Entretelones de una purga

La manera en que fueron echados a la calle 21 delegados regionales de la Procuraduría General de la República el 29 de julio no sólo es desaseada sino que deja mal parada a la titular de la dependencia, Marisela Morales Ibáñez. De acuerdo con varios de los funcionarios sacrificados, lejos de impulsar una nueva política laboral y depurar al personal de la PGR, la procuradora optó por cortar cabezas sin miramientos para allanarle el camino a sus incondicionales y a militares identificados con el exprocurador Rafael Macedo de la Concha.

 

La renuncia forzada de una veintena de delegados regionales de la Procuraduría General de la República (PGR) el viernes 29 de julio estuvo precedida por una serie de hechos poco transparentes y hasta contradictorios.

En el fondo, las remociones empañaron aún más el cacareado proceso de depuración emprendido por Marisela Morales Ibáñez desde su llegada a esa institución –el 7 de abril pasado–. Hasta ahora, suman 500 los servidores públicos afectados, un tercio de los cuales son objeto de procesos administrativos y penales.

Fuentes consultadas dentro y fuera de la procuraduría sostienen que Morales Ibáñez no ha podido dar un golpe en los asuntos de carácter penal más relevantes que han pasado por sus manos; incluso aseguran que ella fraguó la salida de los delegados desde hace por lo menos un par de meses. Su propósito, dicen, es colocar a incondicionales suyos y de la milicia en los puestos clave de la dependencia.

Con el respaldo presidencial y castrense, dicen, Morales sostuvo “más de una ronda de conversaciones” con los gobernadores para exponerles su  esquema de “saneamiento” de la PGR, aunque en realidad sólo buscaba su respaldo político para evitar posibles confrontaciones.

Y aun cuando al menos un mandatario del norte del país le sugirió comenzar la purga en la Agencia Federal de Investigación (AFI) y en los ministerios públicos por sus probables vínculos con la delincuencia organizada, Morales respondió que primero cambiaría a la mayoría de los delegados regionales y seguiría con el resto de la estructura orgánica de la dependencia, cuya plantilla es de 20 mil 600 trabajadores, entre personal  administrativo y operativo.

“La limpia va a ser generalizada porque se encuentra infectada por grupos del crimen organizado”, prometió la procuradora.

Una vez pavimentado el terreno en la parte política, Morales Ibáñez echó a andar la maquinaria administrativa para disfrazar el cese fulminante de delegados, algunos de los cuales laboraban en la dependencia desde hacía más de 20 años, como Aurora de la Mora Alvarado, del estado de Morelos, o Jordán de Jesús Alegría, de Chiapas.

El siguiente paso fue someter a los delegados al examen obligatorio de control de confianza, que incluye cuatro pruebas: toxicológicas, psicológicas, de polígrafo (detector de mentiras) y entorno social, pese a que varios lo habían aprobado hacía menos de tres meses y de que la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública establece que ese trámite debe efectuarse cada tres años.

Uno de los despedidos asegura que en esta ocasión la prueba del polígrafo fue distinta; en lugar de que los funcionarios respondieran  verbalmente las preguntas, les pidieron guardar silencio.

“No me explico cómo pueden valorarnos así, a través de la mente. Pienso que lo que querían era obligarnos a renunciar. ¡Qué casualidad que hace tres meses fuimos aptos y ahora no! Todo fue una farsa”, dice el entrevistado.

Otro exdelegado, quien por razones de seguridad pide omitir su nombre, sostiene que los resultados del examen de control de confianza fueron manipulados. El propósito: abrir espacios a gente de la procuradora y a un grupo de generales con los que mantiene una relación estrecha, entre ellos el extitular de la PGR Rafael Macedo de la Concha.

Reprocha: “Podían habernos avisado (de nuestras remociones) por teléfono con el pretexto de la pérdida de confianza. Ni siquiera tenían que citarnos, pero nos tuvieron ahí, encerrados. Incluso amenazaron con boletinarnos en el Sistema Nacional de Seguridad para impedir  que volviéramos a laborar en alguna dependencia del ramo. Los últimos de plano ni preguntaron; nada más firmaron la renuncia y ya”.

 

Un despido anunciado

 

Oficialmente, en la PGR se asegura que no se forzó ni amenazó a los delegados, pues se siguió el protocolo que marca la ley y los delegados simplemente reprobaron el examen de control de confianza. De ahí que, según los funcionarios consultados, quienes pidieron que sus nombres no se mencionaran, el despido masivo se haya concretado finalmente la semana pasada.

