Ante el temor de nuevos atentados terroristas Washington reestructuró sus instituciones, emitió leyes e impuso medidas a gobiernos y empresas con un objetivo: garantizar la seguridad de su territorio y preservar sus intereses en el extranjero. Su obsesión lo llevó al extremo de restringir las libertades civiles de sus ciudadanos y violar en todo el mundo el derecho internacional y los derechos humanos. Pueblos de otros países y el suyo propio pagaron los costos de su paranoia. WASHINGTON (Proceso).- Los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 dieron pie a la imposición unilateral de medidas extremas de vigilancia de Estados Unidos, exhibieron lo vulnerable de sus medidas de seguridad y acabaron con el mito del poder indestructible. Después de los ataques se impusieron medidas de vigilancia en todo el mundo y vinieron las invasiones de Afganistán e Irak. Los promotores de la “guerra de la venganza” –el expresidente George W. Bush y el exvicepresidente Dick Cheney– violaron acuerdos internacionales y las garantías fundamentales hasta de sus propios ciudadanos. El uso de aviones comerciales como armas para destruir las Torres Gemelas en Nueva York y una de las cinco caras del Pentágono hizo que Washington impusiera nuevos y rigurosos mecanismos de supervisión de pasajeros en todos los aeropuertos del país. A los ojos de Bush y Cheney, todo pasajero era un terrorista en potencia. La paranoia que surgió entre la sociedad estadunidense y la sed de venganza de Bush provocada por la exhibición ante el mundo de la vulnerabilidad de su país sentaron las bases para el diseño, estructuración y aplicación de medidas de seguridad extremas que poco a poco se fueron replicando en casi todos los países. El 26 de octubre de 2001, 35 días después de la tragedia que sacudió al mundo, el Congreso estadunidense envío a Bush una iniciativa para que con su firma se volviera ley. Ese día, con la rúbrica del primer mandatario, nació la Ley Patriótica o Acta Patriótica (AP), que autoriza a la Casa Blanca a violar los derechos civiles de sus ciudadanos y de los extranjeros con el pretexto de prevenir atentados. Primero la frontera El AP sirvió para que Bush y Cheney definieran un nuevo modelo de resguardo de la seguridad nacional al catalogar a todos los individuos (en particular los extranjeros) como presuntos terroristas. A lo largo de la frontera con México, Estados Unidos aplicó los primeros cambios de protección a la seguridad nacional definidos en el AP. El primer paso fue dar a todas las agencias federales encargadas de la aplicación de esa ley –FBI, CIA y Pentágono– autorización para eludir las restricciones legales a fin de intervenir todos los sistemas de comunicación con énfasis en las llamadas telefónicas internacionales. A lo largo de los poco más de 3 mil kilómetros de su frontera sur, los sistemas de espionaje se concentraron en intervenir todas las comunicaciones electrónicas y telefónicas que entraban de México y a revisar personas y mercancías en los cruces fronterizos. Bush quería sellar y cerrar la frontera con México por el temor de que entre los inmigrantes indocumentados se colara algún extremista islámico. El AP autorizó la creación de 72 centros de fusión: oficinas de espionaje donde se concentraron decenas de efectivos de todas las agencias de inteligencia militar y civil. El espionaje antiterrorista aprovechó las tecnologías más avanzadas en colaboración con los grandes conglomerados privados de la industria de la comunicación para intervenir a escalas nacional e internacional todas las llamadas telefónicas, comunicaciones por internet y vigilar por satélite y con aviones militares la fronteras. De los 72 centros de fusión, 47 están en áreas limítrofes con México. El control de la frontera con México se intensificó también con la asignación de más agentes. Bush reasignó a dependencias federales, como la DEA y el FBI, tareas de vigilancia fronteriza para prevenir el ingreso de presuntos terroristas y en especial personas que por su “aspecto físico” se pudieran considerar “de origen árabe”. En los primeros meses de 2002, por el temor a que desde territorio mexicano ingresaran terroristas “disfrazados” de indocumentados, el Congreso aprobó la Ley de Seguridad de la Frontera con México. Ésta aumentó el número de agentes de migración y aduanales encargados de vigilar la frontera. Se autorizó la construcción de muros de concreto y vallas de acero en Arizona, California, Texas y Nuevo México. También se instaló el llamado “muro fronterizo virtual”: sensores, cámaras y satélites, así como el uso de aviones no tripulados que hasta la fecha sobrevuelan territorio mexicano para prevenir el ingreso ilegal de personas. Además los departamentos de Justicia y del Tesoro fueron autorizados a acceder a documentos privados de personas y entidades, incluyendo expedientes médicos y financieros. El Departamento del Tesoro en particular violó el secreto bancario y comenzó a regular transacciones financieras. A las autoridades migratorias se les dio la orden de detener y deportar a inmigrantes que por su apariencia fueran considerados “sospechosos de ser terroristas potenciales”. Una vez establecido el primer paso de un mejor control de las fronteras, Bush y Cheney comenzaron a violar los derechos civiles de los estadunidenses con la intervención de las llamadas telefónicas, las comunicaciones por internet y con la instalación en lugares públicos de cámaras y micrófonos ocultos. La paranoia gubernamental sentó su base en que los 19 integrantes de Al Qaeda que