TLC México-Perú: Los tropezones

México y Perú acaban de estrenar un Tratado de Libre Comercio y ya empezaron a aparecerle escollos. Dos casos ejemplifican esto: por un lado la minera Southern Copper Corporation (del Grupo México) se aferra a explotar un filón de cobre en una zona cuyos habitantes se han opuesto al proyecto minero por considerarlo contaminante; por otro lado, peligra un contrato de suministro de gas a la CFE (con Repsol como intermediaria) para el que se tendría que sacrificar el energético de consumo interno, algo a lo que el gobierno peruano no está dispuesto. En ambos casos ha sido decisiva la llegada a la presidencia de un nacionalista: Ollanta Humala.

 

 

LIMA.- A principios de este año, los habitantes de la sureña provincia peruana de Islay protagonizaron uno de los más violentos conflictos socioambientales generado por la Southern Copper Corporation (SCC).

El saliente gobierno de Alan García le autorizó a la minera la explotación del yacimiento de Tía María, donde invirtió 432.5 millones de dólares de un total previsto de mil millones. Los habitantes de Islay se opusieron al proyecto porque contaminaría el agua, de la que depende su economía agrícola y ganadera.

Tras 17 días de una huelga que paralizó las carreteras del sur peruano, la fuerza pública reprimió a los manifestantes con saldo de tres muertos y decenas de heridos graves. El 8 de abril, Alan García decidió retirar la autorización a SCC con el argumento de que su plan de impacto ambiental no cumplía los requisitos de ley.

Dos días antes, García había presidido en el Palacio de Gobierno la audiencia de suscripción del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Perú y México. El propietario de 80% de las acciones de SCC es Grupo México, uno de los más importantes inversionistas en Perú.

A pesar del duro revés que le significó el conflicto de Islay, el pasado 29 de julio, un día después de que Ollanta Humala asumiera la presidencia, al rendir el informe de sus actividades hasta el segundo semestre de 2011, SCC comunicó que invertirá 2 mil 600 millones de dólares en Perú para aumentar su producción de cobre de 355 mil a 647 mil toneladas anuales. Para alcanzar esa cifra debe incluir la producción de Islay.

 

Zona conflictiva

 

La SCC opera en las localidades de Toquepala, Ilo y Cuajone en las regiones sureñas de Tacna y Moquegua. La empresa minera pretende ampliar su influencia a Islay, situada en otra región: Arequipa. Según la Defensoría del Pueblo –organismo autónomo que monitorea la violencia social– en esas tres regiones radica el mayor número de conflictos socioambientales de Perú.

Durante su campaña presidencial, Humala fustigó con dureza a Alan García por provocar el conflicto en Islay y tomar partido por SCC, desconociendo el derecho de la población a la consulta previa.

El pasado 28 de julio, en su primer discurso como jefe de Estado, Humala abordó como uno de los desafíos fundamentales de su gobierno la resolución de los conflictos sociales derivados de la producción minera. Señaló con claridad que será básica la consulta a las comunidades:

“El incremento desmedido de los conflictos, muchos de ellos absurdamente violentos, nos demuestra día a día que es urgente reparar las injusticias, corregir el rumbo y restablecer el diálogo en nuestra sociedad”, expresó. “Se alentará la actividad privada sobre los recursos naturales, pero éstos serán explotados en condiciones de respeto a las poblaciones, a los trabajadores y al medio ambiente”, dijo.

“El conflicto entre la población de Islay con la compañía de capitales mexicanos Southern Copper Corporation por el proyecto Tía María es un ejemplo de lo que no deben hacer las empresas mineras. La Southern, en lugar de conseguir la licencia social de los pobladores, forzó su ingreso a sangre y fuego, combatió a los dirigentes populares y reclamó la represión del Estado, que consiguió con los lamentables resultados que se conocen”, afirma a Proceso el especialista Epifanio Baca de la organización no gubernamental Propuesta Ciudadana.

