SAO PAULO (apro).- El gobierno de la presidenta Dilma Rousseff y fuerzas de derecha impidieron en una votación en el Congreso que se revise la Ley de Amnistía de 1979, sancionada por la dictadura militar. Esta votación en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados abrió una nueva polémica en torno a la creación de la Comisión de la Verdad que investigará --aunque no enviará a juicio-- a los represores que cometieron crímenes de lesa humanidad durante la dictadura (1964-1985). El miércoles 28 la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados rechazó un pedido de la diputada socialista Luiza Erundina, en una votación simbólica. Los diputados del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT) de Rousseff argumentaron que votaban en contra de abrir juicios contra los militares porque estaba en camino la creación de la Comisión de la Verdad. “La Comisión de la Verdad tratará estos temas”, dijo el diputado del PT Jilmar Tatto, al explicar el “No” del gobierno a la revisión de la ley para permitir que los represores de la dictadura sean juzgados. Brasil, al contrario de sus vecinos sudamericanos, nunca llevó adelante una recolección de pruebas de la represión ni envió a juicio a los responsables de ella. “Excluir los crímenes de lesa humanidad de la Ley de Amnistía, como tortura, asesinado y desaparición, era una gran oportunidad para hacer justicia porque la Comisión de la Verdad tendrá una acción limitada”, dijo a Apro la diputada Erundina. El PT tuvo apoyo en el “No” a la revisión de la ley, la cual fue sancionada por el dictador Joao Baptista Figueiredo (1979-1985), que permitió la apertura política en el país y el regreso de los exiliados, entre ellos el ultraderechista Jair Bolsonaro, un exmilitar conocido por reivindicar a la dictadura y quien cumple su sexta legislatura en la Cámara de Diputados. La ley de Amnistía de 1979 fue ratificada por el Supremo Tribunal Federal en 2010, que la consideró un elemento de “reconciliación” de la sociedad. Chantaje militar El rechazo a la Ley de Amnistía o de “impunidad”, como le dicen los activistas de derechos humanos, contrastó con la euforia del gobierno por la media sanción lograda en la Cámara de Diputados el miércoles 21 para la creación de la Comisión de la Verdad. Por aclamación y acuerdo entre los principales partidos oficialistas y de oposición, Rousseff pudo disfrutar de uno de sus objetivos de gobierno desde Nueva York, horas después de convertirse en la primera mujer en abrir la Asamblea General de la ONU. El proyecto de ley que entró al Senado el martes 27, donde el gobierno tiene amplia mayoría, prevé que la presidenta puede elegir a los siete miembros de la Comisión de la Verdad, incluso militares, para acopiar información y testimonios sobre violaciones de derechos humanos en el período entre 1946 y 1988 en Brasil y en el exterior. Se eligió esa fecha porque abarca el período entre las últimas dos reformas constitucionales, pero en ningún momento el texto habla de dictadura, ni cita las fechas de la dictadura, aparentemente una exigencia de los militares. Para Cecilia Coimbra, integrante del reconocido Grupo Tortura Nunca Más, con sede en Rio de Janeiro, “el texto de la Comisión de la Verdad preserva a los militares" y muestra “cómo han cedido” Rousseff y el expresidente Luiz Lula da Silva. Rousseff fue guerrillera, presa política y víctima de torturas de la dictadura. Lula era sindicalista y condujo las mayores huelgas generales contra el régimen. “Dilma está manchando su historia, cediendo ante los militares, ante la derecha que fue el apoyo civil a la dictadura”, dijo Coimbra. Recordó que cuando a fines de 2009, durante el gobierno de Lula, se creó el proyecto de la Comisión de la Verdad, los jefes de las Fuerzas Armadas amenazaron con renunciar y causar una crisis institucional si ese ente tenía carácter punitivo. “Los militares chantajearon a Lula y Lula aceptó ese chantaje", dijo Coimbra. Para la activista, que históricamente simpatiza con el PT, “la elección de Lula y de Dilma fue posible claramente debido a las alianzas con personas y partidos que respaldaron a la dictadura”. Tras su regreso de Nueva York, Rousseff dijo que la media sanción del Congreso a la Comisión de la Verdad “es buena para Brasil y para su imagen internacional”. De todos modos la oposición derechista en el Congreso intentó minimizar al máximo el impacto sobre los militares. “Dilma fue guerrillera, participó en acciones armadas, seguro que quiere que esos papeles aparezcan. La guerrilla brasileña fue financiada por China, Corea del Norte y Cuba”, disparó el exmilitar Jair Bolsonaro, diputado de la extrema derecha del Partido Progresista (PP), abucheado por sus pares. “Esta Comisión no es para abrir heridas, es para cerrarlas, para saber qué pasó durante el período, de los desaparecidos, ejecutados, detenidos, torturados”, contestó el diputado Domingos Dutra, del gobernante Partido de los Trabajadores (PT). “Este proyecto hay que defenderlo para saber lo que ocurrió, Dilma es una víctima del terrorismo de Estado. Queremos saber la verdad, que sea bienvenida la verdad”, dijo el diputado y excomisario de la policía federal Protógenez Queiroz, del oficialista Partido Comunista do Brasil (PCdoB). En el debate fueron puestos como ejemplos las comisiones formadas para investigar violaciones a los derechos humanos en Argentina, Perú, Chile, Guatemala y El Salvador.