secuestraron los cuatro aviones con que atacaron Nueva York, Washington y Pensilvania, entraron a Estados Unidos con visa y con los medios de comunicación más elementales coordinaron el ataque. A todas las aerolíneas estadunidenses se les ordenó instalar puertas blindadas en las cabinas de los pilotos y que marshalls federales armados y encubiertos se confundieran entre los pasajeros. En todos los aeropuertos estadunidenses se incrementó el número de agentes federales encargados de revisar minuciosamente los equipajes. Cualquier pasajero que hasta en broma pronunciara las palabras “bomba o terrorismo” sería considerado presunto terrorista y detenido para ser interrogado por el FBI. Si las palabras prohibidas se pronunciaban en pleno vuelo, el avión era desviado hacia puntos aéreos “seguros” o aterrizaba en aeropuertos donde la paranoia se transformaba en suspensión de vuelos y cierre total de pistas. Bush mandó agentes del FBI a puertos aéreos de países como México, Francia, Gran Bretaña y casi todos los del mundo árabe; con o sin autorización de las autoridades locales los agentes se dedicaron a observar el abordaje de pasajeros en vuelos a Estados Unidos. Se obligó a las aerolíneas locales e internacionales a entregar a las agencias federales las listas de pasajeros presuntamente para prevenir el ingreso de terroristas. El gobierno estadunidense también revisaba las listas de pasajeros de vuelos nacionales e internacionales en Europa, Asia y parte de África y Medio Oriente para frenar cualquier intento de grupos terroristas de replicar los ataques del 11 de septiembre. Incluso Washington creó una “lista negra” de personas que tenían prohibido volar en cualquier parte del mundo. Seguridad interna La necesidad de coordinar y controlar las nuevas medidas de seguridad, y debido a la ausencia de un ente federal a cargo de ello, el Capitolio aprobó la propuesta de la Casa Blanca de crear una dependencia federal: el 25 de noviembre de 2002 nació el Departamento de Seguridad Interior (DHS, por sus siglas en inglés) cuya responsabilidad principal es trabajar dentro de la esfera civil para proteger a Estados Unidos dentro y fuera de sus fronteras. El 1 de marzo de 2003, esa dependencia absorbió las tareas de las agencias encargadas de vigilar sus fronteras. Dentro del DHS se formaron el Buró de Servicios Migratorios y Aduanales, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza y el Servicio de Protección Federal que funge como una especie de centro de coordinación de programas de protección a la seguridad nacional encargado de coordinarse con todas las demás agencias federales de inteligencia. Con más de 20 mil empleados y un presupuesto de unos 90 mil millones de dólares al año, el DHS se convirtió en la tercera secretaría de Estado más grande de Estados Unidos. Se crearon identificaciones personales “únicas”, como las licencias de manejo, en todos los estados de la Unión Americana, que contiene por medio de cintas magnéticas las huella digitales y la lectura del iris de cada ciudadano estadunidense, medidas que también se aplicaron a los pasaportes en Estados Unidos y luego en varios países más. En los puntos de ingreso a Estados Unidos, los agentes de migración y los de aduanas instalaron máquinas para ver el iris de los ojos de todas las personas antes de autorizar su entrada. Una vez sentadas las bases de la nueva estructura para defender y garantizar la seguridad nacional de Estados Unidos, Bush dio el banderazo para que sus agencias de espionaje comenzaran a violar de manera sistemática los acuerdos internacionales y los derechos humanos en todo el mundo. La CIA, el FBI y el Pentágono –sobre todo este último– instalaron en varios países de Europa y Medio Oriente bases secretas para interrogar a extranjeros o hasta estadunidenses de origen extranjero, a quienes secuestraba y detenía por simple sospecha o por su aspecto físico. En estas prisiones civiles y militares secretas, ciudadanos de varios países fueron sometidos a interrogatorios y torturas. Estados Unidos se volvió uno de los países que más violan los derechos humanos. En el ambiente de terror y paranoia que nació en Estados Unidos por los ataques del 11 de septiembre y por las medidas de seguridad aplicadas por Bush, el 12 de marzo de 2002 –antes de crear el DHS– se definió un código de riesgos y alertas sobre posibles atentados terroristas. Este código usó un sistema de cinco colores para advertir y prevenir a los estadunidenses. El verde, para un nivel de riesgo bajo; el azul para el medio, el amarillo para el elevado, el anaranjado para el alto y el rojo para el severo. El código fue usado sin justificación o con información falsa, lo que aumentó el nivel de paranoia. Cada 11 de septiembre o en Navidad o Año Nuevo, se imponía automáticamente el color anaranjado. Poco a poco los estadunidenses y los extranjeros se fueron acostumbrado a la violación de sus derechos civiles y al sometimiento de revisiones de seguridad extremas que en los primeros cinco años, después de los atentados, el mundo ya había asimilado como parte del nuevo orden global. Pero Bush y Cheney, que ya habían invadido Afganistán (octubre de 2001) e Irak (marzo de 2003), el 22 de abril de 2005 crearon la Oficina del Director Nacional de Inteligencia (ODNI). Ésta asumió el control y coordinación de todas las agencias federales de espionaje y de la información secreta que éstas obtienen. Con ese mecanismo aumentaron las medidas unilaterales de espionaje de Estados Unidos en todo el mundo y la violación de los derechos humanos.