MÉXICO, D.F. (apro).- Casi simultáneamente a la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que avaló la ley que protege la vida desde el momento de la concepción en Baja California, Amnistía Internacional (AI) consideró que restringir el acceso a los derechos sexuales y reproductivos pone en grave peligro los derechos humanos de mujeres y niñas. “Forzar a una mujer o niña violada a continuar con un embarazo es cruel, inhumano y degradante”, puntualizó AI en el marco del Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe (que se conmemora este miércoles). El organismo internacional convocó a los gobiernos del continente a “promover con urgencia planes concretos que aseguren el acceso a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y niñas”. Asimismo, manifestó su apoyo a la campaña regional por la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe bajo el lema “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir”. De acuerdo con AI, en una región donde la gran mayoría de países son Estados parte de la Convención de Belem do Pará (Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer), resulta “vergonzoso” que cuando una mujer o niña queda embarazada a consecuencia de una violación el Estado la obligue a continuar con el embarazo. Antes de enfrentarse a ser obligadas a seguir con un embarazo, advirtió, algunas de esas víctimas intentan suicidarse. En ocasiones toman otras medidas desesperadas e intentan practicarse un aborto por sí mismas, agregó. “Es así como cientos de abortos ilegales e inseguros ocurren cada día, y mujeres y niñas sufren serias consecuencias que incluso llegan a significar la pérdida de su vida”, puntualizó. En un pronunciamiento público, la organización de defensa de derechos humanos indicó que en la región más desigual del mundo, “estas medidas desesperadas afectan principalmente la vida de las mujeres y niñas que viven en la pobreza. ¿Es que sus derechos humanos no merecen igual protección ante la ley?”, cuestionó. Amnistía Internacional destacó que algunos lugares de la región han reconocido las graves violaciones de derechos humanos que resultan cuando el acceso al aborto seguro y legal se prohíbe o se restringe. Sin embargo, aun con esos avances, “la triste realidad en la región es que todavía existen leyes que castigan el aborto, y aunque en la mayoría de los países está permitido en ciertas circunstancias, con frecuencia esta legislación no se cumple en la práctica, lo que conlleva graves consecuencias para mujeres y niñas”, apuntó. Mientras tanto, los ministros de la SCJN determinaron que seguirá vigente el artículo 7 de la Constitución de Baja California, que protege la vida desde el momento desde la concepción y otorga al no nacido todos los derechos de una persona. Tras conocer la resolución, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal lamentó que no se hubieran logrado los ocho votos necesarios para garantizar la vigencia de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en México. “Con la resolución de acción de inconstitucionalidad 11/2009, la SCJN perdió una oportunidad histórica de proteger de forma integral y definitiva los derechos humanos de las mujeres en nuestro país”, señaló en un comunicado.