MÉXICO, D.F. (apro).- Las periodistas Ana Marcela Yarce Viveros y Rocío González Trápaga fueron encontradas hoy muertas en un paraje ubicado en la delegación Iztapalapa, al oriente de esta ciudad. El hallazgo de los cuerpos ocurrió a temprana hora, cuando elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal fueron alertados, al parecer por algunos transeúntes, de la aparición de los cuerpos de ambas reporteras, los cuales estaban desnudos, sin heridas de bala ni de armas blancas, pero sí con signos de violencia: golpes y moretones en sus respectivos cuellos. Las autoridades capitalinas conocieron algunos detalles de la desaparición de Yarce Viveros y de González Trápaga desde ayer, cuando familiares suyos reportaron su desaparición a través del Centro de Atención para Personas Extraviadas y Ausentes (CEPEA) de la PGJDF. En entrevista telefónica, el procurador general de Justicia del Distrito Federal, Miguel Mancera, narró lo que el área de Homicidios ha indagado: que ambas reporteras salieron de una reunión de las oficinas de la revista cerca de las 10 de la noche. Expuso que, según las pesquisas, tanto Yarce Viveros como González Trápaga, se trasladaron a una fiesta, una reunión de amigos y después de algunas horas la PGJDF recibió la denuncia de que dos personas del sexo femenino habían desaparecido. Después se presenta el hallazgo y los datos que nos reportaron en la denuncia coinciden con los cuerpos encontrados. Una de ellas vivía en Iztapalapa y otra por la zona de Ermita, por el mismo rumbo. Mancera explicó que “todo coincide. Son mujeres. No hay huella de arma de fuego y en el momento del hallazgo la policía encontró con dos cuerpos que estaban desnudos”. Según el procurador capitalino, la PGJDF ya integró la averiguación previa y el caso lo investiga el área de Homicidios. “Se trata de un feminicidio”, expuso Mancera y, según las primeras líneas de investigación, la muerte de ambas mujeres no tiene que ver con su labor periodística, pues aclara: “Nosotros ya nos entrevistamos con los directivos de la revista (Contralínea) y nos dicen queA Ana Marcela Yarce Viveros trabajaba como gerente de Relaciones Públicas y Rocío González estaba desempleada, aunque sabemos que trabajó 10 años como reportera de Televisa. —¿Hubo violencia o cual fue la causa de estas muertes? —Aún no lo sabemos, estamos practicando las necropsias de ley y hasta que terminemos con este proceso podremos conocer más detalles sobre las causas de estas muertes. A través de un comunicado difundido esta noche, la PGJDF aportó otros elementos sobre la muerte de la comunicadora y de la empleada de relaciones públicas de Contralínea, pues asegura que la muerte de Yarce Viveros y González Trápaga pudo haber sido por estrangulamiento. Sus cuerpos fueron dejados a espaldas del panteón San Nicolás Tolentino, colonia El Mirador, en la delegación Iztapalapa. Por la noche, la Procuraduría General de la República (PGR) informó que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) inició un acta circunstanciada por el asesinato de las periodistas. La dependencia abrió la indagatoria AC/48/FEADLE 2001 para coadyuvar en las investigaciones que lleva a cabo la PGJDF. Otros datos, aportados por personas que a temprana hora realizaban rutinas de ejercicio cerca del lugar del hallazgo afirman que ambos cuerpos presentaban golpes en el tórax y, según información de Contralínea, el crimen pudo ocurrir entre la noche del 31 de agosto y la mañana de este 1 de septiembre. Los directivos de la revista Contralínea, a través de Facebook, lamentaron el fallecimiento de Marcela Yarce y Rocío González, la primera fundadora de la revista y la segunda amiga de ésta, quien se desempeñaba como reportera independiente. Dice el comunicado de Contralínea: “Marcela Yarce Viveros, fundadora y reportera de Contralínea, se encontraba al frente del área de Relaciones Públicas en la revista semanal. Rocío González Trápaga, exreportera de Televisa y amiga de esta casa editorial, actualmente ejercía el periodismo de manera independiente. “Quienes integramos el equipo de periodistas de este medio de comunicación, con profunda tristeza pero también con indignación, exigimos a las autoridades el esclarecimiento de estos lamentables hechos. Nos unimos a la pena que embarga a familiares y amigos de las dos periodistas y reclamamos justicia”. Por su parte, el director de Contralínea, Miguel Badillo, condenó la muerte de las periodistas y afirmó que está a la espera de las investigaciones para conocer las causas de la muerte. El propio Badillo aportó otros datos no reportados en el comunicado de la PGJDF: que ambas comunicadoras fueron halladas atadas de pies y manos, amordazadas y desnudas, y señala que al parecer fueron estranguladas. Badillo dijo que la última vez que las vieron fue la noche del miércoles, aproximadamente a las 10 de la noche y que se enteraron de su desaparición por la mañana, cuando sus familiares hablaron a la oficina para reportar que no habían llegado a sus casas. Y condenó el hecho de que la criminalidad haya alcanzado al gremio periodístico. Por otra parte, en la Cámara de Diputados la primera sesión inició hoy con un minuto de silencio por las 52 personas que murieron durante el ataque al Casino Royale, en Monterrey, y por el asesinato de las dos periodistas. El diputado del PRD, Agustín Guerrero, lamentó que la sesión de hoy haya iniciado con un minuto de silencio y cuestionó las cuentas que está entregando Calderón a la sociedad. Luego, el presidente de la Mesa Directiva, Emilio Chuayffet, dijo que las discusiones sobre seguridad serán las más importantes en este nuevo periodo de sesiones. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) exigió el pronto esclarecimiento del asesinato de las dos comunicadoras, y a través de un comunicado expuso: “La CDHDF condena enérgicamente este asesinato que atenta directamente contra la libertad de expresión y la convivencia social en el Distrito Federal”, y pidió a las autoridades capitalinas que realicen una exhaustiva investigación para aclarar los hechos”. Por su parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) inició una queja de oficio por el crimen contra Yarce Viveros y González Trápaga e indicó que personal del organismo localiza a los familiares de las víctimas para ofrecerles apoyo. En un comunicado refirió permanecerá atenta a la actuación de los servidores públicos encargados de cumplir y hacer cumplir la ley y de las investigaciones que emprendan para el esclarecimiento de estos hechos, “lamentables y condenables, que por ningún motivo deben quedar impunes”.