LONDRES (apro).- Tanto las fuerzas leales al régimen del coronel Muammar el Gadafi como los rebeldes cometieron crímenes y violaciones de derecho internacional generalizados durante el conflicto vigente en Libia, abusos que en algunos casos equivalen a crímenes de guerra, y que amenazan ahora con llevar al país a una espiral de violencia sin fin. Estas son las conclusiones de un informe elaborado por Amnistía Internacional (AI) a partir de testimonios, entrevistas y documentos sobre la situación en el país de África del Norte. La investigación de 112 páginas titulada “La batalla por Libia: Homicidios, desapariciones y torturas” --publicada el pasado 13 de septiembre en Londres--, indica que los ataques de Gadafi contra manifestantes civiles conforman crímenes de lesa humanidad, mientras que las detenciones arbitrarias, tortura de prisioneros y secuestros generalizados son crímenes de guerra. La ONG exhortó al Consejo Nacional de Transición (CNT) a controlar a los grupos armados contrarios a Gadafi “para poner fin a los ataques de represalia y a las detenciones arbitrarias”; y dijo que la caída del poder del coronel libio tras 42 años de régimen dejó un “vacío institucional y de seguridad que sus fuerzas explotaron para llevar a cabo asesinatos de venganza y torturas”. Claudio Cordone, director general de AI, sostuvo en el documento que las nuevas autoridades de Libia “deben romper totalmente con los abusos de las últimas cuatro décadas y establecer nuevas normas, situando los derechos humanos en el centro de su agenda”. “El Consejo Nacional de Transición tiene ahora la responsabilidad de hacer las cosas de otra manera, poner fin a los abusos e iniciar las reformas en derechos humanos tan urgentemente necesarias”, agregó. Cordone destacó que una de las máximas prioridades “debe ser evaluar la situación del sector de la justicia y emprender su reforma, para garantizar el debido proceso y dar acceso a la justicia y a una reparación a las víctimas”. La investigación de AI encontró indicios de que durante el conflicto las fuerzas de Gadafi cometieron crímenes de guerra y de lesa humanidad como ataques indiscriminados, homicidios masivos de presos, torturas, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias. Según el informe, en la mayoría de los casos la población civil fue la que sufrió la peor parte de estas violaciones. La organización británica también documentó un brutal “ajuste de cuentas” por parte de algunos grupos rebeldes cuando las fuerzas de Gadafi fueron expulsadas de la región oriental del país, como linchamientos de soldados una vez capturados. Reveló que desde febrero, decenas de personas acusadas de ser exagentes de seguridad, leales a Gadafi o mercenarios, perdieron la vida tras su captura en la región oriental de Libia. La investigación destaca que cuando Al Bayda, Bengasi, Derna, Misrata y otras ciudades cayeron por primera vez bajo el control del CNT en febrero, las fuerzas rebeldes cometieron allanamientos de casas, homicidios y otros ataques violentos contra presuntos mercenarios, fueran africanos subsaharianos o libios negros. En el documento, AI indica que las personas extranjeras procedentes de países africanos siguen corriendo un riesgo especial, ya que entre un tercio y la mitad de las personas recluidas en los centros de detención de Trípoli y Al Zawiya son nacionales foráneos, en su mayoría trabajadores migrantes y no combatientes. La ONG recogió los testimonios de más de 200 detenidos desde la caída de Al Zawiya y Trípoli, y a partir de esas denuncias concluyó que cientos de personas fueron aprehendidas en sus casas, en el trabajo, en puestos de control o simplemente en las calles. Muchas fueron objeto de malos tratos durante la detención, y recibieron golpes de palos y culatas de fusiles, así como puntapiés, puñetazos e insultos, a veces mientras estaban esposadas y con los ojos vendados. Algunos detenidos han denunciado que les dispararon después de ser capturados. El reporte también acusó a las fuerzas leales a Gadafi de esconder tanques en áreas civiles para protegerlos de bombardeos aéreos, una práctica que según AI viola la ley humanitaria internacional y constituye un crimen de guerra, y criticó además el uso indiscriminado de minas terrestres antipersonales. Los investigadores de AI vieron cuerpos de rebeldes que tenían heridas de bala en la espalda, y estaban con las manos atadas con alambres de púa, como también videos grabados con teléfonos celulares en los que soldados de Gadafi capturan y asesinan a rebeldes. “Los responsables de la atroz represión durante el régimen de Gadafi tendrán que rendir cuentas de sus actos. Los responsables deben ser juzgados. De lo contrario no se hará justicia y se perpetuará un círculo vicioso de abusos y represalias”, subrayó Cordone. “Los libios han tenido que soportar durante décadas un enorme sufrimiento. Merecen participar en la construcción de una nueva Libia donde este tipo de abusos no se vuelvan a repetir ni a tolerar”, agregó. Entrevistada por Apro, Donatella Rovera, quien lideró el equipo de investigación que elaboró el informe de AI, y quien estuvo en Libia febrero y julio pasados, sostuvo que las fuerzas leales a Gadafi “obviamente cometieron violaciones de los derechos humanos en una escala más grande que los rebeldes, pero los rebeldes han cometido también abusos y violaciones muy serias desde los primeros días de lucha. “Estos abusos continúan y nuestra principal preocupación es que el CNT no tome pasos positivos para condenar las violaciones cometidas por sus propias fuerzas y que no exijan detener los ataques. Hasta ahora no han tomado ninguna medida concreta para impedir estos abusos y llevar a los responsables a la justicia”, indicó la experta. Para Rovera, aunque hay diferencias entre los crímenes cometidos por ambas partes del conflicto, “está claro que las fuerzas leales a Gadafi han perpetrado abusos y violaciones muy serias a la ley internacional por muchos años y décadas, previo al levantamiento de los rebeldes, y lo han hecho de una forma sistemática, centralizada y con aprobación y dirección plena por parte del liderazgo más alto del país”. Apuntó: “La situación relacionada con los rebeldes es muy complicada. Es una situación muy nueva, que comenzó en los últimos seis meses. Hay claramente una falta de autoridad central sobre los rebeldes. Hay muchos grupos armados en el este del país, en Misrata, en el oeste, y claramente ellos no están bajo un comando unificado. Queda por verse hasta qué punto la autoridad política del CNT tendrá algún control sobre estos grupos. “Si Libia busca emprender un nuevo camino y romper con las prácticas del pasado, entonces la justicia debe ser impartida ahora. No servirá si los rebeldes siguen asesinando, abusando y torturando.” Según Rovella, aunque el CNT prometió impartir justicia “esto no basta (…) Porque llegará un momento en que con sólo prometer no alcanzará. Deben dar una señal más clara acerca de que los abusos no serán tolerados y la única forma de lograrlo es avanzar hacia la justicia y la reparación de víctimas, y dejar atrás sólo esta intención en palabras”, indicó. Tras décadas de abusos, AI considera que una vez que culmine el conflicto armado, Libia necesitará de nuevas leyes de derechos humanos para llevar justicia y paz al país.