MÉXICO, D.F. (apro).- La Procuraduría General de Justicia Militar (PGJM) remitió a la Procuraduría General de la República (PGR) los expedientes de las agresiones sexuales a las indígenas guerrerenses Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, casos que fueron motivo de sendas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) en octubre del año pasado Tras el traslado de los expedientes, organizaciones civiles de derechos humanos exigieron a la procuradora Marisela Morales que “garantice una investigación que se ajuste a las directrices impuestas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos”. La remisión de los expedientes ocurre después de nueve años de que ambas mujeres abusadas sexualmente por militares han exigido justicia efectiva e imparcial. Fernández Ortega y Rosendo Cantú fueron notificadas por el Ministerio Público de la PGJM, el 12 de agosto pasado, que la Fiscalía Militar se declaró incompetente para continuar investigando las indagatorias en las que resultaron víctimas. La información fue difundida hoy, a través de un comunicado, por las organizaciones que litigaron los casos, el Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), la Organización del Pueblo Indígena Me’ Phaa (OPIM) y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña-Tlachinollan (CDHMT). De acuerdo con la información, el pasado 29 de julio los expedientes de los agravios contra las indígenas cometidos por personal militar, fueron enviados a la Suprocuraduría Regional de Control de Procesos y Amparos de la PGR, para que “determine lo que a derecho proceda”. Para las organizaciones que representan legalmente a las indígenas, así como para otras más que se sumaron a la exigencia de justicia, “la PGR tiene la responsabilidad ineludible de ejercitar acción penal ante los tribunales federales contra los militares responsables que ya han sido identificados por Inés y Valentina”. A juicio de las organizaciones, “no existe pretexto alguno para llevar las investigaciones hacia direcciones que conduzcan a la impunidad, como, en su momento, lo hizo la PGJM o la propia PGR al intentar remitir las investigaciones al fuero local”. En el comunicado se señala que la notificación de la PGJM se tomó en consideración a “lo dispuesto en la reciente reforma constitucional en materia de derechos humanos y en las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) en contra del Estado mexicano”. Las organizaciones puntualizan en su comunicado que al enviarse los casos al fuero civil, “no se agotan las obligaciones impuestas a México por la Corte Interamericana, aunque posibilita que la investigación sea conducida por un órgano que no presenta los vicios inherentes al fuero castrense”. Asimismo, destacan que la determinación de la procuraduría castrense constituye un precedente fundamental para que todos aquellos casos en los que elementos del Ejército se vean involucrados en violaciones a derechos humanos sean remitidos a instancias civiles, lo que, sin duda, redundará en el fortalecimiento de los controles civiles sobre las fuerzas armadas. Las organizaciones firmantes, entre ellas el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), el Instituto Mexicano por los Derechos Humanos y la Democracia (IMDHD), y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), resaltan que es requisito indispensable que la PGR “muestre su eficacia en la persecución” de delitos cometidos por miembros de las fuerzas armadas contra civiles.