Equivale a censura, consideran la ONU y Artículo 19

MÉXICO, D.F. (apro).- El representante de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), Javier Hernández Valencia, reprobó la compra masiva de la edición 1821 de la revista Proceso que, en su portada, lleva la imagen de algunos de los 35 cuerpos tirados en calles de Boca del Río, Veracruz.

En tanto, la organización de defensa de la libertad de expresión, Artículo 19, calificó el hecho de “censura previa” y emitió un alerta por lo ocurrido con el reciente número de Proceso, ya que no es el primer caso de compra masiva del semanario para evitar que circule en determinadas ciudades.

El funcionario de la ONU calificó la acción contra la revista de “un acto deliberado que viola el derecho a la libertad de información”.

Hernández Valencia aclaró que “cualquiera podría decir que qué pierde Proceso si de cualquier forma empresarialmente la revista gana de forma inmediata los recursos que de otra forma le llegarían tiempo después, pero el objetivo es clarísimo de que el contenido no se lea, lo que afecta a todos los posibles lectores”.

El responsable de la OACNUDH señaló lo anterior durante la presentación del Diagnóstico sobre la situación del derecho a la libertad de expresión en la Ciudad de México, elaborado por la Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF).

Visiblemente indignado, Hernández Valencia cuestionó ante los participantes en el acto: “¿En qué país estoy trabajando?”, cuando detallaba las imágenes de terror de la semana pasada en Veracruz o recientemente en Acapulco, Guerrero, donde también fueron arrojados cuerpos desmembrados en la vía pública.

Su molestia creció al abordar el tema de la violencia contra los periodistas durante los últimos once años de gobiernos panistas.

“La característica de estos informes (sobre libertad de expresión) es que cada vez se incrementa el número de víctimas, y tal vez no habría tanto problema, si a la par del crecimiento viéramos datos sobre el esclarecimiento de los casos anteriores, pero no es así, las cifras se van acumulando”, denunció.

Cuando la gente pregunta por qué mueren reporteros en México, continuó, “yo les digo no mueren, los matan, y no los matan las amantes despechadas, sino miembros del crimen organizado, integrantes de los poderes locales, de los poderes fácticos, algunos incluso con la complacencia de lo gobiernos locales o estatales”.

Hernández Valencia lamentó que a pesar de que los lineamientos del derecho internacional indican que en casos de periodistas agredidos o asesinados, la primera línea de investigación es su trabajo, en México es una hipótesis que no abordan las autoridades encargadas de investigar o dejan el punto hasta el final.

En el acto, encabezado por el presidente de la CDHDF, Luis González Placencia, participaron también la académica Perla Gómez; Ricardo González, de la organización Artículo 19, y el periodista Javier Solórzano.

En su alerta de riesgos, Artículo 19, destacó que Proceso ha sido víctima de una estrategia para “impedir la circulación de información crítica que pone en entredicho a las autoridades locales”.

Luego citó al director de la revista, Rafael Rodríguez Castañeda, para informar que en las últimas dos semanas unos 12 mil ejemplares han sido comprados masivamente como parte de esta estrategia para impedir la circulación del semanario, en particular en los estados de Veracruz, Nuevo León, Guanajuato, Durango y Puebla.

Y recordó que situaciones similares padeció Proceso en los estados de Sinaloa y Sonora, en ediciones en las que se abordó el maridaje entre políticos y narcotraficantes.

Para la organización no gubernamental, “la compra masiva, así como el robo de ejemplares con el fin de evitar que lleguen a sus destinatarios, es una modalidad de censura previa y, en consecuencia, una violación al derecho de la sociedad a allegarse de información de interés público, tal como lo establece el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.

También hizo un llamado a los gobiernos estatales y federal para que “cumplan con sus obligaciones internacionales y garanticen la libre difusión de ideas e información”, y resaltó que “todo obstáculo o restricción realizados por personas privadas o por agentes estatales representan una violación a los principios que prohíben la censura previa”.

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