Contradicciones y desaseo de una purga anunciada en la PGR

La manera en que fueron echados a la calle 21 delegados regionales de la Procuraduría General de la República el viernes 29 de julio no sólo es desaseada sino que deja mal parada a la titular de la dependencia, Marisela Morales Ibáñez. De acuerdo con varios de los funcionarios sacrificados, lejos de impulsar una nueva política laboral y depurar al personal de la PGR, la procuradora optó por cortar cabezas sin miramientos

La renuncia forzada de una veintena de delegados regionales de la Procuraduría General de la República (PGR) el viernes 29 de julio estuvo precedida por una serie de hechos poco transparentes y hasta contradictorios.

En el fondo, las remociones empañaron aún más el cacareado proceso de depuración emprendido por Marisela Morales Ibáñez desde su llegada a esa institución –el 7 de abril pasado–. Hasta ahora, suman 500 los servidores públicos afectados, un tercio de los cuales son objeto de procesos administrativos y penales.

Fuentes consultadas dentro y fuera de la Procuraduría sostienen que Morales Ibáñez no ha podido dar un golpe en los asuntos de carácter penal más relevantes que han pasado por sus manos; incluso aseguran que ella fraguó la salida de los delegados desde hace por lo menos un par de meses. Su propósito, dicen, es colocar a incondicionales suyos y de la milicia en los puestos clave de la dependencia.

Con el respaldo presidencial y castrense, dicen, Morales sostuvo “más de una ronda de conversaciones” con los gobernadores para exponerles su esquema de “saneamiento” de la PGR, aunque en realidad sólo buscaba su respaldo político para evitar posibles confrontaciones.

Y aun cuando al menos un mandatario del norte del país le sugirió comenzar la purga en la Agencia Federal de Investigación (AFI) y en los ministerios públicos por sus probables vínculos con la delincuencia organizada, Morales respondió que primero cambiaría a la mayoría de los delegados regionales y seguiría con el resto de la estructura orgánica de la dependencia, cuya plantilla es de 20 mil 600 trabajadores, entre personal administrativo y operativo. (Extracto del reportaje que se publica esta semana en la edición 1814 de la revista Proceso, ya en circulación)

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