La Corte Interamericana de Derechos Humanos inició un juicio contra el Estado de Chile por aplicar en forma selectiva y discriminatoria la Ley Antiterrorista contra miembros del pueblo mapuche, cuyo “delito” consiste en recuperar tierras y recursos naturales que les fueron arrebatados por empresas forestales. Pese a los riesgos de que la Corte emita sanciones en su contra, el gobierno de Sebastián Piñera mantiene irresueltos conflictos por tierras de unas 300 comunidades mapuches y ha optado por militarizar amplias zonas de la Araucanía. Valparaíso, Chile (Proceso).- Tras casi una década de aplicar la Ley Antiterrorista a comuneros mapuches que demandan la restitución de tierras ancestrales, y de desoír recomendaciones de organismos internacionales que le solicitaban acabar con esta práctica, Chile será sentado en el banquillo de los acusados. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó el pasado 7 de agosto el caso No. 12.576, Norín Catrimán y otros ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El caso se basa en la denuncia presentada el 15 de agosto de 2003 por los lonkos (autoridades indígenas) Aniceto Norín Catrimán y Pascual Pichún Paillalao, en contra del Estado de Chile. Ellos alegaron que en el juicio criminal seguido en su contra en el año 2003 –que resultó en la condena de ambos–, se violaron cuatro artículos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Se trata del principio de legalidad, derecho al debido proceso, igualdad y no discriminación. La CIDH subrayó que la Ley Antiterrorista es aplicada en forma selectiva y discriminatoria en perjuicio de miembros del pueblo mapuche. Desde el retorno a la democracia en 1990 la Ley Antiterrorista ha sido aplicada exclusivamente contra el pueblo mapuche. Al menos 220 personas de este pueblo originario fueron condenadas o procesadas en virtud de su aplicación. El pasado 7 de agosto la CIDH afirmó en comunicado que este caso permitirá a la Corte “definir estándares en materia de igualdad y no discriminación, en un supuesto novedoso en la jurisprudencia del sistema interamericano como es el de la aplicación selectiva de un marco legal a un grupo incluido en la cláusula de no discriminación consagrada en la Convención Americana”. La Ley Antiterrorista –aprobada en 1984 durante el régimen de Augusto Pinochet– permite aplicar severas penas por delitos comunes; realizar investigaciones cuyo sumario puede permanecer en secreto hasta por seis meses; interceptar comunicaciones telefónicas y utilizar testigos sin rostro. En el caso de Norín y Pichún el Ministerio Público decidió aplicar la Ley Antiterrorista debido a que el querellante, Juan Agustín Figueroa, era miembro del Tribunal Constitucional y fue ministro de Agricultura del gobierno del presidente Patricio Aylwin (1990-1994). En su solicitud a la CIDH, Norín y Pichún señalaron que su detención, juicio y condena se enmarcan dentro de lo que en Chile se ha denominado el “conflicto mapuche”, el cual, señalaron, es visto por los medios de comunicación chilenos como “tensiones provocadas por indígenas que se oponen al desarrollo económico del país y subvierten el orden y la seguridad pública”. Los abogados de Norín y Pichún señalaron que, a raíz de los conflictos generados “entre los pueblos indígenas, por una parte, y las grandes empresas forestales, latifundistas y el Estado, por otra, éste último ha reaccionado judicialmente extendiendo el debate a los tribunales, lo que ha significado que los indígenas sean sometidos a procesos criminales por distintos delitos, usando en su contra las legislaciones profusamente utilizadas en el régimen militar para reprimir a los opositores y duramente criticadas durante la dictadura militar por quienes detentan hoy el poder (Ley de Seguridad del Estado y Ley Antiterrorista)”.   La persecución   Padre de siete hijos, el lonko Pichún se comenzó a convertir en un referente del pueblo mapuche después de que en diciembre de 1998 encabezó la recuperación del Fundo Santa Rosa de Colpi, que su comunidad reclamaba como parte de su territorio ancestral y que era ocupado por la empresa Forestal Mininco-Grupo Matte. A pesar de la represión policial, la comunidad de Pichún consiguió expulsar de estas tierras a la forestal. Sin embargo, en septiembre de 2002 el Ministerio Público acusó a Norín, Pichún y a la comunera Patricia Troncoso de ser los autores de un “atentado incendiario” que en diciembre de 2001 redujo a escombros una casa ubicada dentro del fundo Nancahue, propiedad de Juan Agustín Figueroa. Este latifundista y abogado era entonces presidente del Tribunal Constitucional y antes fue ministro de agricultura del gobierno de Patricio Aylwin (1990-1994). Por esta acusación, que nunca fue probada, Pascual Pichún fue encarcelado durante un año en la ciudad de Traiguén, siendo posteriormente declarado “inocente” por la justicia de los cargos de “terrorismo” que se le imputaban. Pichún estuvo en “prisión preventiva” durante un año en la cárcel de Traiguén. En el juicio oral realizado entre el 31 de marzo y el 9 de abril de 2003, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Angol decidió absolverlo por falta de pruebas. Sin embargo, tras las presiones ejercidas por Juan Agustín Figueroa, el Ministerio