MÉXICO, D.F. (apro).- La Procuraduría Fiscal, de la Secretaría de Hacienda (SHCP), presentó una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República (PGR) por la presunta falsificación de los decretos del Congreso de Coahuila, con los cuales el gobierno estatal contrató dos créditos por 3 mil millones de pesos.} Funcionarios de Hacienda entregaron la denuncia por escrito ante la Subprocuraduría de Delitos Federales de la PGR, instancia que revisará la documentación presentada por la Procuraduría Fiscal y comenzará con la investigación correspondiente. La querella se interpuso en contra de quien resulte responsable por el delito de falsificación de documentos, derivado de la presentación de documentación apócrifa. Se trata de la segunda denuncia que presenta la autoridad fiscal por estos hechos, que se atribuyen a colaboradores del hoy presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Humberto Moreira. En agosto, el entonces titular de la SHCP, Ernesto Cordero, destacó que la dependencia a su cargo ya había presentado una primera querella en contra de los probables implicados, entre los que se encontrarían funcionarios estatales y dos federales. De acuerdo con una investigación del diario Reforma, Héctor Javier Villarreal, hasta agosto pasado secretario ejecutivo del Sistema de Administración Tributaria (SAT) de Coahuila, fue quien firmó los expedientes con los que se tramitaron los créditos ante la Unidad de Coordinación de Enlace con Entidades Federativas de la SHCP. Datos ministeriales apuntan a que el 14 de marzo pasado Villarreal pidió registrar ante Hacienda una deuda de mil millones de pesos para "programas de inversión y obra pública", y remitió al decreto 318 del Congreso local, publicado en el Diario Oficial el 12 de julio de 2010, por el que presuntamente se autorizaba a contratar ese crédito. El 29 de marzo pasado, el funcionario estatal solicitó registrar otro adeudo por 2 mil millones de pesos a 15 años, destinado a la Comisión Estatal de Agua; y para ello comprometió 6.5% de las participaciones federales y creó un fideicomiso a través de Banco Santander. Sin embargo, el problema fue que en ambos casos Hacienda estimó que eran apócrifos los decretos del Legislativo de Coahuila. El primero no se publicó en la fecha que se dice ni corresponde a la autorización de deuda, ya que ese día ni siquiera hubo publicación oficial. En el segundo caso, que refería al decreto 476 publicado el 14 de octubre de 2010 en el Diario Oficial, los errores eran de hecho dos: En esa fecha, el Diario Oficial no incluyó el decreto 476, sino una autorización para crear la oficialía civil número 40 y el decreto con el número en cuestión se publicó hasta el 19 de abril de este año, pero no estaba vinculado al adeudo, sino a la designación de una regidora del ayuntamiento de General Cepeda.