MÉXICO, D.F. (Proceso).- A poco más de un año de que Felipe Calderón abandone Los Pinos, la revista Proceso solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una audiencia en relación con la demanda que presentó contra el Estado mexicano por su negativa de darle acceso a las boletas electorales de las elecciones presidenciales de 2006. La CIDH aún no se ha pronunciado sobre la admisión de la demanda, a pesar de que desde hace tres años le pidió al propio gobierno de Calderón tomar medidas cautelares para evitar la destrucción del material de esos comicios (Proceso 1653). El viernes 19, la abogada de la revista ante la Comisión Interamericana, Graciela Rodríguez Manzo, presentó la petición de la audiencia o reunión de trabajo al Secretario Ejecutivo del organismo, Santiago Cantón, quien el 2 de julio de 2008 le pidió al Estado mexicano la salvaguarda de las boletas. Un año después de ese revés, Calderón promovió al jurista José de Jesús Orozco Henríquez como uno de los siete comisionados de la CIDH para el periodo 2010-2013. Integrante de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en septiembre de 2006, Orozco fue uno de los magistrados electorales que le dio el triunfo a Calderón en las elecciones presidenciales. Ahora también investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Orozco está impedido para participar en la deliberación de los comisionados sobre la admisibilidad de la demanda presentada por el director de la revista, Rafael Rodríguez Castañeda. La petición de audiencia, prevista en el reglamento de la CIDH, busca que la reunión se realice entre el 19 de octubre y el 4 de noviembre próximos, cuando tenga lugar el 143º periodo de sesiones del organismo. En su solicitud, la abogada le pide al Secretario Ejecutivo que la Comisión Interamericana se pronuncie también sobre la acumulación de las demandas de la revista y del investigador de El Colegio de México Sergio Aguayo, quien también acudió a ese organismo luego de que se le negara asimismo el acceso a las boletas que comprueban el triunfo de Calderón. En ambos casos se aduce una violación del Estado mexicano al derecho de acceso a la información pública previsto en el artículo 13.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la que México forma parte. Tanto el TEPJF como la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) negaron el acceso a las boletas al considerar que esa petición no era un asunto de acceso a la información sino de índole electoral, tema reservado a los partidos políticos y a los Poderes Ejecutivo y Legislativo. La demanda de Aguayo gira en torno a la idoneidad del juicio de amparo para combatir la negativa de acceso a las boletas, además de cuestionar la constitucionalidad del artículo 254 (hoy 302) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) que ordena la destrucción de las boletas al finalizar el proceso electoral. Las medidas cautelares derivadas de la demanda de Proceso propiciaron un intercambio de argumentos entre la revista y el gobierno de Calderón que concluyó el 14 de mayo de 2010. Desde entonces, ya con Orozco Henríquez como comisionado, está pendiente la decisión de la CIDH sobre la admisión o rechazo de la demanda. La abogada Rodríguez Manzo le dice a la Comisión que la admisión de ambas demandas no sólo contribuiría a la consolidación de la democracia en México sino que impactaría en todo el continente, pues se definirían nuevos alcances y contenido del derecho de acceso a la información.