MÉXICO, D.F., 8 de agosto (apro).- Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del estado de México fueron denunciados penalmente por absolver a uno de los asesinos de una mujer, Nadia Muciño, ejecutada en febrero de 2004 por su esposo y su cuñado en presencia de sus tres hijos. La denuncia fue presentada ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) por la madre de Nadia, María Antonia Márquez, con el respaldo de la Comisión Mexicana de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (CMPDDH), y de la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODDI). Sergio Méndez Silva, director de Defensa Legal de la CMPDDH, explicó que en el caso de Nadia Muciño --en estudio de admisibilidad por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde octubre de 2010— los magistrados actuaron con “negligencia, ineficacia y displicencia, sin descartar la corrupción”. Lamentó que en la actualidad las autoridades judiciales mantengan en la impunidad uno de los casos más emblemáticos de feminicidios en el Estado de México, entidad donde se han registrado más de 900 asesinatos de género en los últimos cinco años. Nadia Alejandra Muciño Márquez fue asesinada frente a sus tres hijos de cinco, cuatro y tres años por su esposo y su cuñado, los hermanos Bernardo e Isidro López Gutiérrez, en Villa Nicolás Romero, Estado de México. Pese a los antecedentes de maltrato desde 1998, así como de haber sido secuestrada por su propio marido en 2003, y al testimonio de los tres pequeños testigos tras un tratamiento psicológico de por medio, la muerte de Muciño con una soga y un alambre alrededor del cuello, fue calificado por autoridades mexiquenses como “suicidio”. Como en el caso de la activista Marisela Escobedo que buscó por cuenta propia a los asesinos de su hija, la madre de Nadia Alejandra no cejó hasta ubicar a los responsables, por lo que se integró una averiguación previa por homicidio calificado y se libraron las órdenes de aprehensión contra los hermanos López, de los que sólo se detuvo a Isidro. Pese a la solidez de las pruebas, el 5 de febrero de 2010 los Magistrados del la Primera Sala Colegiada de Tlanepantla absolvieron a Isidro, y descalificaron los testimonios de los hijos de Nadia. La actitud de los magistrados orilló a la señora Márquez demandarlos penalmente. En entrevista con Apro, Sergio Méndez Silva destacó que todo el procedimiento estuvo “plagado de irregularidades”, pues mientras las autoridades modificaron la escena del crimen y destruyeron pruebas, a la defensa se le negó la integración de más elementos contra los responsables del crimen. “El de Nadia es un caso emblemático de la negligencia del Estado de México para proteger a las mujeres; y de la denegación de justicia, que no es otra cosa que mantener en plena impunidad un feminicidio que ocurrió hace siete años; que se libraron órdenes de aprehensión desde hace seis, en el que sólo se consignó a uno de los responsables, para después absolverlo, mientras que el otro culpable, el esposo de Nadia, está libre sin que hasta la fecha las autoridades hagan algo por detenerlo”, destacó el abogado de la CMDPDH. El pasado 3 de agosto, María Antonia Márquez y abogados de la CMDPDH y la ODDI demandaron ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de México a los magistrados que ordenaron la libertad de Isidro López Gutiérrez, pues, agregó Méndez, con la sentencia absolutoria se contravinieron los criterios que la misma sala ya había fijado sobre dicho caso, cuando se validaron las declaraciones de los menores. Para el equipo de abogados que apoya a la señora María Antonia Márquez, cuando los magistrados declararon “infundados” los dichos de los niños, éstos fueron “revictimizados” y quedaron en estado de estado de vulnerabilidad al quedar libres los responsables del homicidio. En la demanda también se exigió a la Procuraduría mexiquense que garantice la seguridad e integridad de la madre e hijos de la víctima. Asimismo, los abogados exigieron a la dependencia que solicite la cooperación de la Procuraduría General de la República (PGR) para que se cumpla la orden de aprehensión contra Bernardo López, quien sigue prófugo, a pesar de que ha sido visto en diversas ocasiones.