Exige la CIDH esclarecer homicidio de la periodista de “Notiver”

MÉXICO, D.F. (apro).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exigió al gobierno de Felipe Calderón esclarecer el asesinato de Yolanda Ordaz, reportera del periódico Notiver, así como crear un mecanismo de protección para periodistas.

En un comunicado emitido por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, encabezada por Carolina Botero, la CIDH condenó el crimen de la periodista veracruzana, cuyo cuerpo apareció el 26 de julio pasado tras haber permanecido desaparecida dos días.

El organismo internacional resaltó que la última vez que se le vio, Ordaz comunicó a sus familiares que “iba a cubrir una información”. No se supo de ella hasta que su cuerpo fue encontrado decapitado detrás de las oficinas del periódico Imagen del Golfo y cerca de la  radioemisora MVS.

Como antecedentes, la CIDH recordó que en el Informe Anual de la Relatoría Especial de 2007 se documentó que el 3 de mayo de ese año una cabeza humana fue arrojada a las puertas de Notiver, con una nota que decía: “este es un regalo para los periodistas, van a rodar más cabezas y Milo Vela lo sabe muy bien”.

Miguel Ángel López Velasco, subdirector del periódico veracruzano que firmaba sus columnas bajo el pseudónimo de Milo Vela, fue ejecutado junto con su familia el 20 de junio pasado por un comando que irrumpió en su casa.

La Relatoría Especial resaltó que el de Ordaz “es el segundo crimen cometido contra periodistas de Notiver en un mes y el quinto contra comunicadores en 2011, que podrían estar relacionados con el ejercicio de la profesión”.

La CIDH pidió agotar “con rigor y diligencia” la hipótesis del trabajo periodístico como móvil del crimen de la comunicadora, aun cuando las autoridades de Veracruz hayan considerado otras causas.

Los otros casos de agresiones a periodistas documentados por la CIDH son la desaparición y asesinato de Noel Olguín, el 8 de marzo, también en Veracruz; los homicidios de Luis Ruiz Carrillo y José Luis Cerda Meléndez, el 25 de marzo en Monterrey, Nuevo León; y la desaparición de Marco Antonio López Ortiz, el 7 de junio en Acapulco, Guerrero.

El organismo también contabiliza en su relación de agravios a la libertad de expresión, los asesinatos de la repartidora de El Diario de Juárez, Maribel Hernández, el 31 de enero; y del ingeniero técnico de Grupo Multimedios de Torreón, Coahuila, Rodolfo Ochoa Moreno.

Tras condenar los hechos y manifestar su preocupación por la violencia reportada, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión puntualizó la urgencia de “identificar a todos los responsables de los crímenes, juzgarlos, sancionarlos y adoptar medidas de reparación justas para los familiares de las víctimas”, a fin de evitar la repetición de hechos.

La CIDH urgió “a las autoridades para que fortalezcan la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, trasladen a la justicia federal las investigaciones de los crímenes contra comunicadores en aquellos casos que se requiera e implementen adecuadamente los mecanismos de seguridad necesarios para proteger efectivamente la vida e integridad de las y los periodistas amenazados”.

En su comunicado la Relatoría de la CIDH recordó que en el artículo 9 de la Declaración sobre Libertad de Expresión, se señala:  “El asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de la persona y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.

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