Exigen indígenas se juzgue en corte civil a militares que las violaron

MÉXICO, D.F. (apro).- Las indígenas guerrerenses Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, quienes fueron abusadas sexualmente por soldados, buscan ser las primeras en hacer válida la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que recientemente determinó limitar el fuero militar en el caso de violaciones a derechos a manos de las Fuerzas Armadas.

En rueda de prensa, las afectadas y sus abogados del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan (CDHM-T) informaron que esta mañana acudieron a la Procuraduría General de Justicia Militar (PGJM), donde entregaron documentos con la petición, y después se trasladaron a las instalaciones de la Procuraduría General de la República (PGR), donde en oficios solicitaron a la procuradora Marisela Morales pida a la jurisdicción castrense los expedientes respectivos.

Visiblemente molestas, las indígenas recordaron que entre febrero y marzo del próximo año se cumplirá una década de haber sido violadas por elementos del Ejército, lapso en que no han dejado de exigir justicia, lo que implicó dejar sus comunidades luego de amenazas de muerte y actos de hostigamiento contra ellas, sus familias y defensores.

“Me queda claro que no quieren hacer justicia, aunque desde otro país (Costa Rica, sede de la Corte Internacional de Derechos Humanos) se dijo que mi caso tiene que llevarse en la vía civil; los papeles los siguen teniendo los guachos (militares), y ya va a ser casi un año de la sentencia y yo no he visto que a los guachos que abusaron de mí estén detenidos”, deploró Inés Fernández, en traducción de Obtilia Eugenio Manuel, presidenta de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM).

Fernández Ortega reclamó al gobierno de Felipe Calderón la falta de cumplimiento de las sentencias de la CoIDH, y recordó que ese compromiso se formalizó a través de la Secretaría de Gobernación (Segob), luego de instalarse las mesas para el acatamiento de los fallos del tribunal regional.

Entre los pendientes, recordó, está la reforma al Código de Justicia Militar, a la Ley de Amparo, así como otros temas, como la apertura de albergues para niñas indígenas, atención médica y psicológica para ella y su familia y becas escolares.

“Hasta ahora no veo una prueba del gobierno de que se va cumplir; cómo es posible que llevamos años exigiendo justicia y no han podido detener a los que abusaron de mí, cuando yo ya dije cómo son. Me queda claro que el gobierno no quiere hacer justicia, que está protegiendo a los guachos que abusaron de mí”, insistió Fernández Ortega.

Por su parte, Valentina Rosendo Cantú dijo que “la verdad ya salió” en las sentencias de la CoIDH, en torno a la responsabilidad de militares en las agresiones sexuales, y que al gobierno mexicano sólo le queda acatar las sentencias.

“Ya fui a otros países para exigir al gobierno que cumpla las sentencias, hemos alzado la voz y nos atrevimos a denunciar a los militares; ha sido muy difícil decir siempre lo mismo, y me duele mucho que el gobierno no tenga voluntad de cumplir las sentencias”, apuntó Rosendo Cantú, quien tenía 17 años cuando fue abusada sexualmente.

Recordó que en su lucha por justicia ha sido amenazada, por lo que vive con miedo y no puede moverse libremente, “mientras los militares que me agredieron están libres, tal vez abusando de otras mujeres”.

Vidulfo Rosales, abogado de Tlachinollan, anunció que de no tener respuesta positiva a las demandas de las indígenas, “el gobierno de Felipe Calderón quedaría en evidencia de que no tiene voluntad para cumplir las sentencias, ya que desde el punto de vista jurídico solicitaremos amparos para que el caso analizado por la Suprema Corte que, de antemano sabemos nos va a dar la razón, pues se trata del cumplimiento de la sentencia de un tribunal regional”.

En respaldo de la petición que hicieron las indígenas y Tlachinollan ante PGR y PGJM, acudieron a la conferencia de prensa Edgar Cortez Morales, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD); Sergio Méndez, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción Derechos Humanos (CMDPDH), y Agnieszka Raczinska, de la Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos Para Todas y Todos” (Red TDT).

Cortez Morales emplazó a los poderes Ejecutivo y Legislativo a seguir los pasos de la Corte, que recientemente declaró que las sentencias de la CoIDH son obligatorias e inatacables, y que las violaciones de derechos humanos cometidas por militares deben ser investigadas en el fuero civil.

Recordó que al Congreso compete corregir la iniciativa de reforma al fuero militar enviada por el presidente Calderón y que la CoIDH ya declaró insuficiente.

En tanto a los jueces militares corresponde enviar a los juzgados civiles todos los casos que tienen que ver con abusos castrenses, entre ellos los de las indígenas guerrerenses.

“Es ahora cuando vamos a ver si la política de derechos humanos es real y efectiva o es sólo un discurso políticamente correcto”, expuso el activista.

Sergio Méndez calificó de “espuria” la jurisdicción militar cuando aborda los casos de agravios a derechos humanos, y consideró que el gobierno de Calderón está en “franco desacato a un fallo internacional desde noviembre de 2009, cuando la CoIDH declaró por el caso Rosendo Radilla que el fuero militar no era el competente para atender violaciones a derechos humanos.

“Después de la reciente reforma constitucional en materia de derechos humanos, el 10 de junio pasado, y luego de la resolución de la Corte el 12 de julio, el gobierno de Calderón y el Congreso vuelven a caer en desacato, lo mismo que las Fuerzas Armadas que insisten en atender asuntos que no son de su competencia”, puntualizó.

Agnieszka Raczinska hizo un reconocimiento “al valor de Inés, Valentia y Obtilia, que se han arriesgado a denunciar a militares, no sólo para exigir justicia en sus casos, sino que le han apostado a abrir el camino a otras víctimas de violaciones a derechos humanos, en un contexto tan difícil en el que las Fuerzas Armadas tienen tanto poder”.

Y resaltó que las 72 organizaciones que integran la Red TDT “han manifestado su preocupación por la falta de cumplimiento de las sentencias de la CoIDH, lo que interpretamos como una mala señal para el trabajo de defensa que realizamos”.

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