“Humala proclamó que no se repetirán las acciones de violencia social motivadas por disputas medioambientales, lo que implica el desafío de aplicar una Ley de Consulta Previa, como señala el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

“No será fácil porque el sector minero en el Perú, por los miles de millones de dólares que maneja, es muy influyente desde el punto de vista político. Y a ese sector pertenece la Southern. Si Humala quiere diferenciarse radicalmente de García –quien ejecutó la nefasta política del ‘perro del hortelano’– y es verdadero su propósito de reducir los conflictos socioambientales, deberá convencer a las empresas mineras sobre la obligatoriedad de obtener la licencia social de las poblaciones”, apuntó Baca.

En su informe financiero, SCC –primer productor de cobre de Perú y uno de los 10 principales del mundo– defiende su derecho a continuar el proyecto de Tía María y llama mentirosos a los activistas medioambientales:

“Southern Copper ha afirmado repetidamente que el agua que se utilizará en el proyecto será transportada desde el océano a través de una tubería de 30 kilómetros, después de su desalinización; por tanto, no hará uso de agua fresca, lo que hace evidente que el argumento de que el proyecto afectará la disponibilidad de agua fresca para uso agrícola es falso y que no hay una razón verdadera para oponerse.

“Respecto al argumento de los activistas (de) que el proyecto producirá contaminación, la compañía también ha presentado pruebas en repetidas ocasiones de que el proyecto cumple con las normas ambientales internacionales más estrictas y onerosas y no contamina de ninguna manera el aire, suelo, agua o agua subterránea.”

Será un problema complicado para Humala equilibrar los ímpetus de la mexicana Southern y la negativa de la población de Islay a la presencia de la minera en su territorio.

El Lote 88

 

En Perú hay otro conflicto en el que interviene capital mexicano. El 5 de abril de 2007, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la empresa española Repsol suscribieron un contrato para el suministro de gas natural licuado a México durante 10 años por un volumen de 67 mil millones de metros cúbicos –dos veces lo que consume cada año España– por un valor estimado en 15 mil millones de dólares.

El gas proviene del yacimiento de Camisea, en la zona amazónica del Cusco y será entregado en Manzanillo, Colima. El 10 de junio, el Consorcio Perú LNG, que encabeza la estadunidense Hunt Oil y en la que Repsol tiene 20% de acciones, inauguró –a un costo de 3 mil 800 millones de dólares– en la costa sur de Perú una planta de licuefacción de gas para su exportación.

El consorcio estimaba recurrir a la producción del Lote 88 de Camisea (una reserva para consumo interno) a fin de cumplir el contrato con la CFE, pero la ley peruana indica que se le debe dar prioridad al mercado interno, lo que ha generado un desencuentro entre Perú LNG y el Estado.

En su primer discurso, Humala recordó que la ley se debe cumplir y que el gas es de los peruanos. “El gas del Lote 88 de Camisea será orientado prioritariamente hacia el consumo interno”, expresó el jefe de Estado, quien dijo que de dicho lote depende el desarrollo de la economía nacional:

“Con la garantía de cumplir con la legislación vigente que establece la obligatoriedad del abastecimiento del mercado interno, implementaremos acciones para que se reduzca significativamente el precio del balón de gas LP, lo que repercutirá favorablemente en la economía de la mayoría de la población peruana, sin introducir distorsiones en el mercado ni fomentar el contrabando.”

Por si fuera poco, los principales críticos a la exportación de gas de Repsol a la CFE, Carlos Herrera Descalzi y Aurelio Ochoa, han sido nombrados por Humala ministro de Energía y Minas el primero y presidente de Perupetro, el organismo encargado de supervisar y fiscalizar el cumplimiento de los contratos, el segundo.

El 23 de julio, cuando se hizo público su nombramiento, Herrera afirmó: “El mercado interno tiene preferencia. No hay negociación de contrato, hay ley. Y la ley dice que el mercado interno tiene preferencia. Es algo que se resolverá antes que el gobierno cumpla cien días”.

