CHILPANCINGO, Gro. (apro).- El procurador de Justicia del estado, Alberto López Rosas, acusó al gobierno de Zeferino Torreblanca de haber ordenado la sustracción del expediente del homicidio del diputado Armando Chavarría Barrera, entonces presidente del Congreso local que fue asesinado el 20 de agosto de 2009, con el propósito de “borrar evidencias”. Asimismo, confirmó la intervención de personal del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) en la “desaparición” del expediente. A menos de 48 horas de que se cumplan dos años del asesinato, el procurador desmintió que el caso registrara un avance de 99%, como lo aseguró el exgobernador Torreblanca en abril pasado, antes de que concluyera su administración. López Rosas confirmó también que por falta de elementos se ha descartado el crimen pasional y la guerrilla como posibles móviles de la ejecución. En conferencia de prensa, el titular de la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJ) aseguró que a dos meses y medio de que reiniciaron la investigación, se tienen “avances” en dos rubros: el primero sobre las líneas relacionadas con el homicidio y el otro, acerca de quién sustrajo el expediente; el propósito y el uso que le dieron al documento. Sobre este último caso, el procurador confirmó que existe una orden de presentación contra el exfiscal para Delitos Graves de la Procuraduría General de Justicia (PGJ), Jesús Miranda Rodríguez, quien fue el último que estuvo al frente de la indagatoria y desde febrero se encuentra desaparecido luego de haber sido víctima de dos atentados armados. Sin especificar, dijo que también han librado órdenes de presentación en contra de “otras personas” por haber dispuesto “sin motivo legal y, supuestamente, por órdenes superiores del gobierno pasado”, borrar las evidencias de la indagatoria. Dijo que los indicios que tienen contra el exfiscal Miranda y las demás personas sobre el acatamiento a la orden de desparecer el expediente se dieron en las últimas tres semanas del gobierno de Torreblanca. López Rosas reconoció que el Cisen se encuentra involucrado en esta nueva línea de investigación, relacionada con la sustracción del expediente, a la que definió como “accesoria” y que da mayor contexto a la indagatoria. Sin embargo, enseguida atajó diciendo que "por los niveles y la importancia de la intervención" de agentes de esta oficina federal en el caso, esta información se mantiene reservada. López Rosas hizo estos señalamientos, luego de que este lunes 15, Apro difundió la versión de fuentes oficiales en el sentido de que la Procuraduría identificó a un agente del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) que opera en Chilpancingo, como el responsable de la sustracción del expediente. Ello, debido a que la Procuraduría tiene indicios de que el agente –cuyo nombre no fue revelado para no entorpecer las investigaciones–, se introdujo a la casa del exfiscal Jesús Miranda, luego de que éste desapareció, y sustrajo varios documentos, entre ellos, el expediente, señalaron las mismas fuentes oficiales, que hablaron bajo la condiciones del anonimato. Acerca de los presuntos avances sobre el móvil del crimen, López Rosas dijo que se han realizado 13 actuaciones, una de ellas ha sido el tratar de localizar a Raúl Jiménez García, quién fue utilizado por la administración anterior como “testigo clave” y quien atribuyó el asesinato de Chavarría, al operador del grupo denominado Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), Omar Guerrero Solís, abatido el 7 de noviembre de 2009. López Rosas dijo que, a pesar de que el Poder Judicial de la Federación desechó la tesis de la guerrilla, el gobierno de Torreblanca intentó dar por resuelto el caso, a través de los señalamientos de Jiménez García, quien fue definido como un “testigo inconsistente” en su dicho; y acusó a la administración anterior de indolente porque ante las actividades criminales del “testigo clave”, éste nunca fue arraigado y tampoco sujeto a proceso penal.