Ante los migrantes agredidos, “pasividad” del gobierno

La “pasividad” del gobierno de Felipe Calderón ante la violencia contra los migrantes en su camino a la frontera norte, aplicada por la delincuencia organizada, podría derivar en responsabilidades internacionales para México, dice a Proceso Felipe González Morales, relator de los derechos de los migrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Al término de su visita a México y en entrevista con este semanario, el chileno González Morales señala que así como el país fue condenado en diciembre de 2009 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por hechos violentos no atribuibles a agentes del Estado –es el caso de los feminicidios en Ciudad Juárez–, las omisiones en las matanzas de migrantes también son motivo de condena.

Tras urgir al Estado mexicano a tomar medidas para proteger la vida y seguridad de los migrantes, el relator de la CIDH recuerda que “independientemente de que haya o no funcionarios del Estado envueltos en atentados específicos contra los migrantes, cuando un Estado es pasivo y no previene adecuadamente, también incurre en responsabilidad internacional por esa pasividad”.

Esto se resalta en el informe preliminar difundido al término de la visita: “De la falta de prevención de esos graves crímenes puede derivarse responsabilidad internacional del Estado, especialmente en aquellas situaciones en donde (éste) tiene conocimiento de que existe un riesgo real e inmediato de que los migrantes sean asesinados, agredidos sexualmente o sometidos a vejámenes”.

Para el relator el hallazgo de las fosas de San Fernando, Tamaulipas, con decenas de cadáveres de mexicanos y extranjeros se ha convertido en una situación “emblemática” de la violencia contra quienes recorren México con la finalidad de cruzar la frontera norte.

El relator especial y el secretario técnico de la CIDH, Santiago Cantón, estuvieron en México en misión de trabajo del 25 de julio al 2 de agosto. Visitaron el Distrito Federal, Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Tamaulipas.

Felipe González se entrevistó con funcionarios federales y estatales, visitó las estaciones migratorias de Iztapalapa y Tapachula, se reunió con organizaciones civiles encargadas de la atención a migrantes, acudió a albergues de organizaciones civiles, fue a estaciones de autobuses donde fueron secuestradas algunas víctimas, recogió testimonios de migrantes y familiares de centroamericanos y mexicanos desaparecidos y escuchó a los integrantes de la Caravana Paso a Paso hacia la Paz.

Está previsto que el informe del relator se dé a conocer en los primeros meses del año próximo.

González Morales dice estar conmovido por los relatos que escuchó durante su recorrido y tener “un gran reto por delante” para dar respuesta a las demandas de las víctimas y sus familiares. Recalcó que “la CIDH carece de una policía para hacer efectivas sus decisiones o recomendaciones, lo que hace es informar a la comunidad internacional y a la Asamblea General de la OEA lo que observa de un Estado”.

 

Testimonios de víctimas y deudos

 

En el documento Observaciones preliminares de la Relatoría sobre los Derechos de los Migrantes de la CIDH a México, entregado a la Cancillería mexicana el martes 2, se considera como “principal preocupación” del organismo “la grave situación de inseguridad de los migrantes”.

Se apunta que por la información recibida de víctimas y de sus familiares, así como de organismos de derechos humanos, se constató que los migrantes son víctimas de “desapariciones forzadas, asesinatos, explotación sexual, secuestros y discriminación”.

Para la Relatoría, “de especial preocupación fueron los testimonios de personas que dijeron haber sido detenidas por funcionarios del Instituto Nacional de Migración y/o por policías que los habían entregado a bandas criminales”, por lo que recomienda al gobierno calderonista “investigar la posible vinculación de agentes estatales en violaciones a los derechos humanos”.

Mujeres secuestradas obligadas a golpear a otras; sobrevivientes que estuvieron cautivos en casas de seguridad con 200 o 400 migrantes; familias arruinadas por las extorsiones; personas violadas sexualmente en forma tumultuaria mientras estuvieron secuestradas, y padres, madres, hermanos y hermanas que buscan desesperadamente a familiares extraviados en el trayecto hacia la frontera norte de México, son algunos de los testimonios incluidos en el informe preliminar entregado al gobierno de Calderón.

El comisionado de la CIDH describe a Proceso una de las escenas más estremecedoras de su visita a México: “Me impactaron las personas que estaban con carteles de personas desaparecidas, en Tierra Blanca, Veracruz; me impresionó mucho una madre que tenía el cartel, lloraba sobre el cartel y lo mojó entero mientras daba su testimonio… la foto del hijo se borró por las lágrimas. Era una migrante de Guatemala”.

