Propone Segob reforma constitucional para acatar sentencias de la Coidh

MÉXICO, D.F. (apro).- El subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Luis Felipe Zamora Castro, propuso realizar una reforma constitucional para que el Estado mexicano atienda sus compromisos internacionales, entre ellos el acatamiento de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh).

En su participación en la mesa de “Federalismo y las obligaciones de los Estados conforme a la Convención Americana de Derechos Humanos”, dentro del foro “Retos y posibilidades en el cumplimiento de las sentencias emitidas por la Coidh”, el funcionario alegó que la falta de legislación y la soberanía de las entidades “complica” la coordinación para el acatamiento de los fallos y recomendaciones del tribunal interamericano y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Como responsable de coordinar el acatamiento de las sentencias y medidas cautelares y preventivas, Zamora Castro se quejó de que carece de instrumentos legales para obligar a entidades responsables de violaciones a derechos humanos o de proteger a beneficiarios del sistema interamericano.

“Ante la falta de normatividad adecuada, debemos preguntarnos si se requiere de una reforma constitucional para atender el tema; yo en lo particular creo que debemos darle facultades al Congreso de la Unión para crear una ley general para atender los compromisos internacionales de México, no sólo del sistema interamericano, sino de los derivados de los tratados internacionales en materia comercial”, apuntó.

El funcionario federal puso como ejemplo de lo dificultoso que resulta lidiar con entidades federativas, el caso “Campo Algodonero”, sobre el asesinato de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, y en el que el pago de indemnizaciones se alargó debido a que el gobierno del estado se negó a cubrir la parte económica que le correspondía. Al final el gobierno federal asumió los gastos.

Pese a que la víspera Zamora Castro se comprometió, en nombre del gobierno de Felipe Calderón, a acatar las cinco sentencias más recientes de la Coidh, hoy declaró que el Estado mexicano “no está obligado a cumplir lo imposible”.

Explicó que se deben delimitar los aspectos de las sentencias con posibilidades reales de acatarse y reconocer aquellos aspectos que materialmente son imposibles de cumplir.

Al referirse en específico al caso de la desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco a manos de soldados del Ejército Mexicano durante la “guerra sucia”, Zamora Castro, aseguró que la responsabilidad del Estado mexicano es “demostrar que se hizo todo lo posible” para encontrarlo “vivo o muerto”.

El funcionario agregó: “¿Y si el Estado no lo encuentra? Aun habiéndose realizado todo lo que se tenga que hacer al respecto, la máxima no solamente de derecho, sino de lógica es que, a lo imposible nadie está obligado; pero a lo que sí estamos obligados y sí lo tenemos que hacer es demostrar que se hizo todo lo posible para intentar ese cumplimiento, y ya será la Corte la que determinará cuáles aspectos de la sentencia deben darse por cumplidas y cuáles son de imposible cumplimiento.”

Sobre el mismo asunto, Zamora Castro se quejó de los abogados de la familia Radilla por no aceptar las indemnizaciones dictadas por la Corte Interamericana en 2010, y colocar a la Segob en una situación administrativa “muy complicada”, porque la Secretaría de Hacienda “aplicó la ‘barredora”, es decir, recogió los recursos no aplicados.

Agregó que para el Presupuesto de Egreso de 2011, la Segob entró “en una dinámica administrativa, y ante la negativa de recoger los recursos fue necesario realizar una diligencia de jurisdicción voluntaria, depositar los recursos ante un juez de Distrito en materia federal, hacer la consignación de pago para cumplir la obligación que tenía el Estado mexicano”.

En su oportunidad, Julio Mata Montiel, secretario técnico de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de México (Afadem), organización de la que es vicepresidenta Tita Radilla, resaltó que la lucha de la familia Radilla no es por una indemnización, sino “por los más de 400 desaparecidos que, como Rosendo Radilla, fueron vistos por última vez en el cuartel militar de Atoyac”.

Además, reclamó que el gobierno federal haya publicado en edictos avisos con los montos de las indemnizaciones para que los familiares recojan los recursos en el Juzgado de Distrito, “lo que ha puesto a la familia en un riesgo, pues han recibido llamadas amenazantes de secuestro y, para colmo, se les exige que asuman que Rosendo está muerto para recibir los recursos, y eso nunca lo va a hacer la familia”.

Señaló que no se han realizado investigaciones efectivas para la localización de Radilla; e insistió en que no se ha llamado a declarar a militares presuntamente involucrados en las desapariciones.

El primer visitador de la Comisión de Defensa de Derechos Humanos de Guerreo (Coddehum), Hipólito Lugo Cortés, manifestó su preocupación de que a priori, el funcionario del gobierno de Felipe Calderón, “hable de imposibilidad de cumplimiento en un caso de desaparición forzada, negando de antemano el derecho de las víctimas y de sus familiares a la verdad, a saber qué fue de sus familiares, qué se hizo con ellos”.

En tanto, la directora del Centro de Justicia y Derecho Internacional (Cejil),  Alejandra Nuño, destacó que hace seis años organizaciones de derechos humanos y el gobierno federal durante la gestión de Santiago Creel trabajaron en la iniciativa de la Ley de Cooperación con el Sistema Interamericano que regularía el cumplimiento de sentencias, para la aplicación de medidas cautelares y preventivas, así como consultas.

Además, comentó que la propia reforma constitucional en materia de derechos humanos, que eleva a rango constitucional los tratados internacionales que contengan estos principios, daría pauta para reglamentar el cumplimiento de los compromisos del Estado sin necesidad de recurrir a la reforma propuesta por el funcionario.

En respuesta, Zamora Castro, visiblemente molesto, insistió en el compromiso de cumplir las sentencias de la Coidh y le pidió a Nuño que en la relatoría del evento quedara constancia que “uno de los retos que debemos superar en estos temas es la eterna desconfianza entre autoridades responsables del cumplimiento y defensores, la desconfianza mutua”.

Concluyó que no se cumplirán los fallos y recomendaciones  internacionales si no se construyen consensos porque “las sentencia de la Corte Interamericana y las recomendaciones de la Comisión (Interamericana de Derechos Humanos), van mucho más allá del caso concreto” de Radilla. Su principal valor es, agregó, construir situaciones que permitan evitar la repetición de estos hechos.

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