El 30 de julio, Ochoa no dejó dudas de que sobre este punto no hay discusión con Repsol:

“Existen dos leyes que ordenan la recuperación del mercado interno. El hecho de que se priorice el mercado interno no significa que no se van a respetar los contratos, pues éstos deben adecuarse a las leyes vigentes. Los contratos se basan y amparan en las leyes. Pero hay que dejar en claro que en ningún país las leyes se negocian o renegocian, sino que se cumplen y se hacen cumplir”. Con semejante posición, Repsol podría tener dificultades para abastecer a la CFE.

“Más rentable es vender en Perú que en México, ya que el mercado azteca, golpeado por la crisis internacional, ha reducido el precio del gas hasta tres dólares por mil pies cúbicos. Con ese precio no podría recuperar la inversión que destinó a la planta de licuefacción”, expresó a Proceso el experto en temas energéticos Jorge Manco Zaconetti.

Agregó: “En cambio en el mercado peruano se paga más. Por eso cuando se ha planteado la renegociación del contrato entre el Estado y las gasíferas sobre la exportación, las compañías se han dividido. Repsol no quiere la renegociación, pero hay otras que sí estarían de acuerdo porque obtendrían mayores beneficios si venden en Perú”.

A lo dicho se añade que la Contraloría General de la República auditó el contrato de la exportación del gas con Perú LNG (integrada por la estadunidense Hunt Oil, la española Repsol, la coreana SK y la japonesa Marubeni) y encontró que durante el gobierno de Alan García se incumplió con cambios importantes en el contrato relacionado, precisamente, con la exportación.

“Verificamos que está pendiente la modificación del contrato del Lote 88 referido a que el monto de regalía por el gas que se exporta no sea menor al monto de la regalía por el gas que se consume en el mercado interno. No se han respetado las normas que estaban originalmente establecidas para el cálculo de las regalías”, declaró el pasado 7 de julio el contralor Fuad Khoury.

Además la contraloría detectó ilegalidades en la firma del contrato por el Lote 88 de Camisea; si éstas son subsanadas, afectarían el negocio de Repsol con México. “Se recomendó a Perupetro la revisión y modificación de los contratos. La contraloría también halló responsabilidad penal por abuso de autoridad y omisión de actos funcionales y negociación incompatible en los funcionarios que participaron en el proceso de adjudicación del Lote 88 de Camisea. (…)

“Para la contraloría resulta válido iniciar un proceso de revisión y renegociación de los contratos. Sobre todo por el perjuicio que pueden ocasionar (si quedan como están) en los 40 años de vigencia que tienen.”

Los conflictos con SCC y con los exportadores de gas de Camisea, que afectarán las inversiones del Grupo México y a la CFE, no impidieron que el último 6 de abril Perú y México firmaran el Tratado de Libre Comercio luego de un lustro de negociaciones. En la práctica es una ampliación del Acuerdo de Complementación Económica (ACE) pactado el 25 de marzo de 1987 entre los gobiernos de Alan García y Miguel de la Madrid.

El intercambio comercial entre México y Perú ha subido entre 2000 y 2010 de 414 a mil 456 millones de dólares. Con el TLC se pretende duplicar la cifra puesto que la lista de productos salta de 700 a mil 200. Perú exportará textiles, confecciones y madera. En el caso mexicano, 85% de los productos con preferencias arancelarias son los electrodomésticos.

El especialista en acuerdos comerciales internacionales Alan Fairlie dice a Proceso que el TLC entre Perú y México no tiene un capítulo de protección ambiental, como ocurre en los acuerdos con Estados Unidos y la Unión Europea.

“En el TLC con Estados Unidos no sólo se incluye la protección del medio ambiente, sino que se suscribió un Acuerdo de Cooperación Medioambiental. Tampoco hay una alusión al Convenio 169 de la OIT sobre la consulta previa a las poblaciones que resulten afectadas por la presencia del capital extranjero.

“Y es llamativo porque hace muy poco la Southern Copper, cuyos dueños son mexicanos, tuvieron problemas muy difíciles con los pobladores de Islay”, agrega Fairlie. “Supongo que en el gobierno de Humala se harán observaciones al respecto”.

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