MÉXICO, D.F. (apro).- A las puertas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde se discutía la constitucionalidad de la norma que impide la práctica del aborto en el estado de Baja California, una mujer vestida de monja acusaba: “La Iglesia condena el aborto y los curas nos obligan a abortar sus hijos”. Polarizada la sociedad sobre la interrupción del embarazo, con el lema: “Que la Corte no corte la vida”, la calle de Pino Suárez fue marco de carteles en contra del ministro Fernando Franco al que llamaban “ministro de la muerte”. Finalmente, al interior del recinto, el pleno del alto tribunal validó la reforma a la Constitución política de Baja California que criminaliza la interrupción del embarazo, al no alcanzar los ocho votos requeridos para invalidarla. Al inicio de la sesión de este miércoles, el ministro Jorge Pardo Rebolledo, impulsado como miembro de la Corte por Felipe Calderón, terminó el asunto: sumado a los votos a favor de la “ley antiaborto” que ayer emitieron los ministros Guillermo Ortiz, Salvador Aguirre y Margarita Luna, el suyo fue decisivo. En su ponencia, Pardo sostuvo que el derecho a la vida es “inherente” a la persona humana. “Desde mi perspectiva, nuestra Constitución federal sí reconoce como titular de derechos al producto de la concepción per se, con independencia de los derechos de la madre”. Validó su postura en tratados internacionales como la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, del que citó su artículo 2°: “Cuando se castiga, se señala la matanza de miembros de un grupo y la adopción de medidas destinadas a impedir los nacimientos”, refirió Pardo. En contra de la ley que impide la interrupción del embarazo, votaron los ministros Fernando Franco, José Ramón Cossío, Olga Sánchez, Sergio Valls, Luisa María Aguilar, Arturo Zaldívar y el presidente Juan Silva Meza. Ellos se pronunciaron en favor de los derechos de las mujeres, tales como el derecho a decidir libremente sobre el número y espaciamiento de sus hijos; la dignidad humana, “específicamente cuando se trata de la dignidad de la mujer que le da la posibilidad de ser madre y no ser jamás considerada un instrumento reproductivo simplemente”; el derecho a no ser penalizadas por la comisión del delito de aborto en determinadas circunstancias; el derecho a que se otorgue un periodo en el que la mujer pueda decidir libremente si desea continuar el embarazo, entre otros. El ministro Arturo Zaldívar dijo que hay derechos fundamentales de la mujer a la interrupción del embarazo establecidos en la Constitución y en tratados internacionales firmados por México. Dijo estar a favor de la vida “digna”, en libertad. “Criminalizar a la mujer no es la solución; condenarla a la cárcel, a la clandestinidad, a poner en riesgo su salud, su vida, me parece profundamente injusto, profundamente inmoral y profundamente inconstitucional”, precisó. En su descargo, Zaldívar aclaró que es un falso que se debata quién está a favor de la vida y quién está a favor del aborto: “Todos estamos a favor de la vida. El aborto no es un deporte o un hobby para las mujeres, es un drama humano al cual llega la mujer en situaciones que muchos de nosotros ni siquiera podemos imaginar.” Recordó que en México la educación sexual es insuficiente, que hay “graves” problemas de pobreza y marginación, “en donde las mujeres inician su sexualidad en muchos casos violadas, presionadas por el entorno o por su pareja. “Este asunto tiene una gran trascendencia para millones de mujeres, sobre todo porque son las más pobres, las que no tienen recursos, las que no tienen cultura, las que al final pierden, en estos casos, lo que es no solamente profundamente injusto sino abiertamente discriminatorio y, por tanto, inconstitucional”, concluyó el ministro de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar. Al terminar la sesión, a un costado de palacio Nacional, un grupo de personas agradecía hincado, rosario en mano, por “iluminar” a los magistrados. En contraparte, se escuchaba en canto: “Saquen sus rosarios de nuestros ovarios”. Una manifestante abordó al reportero: “La Corte no cumplió su obligación de hacer valer un Estado laico. Y Calderón no tenía por qué pronunciarse para presionar a la Corte, metiéndose con los derechos de la mujer. Si tanto dice defender la vida, que detenga la masacre que empezó con su guerra de 50 mil víctimas”.