De los familiares de los migrantes desa­parecidos señala: “No los vi esperanzados, más bien tenían temor de denunciar, pero estaban dispuestos a todo para seguir buscando; no es que pensaran que iban a encontrar en forma inminente, sino que buscaban que uno le planteara eso al Estado”.

Cauto en sus respuestas, González Morales evita considerar que las agresiones contra migrantes forman parte de un contexto generalizado de violencia y de violaciones a los derechos humanos.

“No se deben tomar estas conclusiones preliminares como el panorama general de los derechos humanos en México, y no lo podría hacer yo solo, eso le compete a todos los comisionados”, justifica.

–Todas estas agresiones hacia los migrantes ocurren en rutas donde hay múltiples retenes militares y policiacos. ¿Cómo explica eso? –se le pregunta.

–En el fondo (los migrantes) no son un colectivo prioritario para los Estados… me refiero a México. No es su colectivo, no son ciudadanos, no van a votar. Lo que ha pasado es que la situación ha escalado a tal grado que ahora sí el Estado está tomando medidas y esperamos que las profundice.

En el caso específico de las fosas clandestinas, González Morales explica que, por su gravedad, la CIDH no sólo envió un comunicado de prensa condenando la situación, sino que mandó al gobierno de Calderón “una comunicación privada haciéndole una serie de planteamientos y preguntas muy específicas que el Estado respondió, y de ahí en adelante hemos continuado con el seguimiento”.

Agrega que “es muy importante y central que la investigación de las fosas sea conducida de manera diligente y se identifique a las personas que fueron halladas muertas; eso va a mandar un mensaje a la comunidad internacional, no sólo a la CIDH, respecto de la seriedad con que México está asumiendo estas investigaciones y el esclarecimiento de la verdad”.

González Morales identifica como primer obstáculo para la conclusión de las investigaciones las dificultades que tienen los familiares de desaparecidos y las víctimas de delitos para denunciar:

“Tienen temor no sólo porque al cruzar la frontera puedan ser secuestrados, sino porque puedan ser detenidos por autoridades mexicanas debido a una política migratoria ambigua en cierto sentido, porque se nos dice que no se detiene a tales o cuales, pero se está deteniendo a gente y existe esa posibilidad legalmente.”

Por la forma en que se trata a los migrantes indocumentados, “algunas de las conclusiones que sacamos en el caso de Estados Unidos, donde se cometen una serie de violaciones importantes a los derechos de los migrantes, también se aplican en el caso mexicano.

“Por ejemplo, que no puede ser la detención una razón practicada masivamente como si fuera algo normal, como si se tratara de delincuentes; a pesar de que por reformas de 2008 y 2010 la ley penal en México está solucionado el problema, en la práctica se les sigue deteniendo como personas que están en situación irregular y se les detiene como si hubieran cometido un delito. Ese es un tema de acceso a la justicia.”

Entre las 13 recomendaciones que el relator hizo a México está la de regularizar el tránsito de los migrantes y darles garantías de seguridad durante su viaje hacia la frontera norte, además de que facilitaría que los migrantes denuncien ante autoridades las violaciones de las que son víctimas.

En el informe preliminar dado a conocer el martes 2 se asienta que la Procuraduría General de la República informó a la CIDH que por los hallazgos de las fosas hay 82 detenidos –81 de ellos están procesados–, se han emitido dos órdenes de aprehensión contra otras dos y se identificaron 23 cuerpos, que fueron entregados a sus familiares.

Además, la Procuraduría reconoció deficiencias en el manejo de los cuerpos de las primeras fosas de Tamaulipas, por lo que adoptó “un acuerdo en 2010 que establece la cadena de custodia y se crearon álbumes de identificación”.

Sin embargo, según el documento, los testimonios de familiares que buscan a desa­parecidos desconocen la existencia de esas relaciones para identificación, y la relatoría constató que no hay “un protocolo oficial de carácter nacional que pueda garantizar un manejo uniforme a nivel nacional de las fosas y los cadáveres encontrados”.

En la entrevista Felipe González advierte que no deben quedar en “en el papel” los pasos que ha dado México en materia de derechos humanos en el plano legislativo.

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