Público presentó el 24 de abril de 2003 un recurso de casación ante la Corte Suprema, la cual posteriormente anuló la sentencia absolutoria y ordenó al tribunal oral proceder a un nuevo juicio. En el nuevo juicio, realizado en septiembre del mismo año, Pichún fue condenado a cinco años de cárcel como autor del delito de “amenaza terrorista” contra Figueroa, contemplado en el artículo 7º de la Ley 18.314. Norín fue condenado a la misma pena y por el mismo delito, aunque en perjuicio de los propietarios del predio San Gregorio. En este juicio, resultaron claves los testimonios de dos testigos presentados por la fiscalía y los querellantes que declararon escondidos detrás de un biombo, lo que, según la defensa de los indígenas, vulneró el debido proceso. Este no es el único caso de aplicación de la Ley Antiterrorista que estará bajo el escrutinio de la Corte Interamericana. Ésta deberá también analizar la participación del Estado de Chile en los irregulares y discriminatorios procesos judiciales en contra de Florencio Marileo Saravia, José Huenchunao Mariñán, Juan Marileo Saravia y Juan Ciriaco Millacheo Lican, quienes en 2004 fueron condenados a 10 años de cárcel por “incendio terrorista” en la hacienda Poluco-Pidenco (Forestal Mininco), ocurrido un año antes. Además, les fueron privados de por vida sus derechos políticos y se les impuso una multa que en conjunto alcanza casi un millón de dólares, al tipo de cambio actual. El conflicto que enfrentan las comunidades mapuches con empresas forestales tiene como causa de fondo la deteriorada situación económica de las primeras. Esta se origina fundamentalmente en la falta de tierras. El conjunto de los 400 mil mapuches que habitan en el sur de Chile posee menos de 300 mil hectáreas de tierras. Sólo Forestal Mininco tiene más de 900 mil.   Ley cuestionada   En entrevista con Proceso la abogada de la ONG Observatorio Ciudadano, Consuelo Labra, expresa que “la presentación hecha por la CIDH ante la Corte constituye un nuevo llamado de atención para el Estado chileno relativo a la criminalización de la protesta social del pueblo mapuche en la legítima reivindicación de sus derechos”. Señala que “en Chile la Ley Antiterrorista tiene una tipificación extraordinariamente amplia de lo que es una conducta terrorista, lo que ha permitido su aplicación selectiva y discriminatoria”, en especial, sostiene, en contra de la protesta social y, de manera racista, en contra del pueblo mapuche. Recuerda que ello, junto con las restricciones al debido proceso, ha merecido duros señalamientos en contra del Estado chileno por parte de diversos órganos de Naciones Unidas, tales como el Comité de Derechos Humanos, el Comité contra la Discriminación Racial, el Comité contra la Tortura, el Consejo de Derechos Humanos y el Relator Especial de Naciones Unidas para Pueblos Indígenas, James Anaya”. Labra señala: “La diferencia de este nuevo llamado de atención es que va más allá de una recomendación que el Estado pueda desatender, toda vez que Chile ha reconocido la jurisdicción a la Corte”. Así, sostiene, “Chile arriesga el establecimiento de sanciones en su contra, siendo esperable que la Corte ordene reparaciones a las víctimas y también una posible adecuación normativa”. De acuerdo con la abogada Labra, es muy probable que Chile sea condenado en el caso “Norín y otros” porque la CIDH ha estimado que “las violaciones son muy concretas e indesmentibles”. Chile también ha sido reprendido por Amnistía Internacional (AI), que en su informe anual 2009 afirmó que “las tensiones entre las autoridades y los pueblos indígenas –en especial la comunidad mapuche– se mantuvieron muy fuertes (durante 2008). Ha continuado la expansión de la industria forestal y de extracción de recursos, y las reclamaciones sobre tierras no se resuelven con prontitud. Siguen denunciándose violaciones de derechos humanos”. En el primer examen periódico universal (EPU) realizado a Chile entre el 4 y el 15 de mayo de 2009 en Ginebra, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU sostuvo que en Chile los pueblos originarios son víctimas de una severa discriminación. Esto se evidenciaría en la pobreza que afecta a sus comunidades, en el otorgamiento sin consulta previa de concesiones de explotación sobre sus tierras, y en la aplicación de una legislación antiterrorista para enfrentar su protesta social. En 2003, mismo año en que fueron condenados Pichún y Norín, el entonces relator especial de Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas, Rodolfo Stavenhagen, denunció en un informe la dura realidad que viven los indígenas en Chile, señalando la criminalización de la protesta como uno de los problemas centrales. Stavenhagen afirmó que “los derechos sobre la propiedad de la tierra y la territorialidad constituyen (otro) de los problemas graves, ya que son el resultado de un largo proceso de despojo de sus tierras y recursos”. En la actualidad hay cerca de 300 comunidades mapuches que se encuentran en conflicto de tierras con particulares y el Estado. Amplias zonas de la Araucanía están militarizadas. Durante el pasado mes de agosto fuerzas policiales realizaron allanamientos a varias comunidades del municipio de Ercilla, los que han terminado con varios heridos.