MÉXICO, D.F. (apro).- La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó en lo general la nueva ley contra el “lavado” de dinero y, en lo particular, avaló una veintena de los 60 artículos que integran la minuta; se espera que entre mañana y el lunes 15 se apruebe en su totalidad. Durante la discusión, que se realizó a puerta cerrada, participaron integrantes de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Unidad de Inteligencia de la Secretaría de Hacienda, quienes pidieron el respaldo a la minuta que envió el Senado el 28 de abril pasado y fue elaborada por el Ejecutivo federal. Todas las fuerzas políticas, excepto el Partido del Trabajo (PT), votaron a favor del documento en lo general; el diputado del PRI, Oscar Levín Coppel, aclaró que una vez que se apruebe en lo particular, el dictamen será enviado a la Comisión de Justicia para que haga lo propio. El priista descartó, además, la realización de un periodo extraordinario para que la minuta sea respaldada por el pleno; en cambio, aseguró que será uno de los primeros dictámenes que se someterán a votación a partir del 1 de septiembre, fecha en que arranca el penúltimo periodo ordinario de la actual Legislatura. Rechazan fiscalizar sindicatos y partidos La discusión de este jueves enmarcó el tercer encuentro entre funcionarios federales y el presidente de la Comisión de Hacienda, el panista Alberto Becerra Pocoroba. Se acordó que el encuentro fuera privado debido a que se abordarían puntos delicados sobre el “lavado” de dinero y que el dictamen no se votaría; sin embargo, el documento se votó en lo general y nunca se abordaron temas relevantes, entre otras cosas porque los diputados de PRI y PAN entraban y salían de la reunión sin poderse concretar una discusión sin pausas. El diputado que más cuestionó no sólo el procedimiento legislativo, pues consideró que no se debió votar la minuta, fue el petista Mario Di Costanzo, quien propuso se incluyera la fiscalización a partidos políticos, sindicatos, asociaciones religiosas y agencias aduanales, entre las “actividades vulnerables” de ser utilizadas por el crimen organizado para blanquear sus ilícitas ganancias. La propuesta –no prevista en la iniciativa que envió el Ejecutivo federal y avaló el Senado– generó escozor entre los priistas, quienes se centraron en la parte aduanal. Uno de ellos, David Penchyna Grub, diputado por Hidalgo y vocero de la dirigencia nacional del PRI, rechazó la propuesta del PT bajo el argumento de que en todo caso eso se debería incorporar en la Ley Aduanera. Di Costanzo reviró que entonces sólo quedaba establecer una ley para cada tópico en donde se considerara ese ilícito. Insistió en que se incluyera a los partidos políticos, sindicatos y asociaciones religiosas, sin embargo, fue ignorada su propuesta. La discusión de los legisladores se centró no en las “actividades vulnerables”, sino más bien en los montos de lo invertido. Por ejemplo, la minuta destaca que cuando se adquiere un vehículo de más de 400 mil pesos, esto debe reportarse para que se indague al comprador y sus ingresos. Los diputados decidieron evaluar la posibilidad de que en lugar de montos se establezcan “frecuencias”, es decir, cada qué tanto tiempo se adquieren vehículos de tal cantidad; lo mismo sucedería con la compra de joyas o bienes inmuebles. En el caso de los casinos, también caracterizados como “actividades vulnerables”, se estableció que un jugador que apueste 40 mil pesos debe ser sujeto de verificación. Ciudadanos policías Otro aspecto impugnado por Di Costanzo fue el “obligar” al ciudadano a denunciar “ciertas actividades”, como por ejemplo, entre notarios, corredores de bolsa, dueños de joyerías, empresas inmobiliarias o cualquier establecimiento en que se puedan desarrollar posibles actividades de “lavado” de dinero. Y es que la ley obliga a que ante una venta de cierta cantidad, los proveedores, notarios o propietarios notifiquen a las autoridades el hecho. El diputado Di Costanzo sostuvo que esto lo único que hace es delegar en los ciudadanos la tarea de la policía y con ello poner su vida en riesgo. “Qué va a pasar con un concesionario de autos en Tamaulipas, Ciudad Juárez o Sinaloa, por ejemplo, si denuncia alguna irregularidad, entonces su vida y la de su familia se ponen en peligro. “En Estados Unidos la ley contra el ‘lavado’ de dinero no funciona así, son las autoridades las que realizan la investigación mediante la filtración de sus agentes y nunca ponen en riesgo al ciudadano, notario público o corredor, mucho menos a un abogado”, sostuvo. Desde que se discutió la iniciativa en el Senado, la Asociación de Notarios Públicos se entrevistó con el senador del PRI, Jesús Murillo Karam, con el fin de expresar su rechazo a las obligaciones que se les pretende imponer; sin embargo, el PRI no los respaldó en ese momento y no modificaron la iniciativa calderonista. En su momento, el panista Santiago Creel, ahora senador con licencia, sugirió la inclusión de sindicatos, partidos políticos y asociaciones religiosas como “actividades vulnerables”, pero la idea se rechazó. Ahora, en la Cámara de Diputados, el PRI -a través del legislador Silvio Lagos- busca que se eliminen de estas actividades a los notarios públicos y a los corredores. Finalmente, durante la discusión se destacó que la ley no incluye sanciones penales; ante ello, los funcionarios federales explicaron que ello se debe a que el tema será abordado en una “miscelánea penal” que será discutida en el Senado en septiembre próximo y que será enviada por el Ejecutivo federal. Di Costanzo calificó la acción de absurda, pues dijo que ya se estaba aprobando en lo general una ley de la que se ignoran cuáles serán las sanciones y consecuencias penales. “Se está haciendo todo al revés, igual que en la discusión de la Ley de Seguridad Nacional, en donde primero se hicieron predictámenes y luego se tuvieron que hacer foros con agrupaciones de la sociedad civil para solicitarles su punto de vista”, acusó. Este viernes, la Comisión de Hacienda está convocada a las nueve de la mañana junto con autoridades federales para continuar la discusión en lo particular de la minuta sobre “lavado” de dinero.