MÉXICO, D.F. (apro).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó los asesinatos de las periodistas mexicanas Marcela Yarce Viveros y Rocío González Trápaga, e hizo un fuerte llamado al gobierno para “desincentivar la violencia contra la prensa en México”. En un comunicado firmado por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, dirigida por Carolina Botero, el organismo de la OEA exigió que se considere la actividad profesional de las comunicadoras como una de las líneas de investigación para el esclarecimiento del doble homicidio ocurrido entre la noche del 31 de agosto y las primeras horas del 1 de septiembre. A casi una semana de que ocurrieran los hechos, la Relatoría Especial de la CIDH señaló que “las autoridades desconocen la razón de los asesinatos e investigan varias hipótesis”, por lo que resulta relevante que se investigue de “manera exhaustiva” que el móvil de los asesinatos pudiera ser por “el ejercicio del periodismo”. La oficina de la CIDH insistió en que las autoridades deben “esclarecer las circunstancias de las muertes, identificar y sancionar a los responsables, y reparar de manera justa a los familiares de las  víctimas”. En su informe sobre la situación de la libertad de expresión en México, la Relatoría Especial manifestó su preocupación por los altos niveles de violencia contra los periodistas y medios. Asimismo, exigió al gobierno mexicano que adopte “de manera urgente” todas las medias necesarias para prevenir estos crímenes, proteger a los periodistas en riesgo; y avanzar de manera pronta y decidida en las investigaciones correspondientes, sin descartar la hipótesis de que los asesinatos estén relacionados con el ejercicio de las víctimas”. La CIDH puntualizó que “el esclarecimiento de estos crímenes y la sanción a los responsables son un paso necesario para desincentivar la violencia contra la prensa en México”. Debido a que Marcela Yarce fue fundadora de la revista Contralínea, donde era la responsable de las relaciones públicas, la Relatoría Especial resaltó que la publicación y algunos de sus reporteros “han sido objeto de diversos actos de intimidación y hostigamiento, como ataques armados, amenazas, robos de equipos e información y restricciones judiciales”. Asimismo, la CIDH hizo un recuento de otros seis homicidios de periodistas ocurridos en este año y que siguen sin esclarecerse, y en los que no se puede descartar la hipótesis de la actividad profesional como móvil de los mismos. En este año, tres comunicadores han sido asesinados en Veracruz (Noel López Olguín, Miguel Ángel López Velasco y Yolanda Ordaz), dos en Monterrey (Luis Ruiz Carrillo y José Luis Cerda Meléndez) y uno en Sinaloa (Humberto Millán). Además, sigue desaparecido un reportero de Guerrero (Marco Antonio López Ortiz) y dos trabajadores de medios de comunicación fueron ejecutados: la repartidora Maribel Hernández, de Ciudad Juárez, Chihuahua, y el encargado de mantenimiento, Rodolfo Ochoa, en Coahuila. La Relatoría Especial recordó que en el informe sobre la situación de la prensa en México, recomendó “enfáticamente a las autoridades mexicanas la adopción urgente de medidas de reforzamiento de las capacidades y recursos de la Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos Cometidos contra la Liberad de Expresión, el traslado a la justicia federal de las investigaciones y juicios de los crímenes contra comunicadores”. Además, insistió en la urgencia de la aplicación “de manera pronta y efectiva de mecanismos de seguridad necesarios para proteger la vida e integridad de las y los periodistas amenazados”.