bush firmó un memorándum cuyo contenido todavía permanece en secreto. En él autorizaba a la CIA a detener e interrogar a sospechosos de pertenecer a Al Qaeda y a otros que presumiblemente hubieran participado o tenido conocimiento de los ataques terroristas del 11 de septiembre.
En esos días, David Addington, consejero legal del vicepresidente Dick Cheney, y el procurador general de Estados Unidos, Alberto González, elaboraron una serie de memorándum con los que construyeron el marco legal para evadir las leyes internacionales relativas a interrogatorios y tortura de prisioneros.
En esos documentos se argumentaba que los acuerdos de la Convención de Ginebra de 1949, que regulan la conducta de las partes en tiempos de guerra, no aplicaban a los individuos capturados en el conflicto armado en Afganistán.
En el memorándum elaborado el 9 de enero de 2002, John Yoo, de la Oficina de Consejería Legal del Departamento de Justicia, aseguraba que los acuerdos de la Convención de Ginebra no aplicaban a los miembros de Al Qaeda, porque esa organización no era un Estado y, por lo tanto, no había firmado la convención.
En otro memorándum clave con fecha 25 de enero de 2002, Alberto González aconsejó al presidente Bush que declarara a los talibanes fuera de la cobertura de la Convención de Ginebra. “Esto ayudará a mantener la flexibilidad en la guerra contra el terrorismo, la cual incluye, a mi juicio, deshacerse de las obsoletas limitaciones de la Convención de Ginebra en lo que se refiere a los interrogatorios de los prisioneros enemigos”.
González argumentaba que al declarar que los talibanes y los militantes de Al Qaeda no tenían protección de la Convención de Ginebra, se reducía sustancialmente la amenaza de una acción legal en contra de Estados Unidos.
El secretario de Estado, Colin Powell, se reunió dos veces con el presidente Bush para discutir sus preocupaciones en torno del memorandum de Yoo. El general Richard Myers, jefe de de las Fuerzas Conjuntas, y otros mandos militares, expresaron también su preocupación.
Powell aseguraba que al declarar que los acuerdos de la Convención de Ginebra no eran aplicables, se daría marcha atrás a más de un siglo de política exterior de Estados Unidos y de apoyo a la Convención.
En respuesta a las objeciones de Powell y otros altos mandos, Bush modificó ligeramente el memorándum, pero lo hizo de tal forma que de todas maneras negaba la protección a los detenidos.
El 7 de febrero de 2002 Bush anunció que mientras el gobierno de Estados Unidos se regiría por los “principios” de la Convención de Ginebra, en lo que respecta a los presos talibanes no los calificaría como prisioneros de guerra, debido a que Estados Unidos no los consideraba una fuerza armada como tal, por no tener mandos jerárquicos, no vestir uniformes y no llevar armas abiertamente, por lo que sus operaciones no las realizan de acuerdo con las leyes que rigen la guerra.

La tortura

En abril de 2002, abogados de la CIA entregaron al Departamento Legal del Consejo Nacional de Seguridad (NSC) un manual con los posibles efectos físicos y psicológicos del waterboarding o “submarino”, desarrollado por la Escuela de Sobrevivencia, Evasión y Resistencia del Departamento de Defensa (SERE), ya que pensaba utilizar esa técnica en el interrogatorio de Abu Zubaydah, a quien se consideraba un alto mando de Al Qaeda.
Las técnicas de interrogación de la escuela SERE del Departamento de Defensa fueron descritas en un reporte del Comité de las Fuerzas Armadas del Senado del 20 de noviembre del 2008:
“Se desnuda al interrogado, se le coloca en una posición inmóvil que causa mucho dolor, se les cubre la cabeza, se les impide dormir, se les trata como animales, se les somete a ruido intenso por tiempos prolongados, se les ilumina de tanto en tanto con lámparas de mano y se les expone a temperaturas extremas.
“Se incluye en estas técnicas golpes en el cuerpo y en la cara… y más recientemente se ha incorporado el submarino”, indicaba el reporte.
En su libro Decision Points, publicado en noviembre de 2010, el presidente Bush describe la aprobación de la técnica del submarino para Abu Zubaydah.
“Bajo mi dirección, el Departamento de Justicia y los abogados de la CIA realizaron una cuidadosa revisión y concluyeron que los métodos ampliados de interrogación cumplían con la Constitución y con todas las leyes aplicables, incluyendo aquellas que prohíben la tortura”.
En una entrevista del 15 de noviembre de 2007 con el proyecto Torturing Democracy, Malcom Nance, un exinstructor y jefe de entrenamiento de la escuela SERE, describió la técnica del submarino.
“Esta técnica es una forma controlada de asfixia. El interrogado puede sentir cada gota de agua sobre su cara… cada gota. Entonces se empieza a sentir pánico, y con el pánico la persona empieza a jadear y a tratar de respirar… al hacerlo, el agua entra sin control al organismo. Entonces el prisionero empieza a entrar en estado de choque y la sensación de asfixia es cada vez mayor. El interrogador puede detener el flujo de agua y esperar a que el prisionero se recupere unos instantes, antes de seguir el interrogatorio… ese es el momento donde se puede romper la voluntad del prisionero, y donde éste puede decir si decide colaborar o seguir soportando.”
Nance asegura que independientemente de lo que digan o hayan dicho los altos funcionarios del gobierno, el waterboarding no es otra cosa que tortura. “Alguien deberá ir a la cárcel por esto”, afirmó Nance, quien tiene más de 20 años de experiencia en el programa de contrainsurgencia de Estados Unidos y ha sido interrogador de prisioneros árabes, además de que ha participado en misiones en Beirut, la región de los Balcanes y en diversos países de África.

