MÉXICO, D.F. (apro).- A un año de la masacre de 72 migrantes indocumentados en San Fernando, Tamaulipas, organizaciones civiles y organismos públicos de derechos humanos solicitaron la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para proteger a los familiares de las víctimas en su exigencia de justicia. En un comunicado, las agrupaciones reiteran a la CIDH la solicitud de medidas cautelares planteadas al relator especial para los migrantes y sus familias, Felipe González, en el contexto de su visita de trabajo a México. Ante “la falta de atención adecuada” y el miedo a denunciar, piden a la CIDH “que requiera a México, El Salvador, Guatemala, Honduras y Ecuador que adopten medidas de urgente aplicación para atender a los familiares de víctimas relacionadas con la masacre de 72 personas migrantes y los restos localizados en fosas clandestinas en San Fernando, Tamaulipas”. Asimismo, explican que persiste la preocupación de que “los cuerpos no se identifiquen conforme a los estándares científicamente reconocidos y sean entregados a familias a quienes no pertenecen, o se pierdan o destruyan evidencias básicas para la investigación que imposibilite la sanción de los hechos y la reparación del daño”. Las medidas cautelares solicitadas, agregan, “buscan evitar un daño irreparable que se ocasionaría en términos de vida, integridad y acceso a la justicia de los familiares de las víctimas y testigos relacionados con los hechos ocurridos en Tamaulipas”. Además, demandan a la CIDH que exhorte a los cinco países mencionados para que atiendan adecuadamente a las víctimas, es decir que les proporcionen “orientación jurídica, atención médica, psicológica y económica”, y que “se garantice la vida, la privacidad e intimidad de víctimas y testigos”. A México, la CIDH deberá pedir que establezca “un mecanismo nacional y de coordinación regional con los países de Centroamérica y Sudamérica para buscar a todas las familias que pudieran tener un caso de desaparición relacionado con estos hechos y se concentre en un solo lugar toda la información para ser comparada con la de los restos”. Para el esclarecimiento de los hechos se pide la aplicación de protocolos en la indagatoria ministerial y pericial “de acuerdo a las buenas prácticas internacionalmente conocidas, sobre todo por cuanto hace a la preservación de la evidencia, la búsqueda de personas y la determinación de la identidad de los restos”. Asimismo, las agrupaciones solicitan que la CIDH proponga la asesoría de expertos y el apoyo de la ONU “para apoyar al gobierno mexicano en las investigaciones, de tal manera que estas se realicen conforme a la debida diligencia y se logre la sanción de los hechos, la reparación del daño y se evite repetición de los mismos”. Como medida cautelar, piden que México mantenga informados a los gobiernos de El Salvador, Honduras, Guatemala y Ecuador sobre el avance de las investigaciones y la identificación de los cuerpos, y que se garantice la cobertura de los gastos por el traslado de los restos y “el apoyo económico, psicológico y legal a las familias” para que den sepultura a sus seres queridos “conforme a sus tradiciones y creencias”. El texto está firmado por el albergue de migrantes “Hermanos en el Camino”, de Ixtepec, Oaxaca; Casa del Migrante, de Saltillo Coahuila; Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF); Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos de El Salvador (Cofamide); Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH); Foro Nacional para las Migraciones en Honduras (Fonamih); Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho; Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi); Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala, y Sin Fronteras.