En ausencia de Marisela Morales, quien se encontraba de gira en España, el 28 de julio, la encargada de la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo de la PGR, Rosa Elena Torres Dávila –militar en retiro que laboró de 1992 a 2001 en la Procuraduría de Justicia Militar, con Macedo de la Concha–, tuvo una jornada muy agitada, sobre todo ya entrada la noche.

Desde las 23:00 comenzó a citar por teléfono a cada uno de los delegados estatales en funciones –tres delegaciones se encuentran acéfalas desde hace tres meses porque sus titulares se encuentran bajo investigación– para el día siguiente en sus oficinas de Paseo de la Reforma 211.

Torres Dávila, encargada también de una Unidad Especial en la que se desahogan los asuntos más relevantes y en la que participa personal del Ejército y de la Armada de México, no les explicó el motivo.

Algunos delegados pensaron que, por el carácter urgente de la convocatoria, los iban a transferir de plaza. “Pensamos que la reunión era para anunciarnos del cambio de adscripción, lo que, a los ojos de la opinión pública, podría verse como una medida sana”, refiere uno de los despedidos.

No fue así.

Muchos de los delegados, en particular los que se encontraban comisionados en plazas del norte y sur del país, tuvieron problemas para conseguir vuelos a Ciudad de México para acudir a la cita en el piso 10 de la sede de la PGR. Cumplido el trámite, Torres Dávila regresó a la Coordinación de Delegaciones el jueves 4, luego del nombramiento de Cuitláhuac Salinas Martínez como subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo de la PGR.

Salinas Martínez fue coordinador de asesores de Morales Ibáñez; también lo fue en 2005, cuando el general Macedo de la Concha estuvo al frente de la PGR. En esa época incluso fue uno de los ministerios públicos encargados de armar el expediente de desafuero contra el entonces jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, por el caso del predio El Encino.

Más: En 1999, cuando fungía como titular de la agencia 50 del Ministerio Público, el nombre de Salinas Martínez apareció en dos recomendaciones –números 1/98 y 3/99 –de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. En el primer caso por “dilación y desgano, provenientes de la inercia o de la mala fe”, mientras que en el segundo se le señalaba de encubrir a agentes de la procuraduría capitalina que detuvieron de manera ilegal a una persona a la que sometieron a tortura.

 

Encuentro ríspido

 

Pasadas las siete de la noche del 29 de julio, los delegados fueron concentrados en la sala de juntas de la entonces encargada de la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, considerada la columna vertebral de la PGR, pues cuenta con la plantilla laboral más grande y concentra el grueso de los asuntos institucionales.

En la sala había tres personas más, dos mujeres y un hombre, a los que los delegados regionales no conocían. Cuando todos estaban en sus lugares, Torres Dávila entró por un privado y sin preámbulos comenzó a hablar sobre la reestructuración interna en la dependencia.

Les comentó sobre la intención de la procuradora de entregar buenas cuentas. Y, con base en esa premisa, les dijo que desde ese momento tenían que firmar todas las consignaciones hechas por los agentes del Ministerio Público federal adscritos a sus delegaciones.

Les pidió ampliar sus horarios de trabajo, de ser necesario las 24 horas del día, y les anticipó que habría más “movimientos”. Antes de retirarse, Torres Dávila comunicó a sus subordinados que en los próximos minutos llamaría a cada uno por separado para saber si estaban de acuerdo con sus planteamientos.

La mayoría de los delegados se manifestó en contra de las medidas, comentan los entrevistados. Uno de ellos relata que firmar las consignaciones implica deslindar de sus responsabilidades a los agentes del Ministerio Público que, por ley, son los responsables de integrar y consignar las averiguaciones previas.

Además, dice que se les pedía acudir a la reunión quincenal del Grupo de Coordinación Operativa, en la que participan funcionarios de los gobiernos federal y estatal, así como personal de las secretarías de la Defensa Nacional y de la Armada de México y representantes del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), organismo que ocupa la Secretaría Técnica y toma el pulso del Estado.

“Eso es una locura. En un día normal se generan de 20 a 30 asuntos, por lo que hacer esa tarea entraña estar todo el día en la oficina, lo que resulta imposible, pues hay que salir a diversos puntos, estar pendiente de los traslados de detenidos a los Ceferesos y atender a enviados de agencias de seguridad nacionales e internacionales, entre otras actividades.”

Con respecto a la extensión de horarios de trabajo, los delegados regionales despedidos aseguran que ese punto es “totalmente irracional y contrario a los derechos humanos”.

