MÉXICO, D.F. (apro).- David Romero Guillén, líder de la Iglesia de la Santa Muerte, fue condenado a 12 años de prisión por delitos electorales, entre ellos la obtención de una credencial para votar con documentos falsos. La estancia en prisión de Romero Guillén podría extenderse aún más si la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal le sigue proceso por los presuntos delitos de secuestro y extorsión, luego de que a mediados de enero pasado, agentes de esa dependencia capturaron al autodenominado obispo de la iglesia de la Santa Muerte y a nueve presuntos integrantes de una banda de plagiarios que se hacían pasar como “zetas” y cuyo líder, Gabriel Israel Peralta Martínez, El Spiderman, operaba desde la Penitenciaría de Santa Martha. En su oportunidad, el titular de la PGJDF, Miguel Ángel Mancera, afirmó que los plagiarios participaron en el secuestro de una pareja de adultos mayores que se perpetró en la delegación Magdalena Contreras, el 14 de diciembre de 2010. De acuerdo con el funcionario local, se encontró evidencia de la participación de Romero Guillén (quien en 1997 fue exhibido por la Arquidiócesis de México como falso sacerdote dedicado a defraudar) en el cobro del rescate del matrimonio, cuyo dinero fue transferido a una cuenta a nombre de su alias: Silverio Reyes Fremain Cortés. El líder del Santuario Nacional del Ángel de la Santa Muerte negó su participación en el secuestro y afirmó que personal de la Procuraduría le aplicó descargas eléctricas en “los huevos, me hundieron la cabeza en agua y golpearon. (…) estuve incomunicado, fui como un conejillo de indias…y sufrí tortura psicológica”. No obstante, el procurador capitalino aseguró que Romo Guillén recibió 25 mil pesos de la banda de secuestradores por usar su cuenta bancaria. Posteriormente, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) de la Procuraduría General de la República inició de oficio el acta circunstanciada 001/FEPADE/2011 para investigar la probable comisión de delitos electorales federales, y el 14 de enero de 2011 el Instituto Federal Electoral (IFE) presentó una denuncia por los mismos hechos.