MÉXICO, D.F. (apro).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al Estado mexicano brindar de manera urgente protección a los familiares del campesino ecologista Javier Torres Cruz, asesinado el pasado 18 de abril en el poblado La Morena, municipio de Petatlan, región Costa Grande de Guerrero. El Centro por la Justicia y el Derechos Internacional (Cejil) dio a conocer que la decisión de la CIDH les fue comunicada el pasado 29 de julio a las organizaciones solicitantes de las medidas cautelares: Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), Comisión de Defensa de Derechos Humanos del estado de Guerrero (Coddehum) y el propio organismo. A través de un comunicado de prensa firmado por Viviana Krsticevic, directora ejecutiva del Cejil, la organización indicó que la necesidad de proteger a la familia de Torres Cruz, miembro de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán (OCESP), quedó en evidencia luego de que el pasado 21 de julio sujetos armados, vestidos unos como marinos y otros de civil, irrumpieran en la comunidad de La Morena, en la que ellos habitan, y se enfrentaran a  policías estatales. El hostigamiento contra Javier Torres -que culminó con su asesinato en abril pasado- y contra su familia comenzó a partir del 2007 cuando dijeron a la policía que tenían indicios sobre el presunto asesino intelectual de la abogada Digna Ochoa, asesora de la OCESP.