Uno de ellos indica que la política laboral impuesta por Morales Ibáñez  ya generó inconformidad en distintas áreas de la PGR; algunos trabajadores incluso interpusieron quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Antes de que llegara la orden de subir a las oficinas de Torres Dávila, la mayoría de los 21 delegados acordaron renunciar en bloque por estar en desacuerdo con la nueva política laboral. “Es increíble cómo le pagan a la gente que ha arriesgado su vida y ha hecho todo por la PGR”, lamenta uno de los delegados, que llevaba 15 años de servicio.

Y ahí mismo, en la sala de juntas, redactaron su carta de renuncia que entregarían más tarde, luego de la reunión con Torres Dávila y el oficial mayor Enrique Suiré Vázquez, quien hasta hace poco fungía como visitador general de la PGR, que se realizó en el piso 15 de Reforma 211.

En esos encuentros personalizados, relatan, Suiré Vázquez les dijo que, en virtud de que conocían las nuevas condiciones laborales, tenían cinco minutos para decir si continuaban en el cargo o no. También les expuso que su sueldo, libre de impuestos, sería de 111 mil 936 pesos mensuales, más un bono de riesgo de 25 mil.

 

Indignación

 

Encrespados por el trato recibido, los delegados de Aguascalientes (Miguel Nava Alvarado) , Chiapas (Jordán de Jesús Alegría), Coahuila (José Rolando Gómez), Distrito Federal (Edmundo Porfirio Garrido), Durango (Zacarías Francisco Cabrera), Estado de México (Pedro Guevara Pérez), Guanajuato (Martín Levario Reyes), Hidalgo (David Magaña), Jalisco (María Teresa García Chávez), Michoacán (Édgar Pineda Ramírez), Morelos (Aurora de la Mora Alvarado), Oaxaca (Enrique Correa Ultreras), Quintana Roo (Jorge Aranda Navarro), San Luis Potosí (Cuauhtémoc Villarreal), Sinaloa (Mauricio Saad Viveros), Sonora (Gerardo Pérez Fuentes), Tamaulipas (José Francisco Rivera), Tlaxcala (Ramón Eusebio Guillén), Veracruz (Luis A. Ibáñez) y Zacatecas (Laura G. Ocón Bailón) entregaron su renuncia.

La delegada de Querétaro, Patricia Valdés Argüelles, también renunció, aunque por otro motivo. Ella dice que, tras ser notificada de que sería trasladada a Michoacán, Sinaloa o Chihuahua, lo que no convenía a sus intereses pues está estudiando una maestría, decidió dejar el cargo.

De los renunciantes, cuatro procedían de la Secretaría de la Función Pública: David Magaña, Enrique Correa Ultreras, Jorge Aranda Navarro y José Francisco Rivera.

El último en comparecer ante Suiré Vázquez abandonó la sede de la PGR pasada la una de la madrugada del 30 de julio. Entre los delegados que se salvaron de la guillotina están los de Baja California Sur, Guerrero, Tabasco, Yucatán y Nuevo León. Los cinco tienen un punto en común: su cercanía  con Morales Ibáñez, con el exprocurador  Macedo de la Concha y con Torres Dávila.

La PGR confirmó la destitución masiva el lunes 1, a través de Torres Dávila, quien se limitó a decir que la salida de los 21 delegados se inscribía en el proceso de reestructuración, “con la convicción de que un mejor acceso a la justicia sólo es posible mediante servidores públicos y procesos a la altura de los retos que enfrentamos los mexicanos en esta materia”.

Horas después del anuncio, la PGR difundió un segundo comunicado, con declaraciones de Morales Ibáñez, quien sólo generó suspicacias: “La depuración es fundamental dentro de la PGR para dar a la ciudadanía los resultados que, legítimamente, exige. El México de hoy requiere que quienes nos desempeñamos en cargos públicos lo hagamos con entrega total y responsabilidad al servicio”, dijo la procuradora.

El jueves 4 la PGR dio otra versión sobre lo sucedido entre la noche del 29 de julio y la madrugada del día siguiente. Según la dependencia, “10 de los 21 delegados que salieron de la institución están sujetos a procedimientos de responsabilidad administrativa “como consecuencia de las revisiones de los órganos de fiscalización de la procuraduría, ya sea del Órgano Interno de Control o la Visitaduría General”.

También anunció que en los próximos días se darán a conocer los nombres de los nuevos delegados.

Según las fuentes consultadas, en la lista proliferan personajes reciclados, algunos de ellos identificados con Morales Ibáñez y con Macedo de la Concha. (Con información de Patricia Dávila y Verónica Espinosa.)

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