COATZACOALCOS, Ver. (apro).- Organizaciones nacionales e internacionales anunciaron que este sábado solicitarán al relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para los Trabajadores Migratorios y sus Familiares, Felipe González Morales, que se dicten medidas cautelares a favor de familiares de las víctimas halladas en fosas clandestinas de Tamaulipas y Durango. Organismos de México, El Salvador, Honduras y Ecuador externaron su preocupación por que las familias relacionadas con los hallazgos en San Fernando, Tamaulipas, no han recibido la atención adecuada por parte de las autoridades. En un documento entregado a la CIDH, no sólo denunciaron la falta de protección estatal, sino su temor de que los cuerpos no se identifiquen conforme a los estándares científicamente reconocidos, que los restos humanos sean entregados a familias equivocadas, o bien, que se pierdan o destruyan evidencias básicas para la investigación, lo que imposibilitaría la sanción de los hechos y la reparación del daño. Por ello, la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho y la Casa del Migrante de Saltillo, entre otras organizaciones, solicitarán las medidas cautelares para evitar un daño irreparable que se ocasionaría en términos de vida, integridad y acceso a la justicia de los familiares de las víctimas y testigos relacionadas con los hechos ocurridos en Tamaulipas. Las organizaciones detallaron que la solicitud de medidas cautelares tiene el propósito de que los cuatro países atiendan adecuadamente a las víctimas, y que se proporcione orientación jurídica, atención médica, psicológica y económica. Además, que garanticen la vida, integridad, privacidad e intimidad de víctimas y testigos, y que México establezca un mecanismo nacional y de coordinación regional con los países de Centroamérica para buscar a todas las familias que pudieran tener un caso de desaparición relacionado con estos hechos, y se concentre en un solo lugar toda la información a ser comparada con la de los restos. Asimismo, pidieron que durante la investigación de los hechos se apliquen protocolos para la investigación ministerial y pericial, de acuerdo con las buenas prácticas internacionalmente reconocidas, sobre todo por cuanto hace a la preservación de la evidencia, la búsqueda de personas y la determinación de la identidad de los restos. El Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos de El Salvador, el Foro Nacional para las Migraciones de Honduras y la Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala también demandaron que se conforme un grupo de expertos con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas, para coadyuvar con al gobierno mexicano en las investigaciones, de manera que se realicen conforme a la debida diligencia y se logre la sanción de los hechos, la reparación del daño y se evite la repetición de los mismos. Finalmente, pidieron que los restos sean identificados y entregados con certeza a las familias para que les den sepultura conforme a sus tradiciones y creencias, y que México mantenga plenamente informado a El Salvador, Honduras, Guatemala y Ecuador sobre las diligencias realizadas en las investigaciones.