Los memorándum de la tortura

El 1 de agosto de 2002, el primer memorándum, firmado por el asistente del procurador general, Jay Bybee, y por John Yoo, es conocido como el “Memo de la tortura”. En ese documento se indica que las doctrinas de necesidad y defensa propia podrían proveer justificación legal a los interrogatorios y podrían eliminar cualquier responsabilidad criminal de parte de los oficiales que interrogaron a detenidos de Al Qaeda.
El memorándum también analiza los posibles actos que podrían ser considerados como tortura y refiere siete prácticas que las cortes de Estados Unidos han definido como tortura: golpear con objetos, amenazas de muerte inminente, quemaduras con cigarrillos, descargas eléctricas en los órganos genitales, violación o asalto sexual y forzar a un prisionero que observe la tortura de otra persona.
El segundo memo de la Tortura, desclasificado en 2009, asegura que el submarino no constituye una forma de tortura porque no deja daños mentales prolongados y aborda la legalidad de 10 tácticas de interrogación que se aplicaron a Abu Zubaydah.
En un artículo del 20 de abril de 2009, The New York Times asegura que Abu Zubaydah fue sometido al submarino en 83 ocasiones. En 2007, Zubaydah dijo a un tribunal en Guantánamo que la mayoría de la información que ofreció durante los interrogatorios era falsa.
La CIA videograbó los interrogatorios a Zubaydah en 2005, sin embargo la agencia destruyó 90 videotapes de dichos interrogatorios, lo que desencadenó una investigación criminal de los oficiales. No obstante, en noviembre de 2010, el Departamento de Justicia confirmó que no se habían levantado cargos en conexión con la destrucción de los tapes.
Abu Zubaydah fue transferido a la prisión de Guantánamo en septiembre de 2006. En 2009, el Departamento de Justicia reconoció que Zubaydah no tuvo ningún papel directo o conocimiento de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, pero permanece recluido sin cargos en su contra.

Impunidad dentro y fuera

“Hay razones sólidas para investigar a Bush, Cheney, Rumsfeld y Tenet por autorizar actos de tortura y crímenes de guerra”, afirmó Kenneth Roth, director ejecutivo de Human Rights Watch, durante la presentación del informe.
“El presidente Obama ha considerado estos actos de tortura como lamentables decisiones políticas, en lugar de crímenes”, añadió.
Respecto de los cuatro máximos funcionarios del gobierno de Bush, Kenneth Roth expresó que el presidente Bush admitió públicamente haber aprobado en dos oportunidades el uso de prácticas de asfixia por inmersión, que consisten en someter a una persona a un simulacro de ejecución por ahogamiento, y que tradicionalmente han sido calificadas en Estados Unidos como formas de tortura.
“Bush también autorizó los programas secretos de detención y entregas extraordinarias de la CIA, que permitían mantener incomunicados a los detenidos y, en muchos casos, trasladarlos a países como Egipto y Siria, donde posiblemente serían torturados”.
Según el director ejecutivo de HRW, el vicepresidente Cheney fue el impulsor de la adopción de políticas ilícitas sobre detención e interrogatorios, y presidió varias reuniones claves en las cuales se discutieron operativos específicos de la CIA, como la decisión de someter a asfixia por inmersión a Abu Zubaydah, en el año 2002.
En el caso del secretario de Defensa Donald Rumsfeld, Roth aseguró que este funcionario aprobó el empleo de métodos ilegales durante los interrogatorios y siguió de cerca el caso de Mohamed al-Qahtani, sometido a un régimen de seis semanas de interrogatorios coercitivos en Guantánamo que, considerados en conjunto, podrían ser vistos como actos de tortura.
“El director de la CIA George Tenet autorizó y supervisó el uso por parte de la CIA de prácticas de asfixia por inmersión, posturas obligadas que causan estrés, hostigamiento con fuertes ruidos y luces, privación del sueño y otros métodos abusivos durante los interrogatorios, además del programa de entregas extraordinarias de la CIA”, apuntó Roth.
“Estados Unidos hace lo correcto cuando exige que se juzguen delitos internacionales graves cometidos en lugares como Darfur, Libia y Sri Lanka, pero no debería aplicarse un doble criterio”, indicó.
“Cuando el gobierno estadunidense protege a sus propios funcionarios e impide que sean investigados y juzgados, contribuye a que otros países ignoren los esfuerzos internacionales por juzgar a quienes han cometido crímenes graves”, subrayó.

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