MÉXICO, D.F. (apro).- Luego de 75 días de ocurrido el accidente en el Pocito 3 de Beneficiarios Internacionales del Norte Sociedad Anónima (BINSA), donde murieron 13 carboneros y un menor de edad resultó mutilado, los resultados penales son ínfimos, el proceso pensionario para las viudas está estancado y las operaciones mineras continúan sin medidas de seguridad. La Organización Familia de Pasta de Conchos (OFPC) denunció que, como suele ocurrir con las tragedias carboneras en el norte de Coahuila, luego del protagonismo mediático asumido por el secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, nada ha cambiado en la región. Y es que la Fiscalía General del Estado (FGE) integró una averiguación previa por el delito de homicidio simple culposo contra el propietario de BINSA, Melchor González Vélez, El Chorín, y uno de sus trabajadores quienes, en caso de resultar responsables en juicio, podrán quedar en libertad mediante el pago de una fianza. El proceso legal que se ha seguido en otras ocasiones en que las minas colapsan y cobran vidas es el homicidio simple culposo, es decir, un delito no grave conforme al Código Penal de la entidad. Así ocurrió con el siniestro de la mina 8 Unidad Pasta de Conchos, propiedad de Grupo México, donde murieron 65 trabajadores el 19 de febrero de 2006: los responsables depositaron 180 mil pesos por cada muerto en el juzgado y quedaron en libertad. A su vez, la Procuraduría General de la República (PGR), que anunció una averiguación previa, no ha dado avance en sus indagatorias. Lo mismo ocurrió con el caso Pasta de Conchos, cuyo expediente se mantiene cerrado. En esta ocasión, la averiguación previa ni siquiera incluyó la falsedad en las declaraciones en que incurrió BINSA, al modificar la edad del menor que resultó mutilado y ocultar que habría otros menores trabajando en sus minas, por lo que, pese al cúmulo de pruebas, el resultado no variará. Para enfrentar las componendas entre los poderosos hombres del carbón y las diferentes instancias gubernamentales, las familias tomaron la determinación de no firmar ningún documento laboral ni penal que otorgue el perdón a los dueños del Pocito 3 de BINSA. Profedet, sin defensa y ofensiva Las 13 viudas de los carboneros fallecidos no están conformes con la forma en que la Procuraduría Federal de Defensa del Trabajador (Profedet) ha procedido respecto del cálculo de sus pensiones, aparte de sufrir intimidaciones y acosos, en especial, contra activistas que las acompañan. Como ha sucedido en otros accidentes mineros, la maniobra empresarial constante consiste en registrar a los trabajadores con un salario más bajo al real, por lo que al momento de su muerte, la Profedet hace el cálculo respecto de la cifra reportada y no conforme al ingreso real de cada empleado. Los 75 días han sido insuficientes para que la Profedet realice un cálculo sobre el monto de la pensión, y se ha negado a brindar su protección a los trabajadores de los pocitos 1 y 2, quienes recibieron la oferta de una “ayuda humanitaria” de 750 pesos. En un primer momento se había dicho que se entregarían casas mediante el Infonavit a las familias de los trabajadores fallecidos. Fue una falacia, pues según la OFPC, la institución se negó a otorgar los créditos bajo un argumento absurdo: los trabajadores muertos no habían iniciado el trámite antes del accidente. Luego de denunciar lo anterior, la activista Cristina Auerbach Benavides, de la OFPC, fue objeto de la respuesta airada de la Profedet cuya titular, Rosalinda Vélez Juárez, envió una carta abierta al diario La Jornada en la que, entre otras acusaciones, lamentó que “personas que únicamente buscan lucrar políticamente con el dolor de las familias afectadas, pretendan desacreditar a una institución que a todas luces posee la aceptación y confianza de la gente a quien sirve”. Esa acusación, en los mismos términos, la hizo el empresarial Grupo México hace un par de meses en una inserción pagada; también la formuló el exsubsecretario del Trabajo, Álvaro Castro contra el senador Ricardo García Cervantes y ha sido, desde 2007, la misma declaración que el secretario Javier Lozano Alarcón ha expresado sistemáticamente. “Por nuestra parte, la funcionaria (Vélez Juárez) deberá responder en los tribunales, no en los medios de comunicación”, advirtieron las viudas del Pocito 3 de BINSA. Más