SAN DIEGO (apro).- Inmediatamente después de que la juez federal Sharon Lovelace Blackburn decidió dejar casi intacta la ley antiinmigrante HB56, de Alabama, el gobernador de ese estado, el republicano Robert Bentley, no pudo más que expresar su satisfacción. “Ahora podemos decir, con toda seguridad, que tenemos la ley antiinmigrante más dura de Estados Unidos”, dijo eufórico durante una conferencia de prensa en Montgomery, capital de esa entidad, el pasado 28 de septiembre. A pesar de que en fallos anteriores la Corte Federal había reconocido la facultad exclusiva del gobierno federal para aplicar las leyes migratorias, en esta ocasión la juez rechazó la petición del Departamento de Justicia de bloquear las clausulas más controversiales de la ley, como aquellas que permiten a la policía detener a cualquier persona y revisar su estatus migratorio o las que obligan a las escuelas a verificar el estatus migratorio de los niños. En su argumentación, presentada en un documento de 115 páginas, la juez explicó que no estaba de acuerdo con las decisiones adoptadas por la Corte del Noveno Distrito en los casos de los estados de Arizona y Georgia, donde el gobierno federal interpuso acciones legales que permitieron bloquear la mayor parte de las leyes antiinmigrantes y aseguró que el Congreso no ha prohibido que los Estados apliquen las leyes de migración. La ley de Alabama va mucho más allá que la SB1070 de Arizona. “Ataca cada una de las áreas de la vida de los inmigrantes indocumentados”, según dijo el principal promotor de la medida, el representante republicano por Alabama, Micky Hammon, durante la presentación del proyecto de ley, en marzo de este año. La ley fue aprobada el 10 de junio pasado, por la primera legislatura encabezada por republicanos en Alabama en más de 140 años. El Departamento de Justicia de Estados Unidos argumentó en una demanda entablada contra el estado de Alabama el 1 de agosto, que esta ley usurpa la facultad del gobierno federal para aplicar las leyes migratorias que le confiere la Constitución y pedía que al menos 10 secciones de la ley fueran eliminadas definitivamente, por considerar que provocarían persecución por motivos raciales, detenciones ilegales y la violación de los derechos civiles contenidos en la Constitución. “Esta draconiana ley firmada por el gobernador Robert Bentley es tan opresiva que incluso Bull Conor se sentiría impresionado”, dijo a Apro Wade Henderson, director de la Conferencia de Liderazgo sobre Derechos Civiles y Humanos (LCCHR, por sus siglas en inglés), refiriéndose al célebre comisionado de Seguridad de Alabama, promotor de la segregación racial en Birmingham y cuya violenta respuesta a los manifestantes en 1963 desencadenó el movimiento por los derechos civiles a nivel nacional. “La HB56 está diseñada para aterrorizar a la comunidad latina”, agregó Henderson. En su momento, los legisladores y el departamento legal de Alabama, argumentaron que el gobierno federal no ha hecho lo necesario para aplicar las leyes migratorias, por lo que ha forzado a Alabama a actuar para proteger su propia economía. Aseguraron también que al aprobar la ley, el pasado mes de junio, tan sólo cumplieron con una promesa de campaña. Expertos legales señalan que este fallo podría provocar que la Suprema Corte revise las numerosas leyes antiinmigrantes estatales que han sido bloqueadas en los últimos años, debido a que la decisión de la juez es contraria a la que expresaron jueces de Arizona, Utah, Indiana y Georgia, dice a Apro Peter Spiro, abogado de migración y maestro de la escuela de Derecho en la Universidad de Temple. Bob Dane, miembro de la Federación para la Reforma Migratoria de Estados Unidos, una organización antiinmigrante, y partícipe en la elaboración de la ley de Alabama, aseguro a Apro que la decisión de la juez Blackburn da luz verde para que otros estados promuevan sus propias leyes migratorias y para que la Corte Suprema revise las decisiones en los casos de Arizona, Georgia e Indiana. La juez Blackburn Durante este año las legislaciones de California, Florida, Nevada y Texas trataron sin éxito de implantar iniciativas como la SB1070, pero fueron bloqueadas por diferentes cortes federales, incluyendo las disposiciones que permitían que la policía revisara el estatus migratorio de los detenidos en cualquier acción rutinaria. La juez Blackburn, designada en 1991 por el presidente George H. W. Bush, decidió no bloquear la sección que autoriza a la policía a realizar revisiones de migración durante cualquier incidente de tránsito. Al apoyar esta acción, Blackburn discrepó abiertamente con el Noveno Circuito de la Corte, con sede en San Francisco, California, que anteriormente había bloqueado la misma sección de la SB1070. Asimismo, la juez dejó intacta la sección que pide sanciones contra los empleadores que contraten a inmigrantes indocumentados. También se negó a bloquear la disposición que obliga a las escuelas a revisar el estatus migratorio de los estudiantes y apoyó la anulación de contratos hechos con inmigrantes indocumentados. Por otro lado, la juez bloqueo la medida que prohibía transportar, ayudar, cuidar, proteger o alimentar a indocumentados. Con esto Blackburn desactivó la oposición a la ley presentada principalmente por organizaciones religiosas, que aseguraban que la ley les impedía ejercer su ministerio. La magistrada también bloqueo partes de la ley que impedían a los inmigrantes indocumentados solicitar trabajo en el estado y eliminó la sección que imponía multas a las personas que contrataran jornaleros en la vía pública. Aunque Blackburn se rehusó a bloquear la mayoría de las secciones relacionadas con los negocios, si detuvo la medida que buscaba sancionar a empleadores que contrataran a trabajadores indocumentados en lugar de ciudadanos estadunidenses. Consecuencias Para John McMillan, comisionado estatal para Agricultura e Industria, la nueva ley de Alabama ya ha tenido las primeras consecuencias directas en todo el estado. “La cosecha de arándanos, tomates y calabaza requiere una gran cantidad de mano de obra y desgraciadamente no hay trabajadores”, aseguró al periódico The Huntsville Times el pasado 28 de septiembre. La ley ha asustado no solo a los inmigrantes indocumentados, sino también a muchas familias latinas que han decidido marcharse a otros estados donde el ambiente sea menos agresivo. Y los efectos no están limitados a la agricultura, aseguró McMillan, al indicar que en la industria de la construcción la situación es similar. “Después de los tornados que asolaron el estado en abril, visité las zonas más afectadas y lo único que vi fue mano de obra hispana”, dijo McMillan. “Los granjeros me dijeron que algunas veces encuentran a personas locales interesadas en el trabajo, pero la mayoría renuncia antes de la hora de la comida, muy pocos terminan el día”, aseguró. McMillan, que es un republicano con larga militancia, asegura que los condados de Mobile y Baldwin enfrentarán una grave escasez de trabajadores para este invierno. “Los legisladores no tienen ni idea de las consecuencias que esta ley ha traído”, dijo el funcionario.