MÉXICO, D.F. (apro).- El presidente Felipe Calderón solicitó hoy al Senado de la República eliminar una reserva –conocida como declaración interpretativa— impuesta en la firma del Pacto de San José sobre la protección de la vida desde el momento de la concepción. La iniciativa del presidente Calderón coincide con el análisis que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) realiza a las reformas legales en Baja California y San Luis Potosí sobre la protección de la vida desde el momento de la concepción, conocidas como “leyes antiaborto”. Calderón envió su iniciativa al Senado, luego de que el ministro Luis María Aguilar planteó en su proyecto ante el pleno de la SCJN que sólo la Constitución General de la República puede definir los derechos fundamentales, y si ésta “no define el momento a partir del cuál se inicia la vida”, un estado de la Federación “no puede hacerlo”. Las constituciones estatales, puntualizó, sólo pueden establecer la instrumentación operativa de las garantías previstas a nivel federal, pero no crear otras, pues esto lleva a un sistema federal “desarticulado y caótico”, donde basta con cruzar la frontera de un estado a otro para que cambie la definición de la vida. Ante esta postura, Calderón propuso hoy al Senado que elimine la “declaración interpretativa” sobre el aborto que mantuvo México desde que ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como el Pacto de San José en 1981. La eliminación de tal declaración, de acuerdo con las normas internacionales obligaría al Estado mexicano asumir la defensa de la vida desde el momento de la concepción, como lo establece el Pacto de San José, pues los tratados internacionales firmados por México, según la SCJN, están al mismo nivel de la Constitución. Esta noche, a través de un comunicado, la Presidencia de la República anunció que someterá a la consideración del Senado, la eliminación de la reserva al párrafo 1 del artículo 4 de dicho tratado internacional: “Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie podrá ser privado de la vida arbitrariamente”, establece el mencionado precepto. En 1981, cuando notificó su adhesión a la Convención, México estableció que la citada disposición no obligaba al Estado mexicano a legislar para proteger la vida desde la concepción. “(El Estado mexicano) considera que la expresión en general no constituye obligación de adoptar o mantener en vigor legislación que proteja la vida a partir del momento de la concepción ya que esta materia pertenece al dominio reservado de los Estados”, establece la Declaración Interpretativa. Una declaración interpretativa, es un tipo de reserva que se contempla en el derecho internacional para que un estado parte, pueda poner excepciones a un tratado internacional. En este caso, al adherirse al Pacto de San José, México declaraba entre otras reservas, la conservación de su derecho a prever excepciones en sus leyes nacionales, como en el caso de los excluyentes de responsabilidad en casos de aborto. El comunicado emitido hoy por la Presidencia de la República, advierte que con la promulgación de las reformas constitucionales que entraron en vigor el pasado 10 de junio, los tratados internacionales en materia de derechos humanos suscritos por el país, tienen el mismo nivel de protección que los contenidos en la Constitución. A partir de ese razonamiento, la Presidencia declara que no tiene sentido mantener la Declaración Interpretativa. Añade que al retirar la mencionada reserva no se adquieren nuevos compromisos más allá de los contraídos al suscribirse al Pacto de San José. Además de que –con la misma lógica jurídica de la Declaración Interpretativa—considera que la expresión “en general”, permite que las legislaciones, penal y civil ordinarias del país, puedan preservar en concreto agravantes, atenuantes o excluyentes de responsabilidad respecto a los tipos penales que tutelan el derecho a la vida, respetando la soberanía de los congresos locales. Es decir, que no altera el orden jurídico vigente en materia de aborto ni implicará que deban hacerse modificaciones.