mentiras de Lozano Durante los días que duró el rescate de los cuerpos en el Pocito 3, entre el 3 y el 7 de mayo, Lozano Alarcón anunció una serie de acciones encaminadas a mejorar la minería del carbón. Días después, el 9 de ese mes, Apro dio cuenta de la llamada “cumbre del carbón”, donde empresarios mineros, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y el gobierno de Coahuila, a través de su paraestatal Promotora del Desarrollo Minero (Prodemi) –que funge de intermediaria entre los mineros y la Comisión Federal de Electricidad (CFE)--, anunciaron unidades especiales de inspección, un fondo de apoyo a los empresarios por 50 millones de pesos y la cancelación de compras a minas que carezcan de las medidas elementales de seguridad conforme a la normatividad vigente. Como se documentó en aquella ocasión, los acuerdos fueron una farsa, según la OFPC, pues el operativo de inspección conjunto con la Secretaría de Economía (SE), Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), reveló que ningún pocito tiene viabilidad técnica, debido a la imposibilidad de ofrecer una salida de emergencia, en caso de siniestros, para los trabajadores. “Del análisis de las actas del señalado operativo, de 34 inspecciones realizadas a pocitos, en 17 se restringe el acceso a los trabajadores por peligro inminente; en nueve el patrón se niega a ser inspeccionado; dos más, supuestamente, “no están en operación”, y en seis los inspectores consideran que la conexión entre pocitos en operación da por válida la salida de emergencia, aunque la norma determina que por cada pocito debe haber una salida de emergencia”. Con lo anterior se mantiene la autorización para que los “pocitos de la muerte” sigan operando. De ahí que la OFPC insista en la cancelación de la minería de pozos en la entidad. Una esperanza El 13 de julio, la Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del Senado, por conducto de Ricardo García Cervantes, presentó un punto de acuerdo que fue aprobado el miércoles 20. El documento, que será presentado al pleno senatorial el próximo 27, plantea un cambio radical en la regulación de la minería de carbón y de justicia por los diferentes accidentes carboneros, a partir de una serie de exhortos. Por ejemplo, el documento exhorta al presidente Felipe Calderón a ordenar el rescate de los restos en Pasta de Conchos al no existir ninguna limitación técnica, en contra de lo declarado por Javier Lozano. También pide a la SE elaborar un programa de inversión emergente, a fin de diversificar la opción laboral en la región carbonífera de Coahuila, además de que dicha secretaría deberá establecer los volúmenes de compra conforme a la capacidad de cada mina, evitando el coyotaje que deriva en opacidad respecto de la seguridad. También exhorta al gobierno federal a suspender la iniciativa de aprovechar el gas asociado al carbón hasta que se publique la Norma Oficial de Seguridad e Higiene para los trabajadores que realizarán estas labores y un programa de inversión de las empresas que se beneficiarán de esta iniciativa, con el fin de garantizar que esta nueva actividad signifique mejoras en las condiciones de vida de las poblaciones mineras. En materia de medio ambiente, exige un programa de recuperación y reordenamiento ecológico. En las áreas de salud y seguridad social solicita un programa de auditorías extraordinarias a las empresas carboneras. La OFPC lleva dos meses de enviar esas peticiones a las diferentes dependencias gubernamentales sin que nadie haya respondido, por lo que los activistas confían en que con el punto de acuerdo surtan efecto los reclamos. Además, en el marco de las sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la sede de la Organización de Estados Americanos en Washington, la OFPC podrá reunirse con el secretario ejecutivoSantiago Cantón, al que expondrá que el Estado mexicano continúa sin resolver sobre el rescate de cuerpos en Pasta de Conchos. Ahí también harán entrega del punto de acuerdo del Senado, de la información y respuesta de la Alta Comisionada de Naciones Unidas (ONU), Navanethem Pillay, sobre el tema y uno más formulado por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), así como del análisis de las inspecciones a las minas de carbón en el actual operativo, que ha dejado en evidencia la inviabilidad de los pozos como sistema extractivo.