JALAPA, Ver. (apro).- El gobernador Javier Duarte enviará al Congreso del estado una iniciativa de reforma al Código Penal de Veracruz para crear el delito de “perturbación del orden público” y beneficiar a los tuiteros detenidos por “terrorismo y sabotaje” con el beneficio de la libertad bajo fianza. Por su parte, la defensa jurídica de María de Jesús Bravo Pagola y Gilberto Martínez Vera, anticipó que sus clientes no se acogerán a la propuesta de Duarte porque sería como aceptar que cometieron un delito que ni siquiera estaba tipificado cuando fueron detenidos. Claribel Pérez, representante del despacho que defiende a los dos tuiteros, afirmó que el gobierno del estado se “entrampó con sus propios errores”, los cuales quiere subsanar con su iniciativa; y confió en que la justicia federal les concederá el amparo para obtener su libertad. La defensa jurídica dio a conocer la postura de los acusados en una conferencia de prensa a la que asistió el senador Francisco Castellón Fonseca, presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado de la República, integrantes de la Academia Mexicana de Derechos Humanos y del Movimiento “Twitteros Libres”. Antes, el secretario de Gobierno, Gerardo Buganza Salmerón, anunció que el titular del Ejecutivo enviaría al Congreso local la iniciativa para modificar el Código Penal. Esta reforma plantea crear el artículo 373 en el Código Penal del estado para castigar la “perturbación del orden público” con una sanción menor a la de “terrorismo”, consignada en el precepto 311 de la misma norma que establece de 3 a 30 años de prisión. El funcionario señaló que los detenidos podrán acogerse a esta reforma para obtener el derecho al pago de fianza y salir en libertad, ya que, según la propuesta, la pena por este nuevo delito será de 1 a 4 años. La iniciativa del gobernador, dijo, “se hace ante la petición de diversas organizaciones internacionales, a la postura de la Iglesia católica y de las familias de los acusados, quienes han pedido benevolencia” para estas personas que hoy enfrenta un proceso penal por los delitos de terrorismo y sabotaje. Es más, argumentó que, “si el Congreso aprueba esta iniciativa lo antes posible”, tanto Bravo Pagola como Martínez Vera “podrán tener el beneficio de esta reforma”, ya que todavía no han sido consignados por un juez y, por tanto, “podrían acogerse a la misma para obtener su libertad bajo fianza”. Aunque remarcó la “benevolencia” del gobierno estatal al proponer esta medida, Buganza insistió en que los acusados “cometieron un serio daño a la sociedad”, al difundir mensajes a través de las redes sociales el 25 de agosto pasado que generaron “histeria colectiva y psicológica a los padres de familia que fueron a recoger a sus hijos ante posibles atentados”. Para el senador Castellón la nueva actitud del gobierno de Duarte “parece equivocada”, ya que ahora pretende salir del problema que ha generado a nivel internacional al haber acusado a estas dos personas del delito de terrorismo equiparado, “la cual es desproporcionada, absoluta y totalmente fuera de contexto”. Luego de acudir al penal de Pacho Viejo, donde se le negó la entrada para visitar a los dos procesados, el senador perredista consideró que el gobierno del estado debería quitar los cargos imputados a los dos tuiteros, por lo que la iniciativa de reforma anunciada este día “es una salida desesperada ante la presión internacional que este caso ha generado”. Subrayó, “nadie puede ser afectado por la retroactividad de una ley, porque lo que están pidiéndoles es que se declaren culpables de perturbar el orden público para que puedan salir bajo fianza de un delito que todavía no existía cuando supuestamente lo cometieron”. Jesús Robles, de la Academia Mexicana de Derechos Humanos, refirió, por su parte, que en este caso hay un principio fundamental en derecho penal que señala “no hay crimen si no hay ley” y, en este sentido, “se plantea una propuesta para penalizar la alteración del orden público para que después encuadran esta conducta que no existía cuando estas personas fueron detenidas”. “Cualquier legislación en México, como en todo el mundo, tiene la característica de que no es particular, sino general y legislar para hechos concretos es manipular las instituciones del Estado mexicano; y en este caso, evidentemente sería una aberración jurídica”, subrayó el también integrante del Colectivo MX integrado por usuarios de las redes sociales. El gobierno del estado, consideró, “en lugar de legislar al vapor y construir adefesios jurídicos debería retirar los cargos y aceptar la propuesta de la comunidad de redes sociales para que juntos construyamos un mecanismo eficaz, proactivo y auto moderado para avisar a la población de los hechos de violencia que oculta la propia autoridad y los medios convencionales”. Por su parte, la representante del despacho Ordoñez, Ordoñez y Téllez, Abogados Asociados, Claribel Pérez, adelantó que continuarán con el proceso jurídico luego de que un juez de Distrito le dio entrada al amparo solicitado por sus clientes, “porque no hay suficiente sustento para acreditar que cometieron los delitos señalados en su contra”. Además, precisó, ninguna ley se puede aplicar de manera retroactiva en perjuicio de una persona y, por lo tanto, “no vamos a acogernos a esa nueva propuesta porque al momento que se suscitaron los hechos por los que se les detuvo, no estaba tipificado en el código penal y entonces sería aceptar que ellos cometieron un ilícito inexistente hasta ahora como es el de perturbación social”. Por la tarde, el gobernador Javier Duarte reconoció que cuando fueron detenidos los dos tuiteros el estado de Veracruz carecía de un “ordenamiento legal” donde se pudieran tipificar los rumores que difundieron sobre supuestos ataques contra escuelas del puerto jarocho. “Desde que esas dos personas cometieron ese agravio a la sociedad con una conducta que evidentemente causó daños a terceros, no teníamos un ordenamiento legal adecuado donde pudiéramos tipificar esa acción”, reconoció Duarte luego de reunirse con un grupo de empresarios en el restaurante Villa Rica, donde el sábado pasado se suscitó una balacera. Al ser cuestionado en torno al caso de los tuiteros presos, aclaró que “fue por ello que buscamos el artículo que tipificara de manera más puntual esta acción, que fueron los 311 y 313 del Código Penal que tipifica el terrorismo”.