TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- De 2009 a la fecha, al menos 137 mujeres, de las cuales 70 de ellas son menores de edad y migrantes, han sido “rescatadas” en esta entidad de la explotación sexual y laboral en fincas bananeras, bares, cantinas y demás prostíbulos de Chiapas, principalmente en las ciudades fronterizas con Guatemala. En un informe dado a conocer por la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas (PGJE) la tarde del pasado domingo 2, se dio a conocer que, desde que se tipificó el delito de trata de personas en el Código Penal del Estado de Chiapas y se creó la Ley para Combatir, Prevenir y Sancionar la Trata de Personas en el Estado de Chiapas, se desplegaron diversos operativos en toda la entidad en centros de explotación sexual y laboral. El titular de esa dependencia, Raciel López Salazar, dijo que en ese lapso se han abierto 46 procesos penales contra 143 personas detenidas como presuntos responsables de trata de personas con fines de explotación sexual y laboral. De ellos, dijo, 79 son hombres y 64 mujeres, y 120 son de origen mexicano, cinco guatemaltecos, siete hondureños y 11 de diversas nacionalidades. Al menos ocho personas sentenciadas por este delito y se encuentran ya purgando su sentencia en los penales de Chiapas, dijo López Salazar. Entre las víctimas “rescatadas”, comentó que se encuentran 131 mujeres y seis hombres, 76 de ellos de origen mexicano, 27 hondureños, 14 guatemaltecos, tres salvadoreños y 17 de otras nacionalidades. Lo más inquietante es que al menos 70 víctimas tienen entre 12 y 17 años de edad. López Salazar informó que en los últimos días el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Motozintla, en el Expediente Penal 114/2010, dictó sentencia condenatoria en contra de Karen Julissa Vallecillo Castro y Estefani Jazmín Ramos Munguía y/o Estefani Jazmín Vázquez Mejía, por el delito de trata de personas en agravio de tres menores de edad, por lo que les fue impuesta una pena de prisión de 27 años a cada una. De acuerdo a las investigaciones realizadas por la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos Cometidos en Contra de Inmigrantes, ambas se dedicaban a enganchar a menores centroamericanas. Las ahora sentenciadas actuaron en complicidad con Ricardo Pinto López, propietario del bar “El Titanic”, ubicado en la comunidad Chamic, municipio de Frontera Comalapa. López Salazar agregó que el modus operandi consistía en contactar a jóvenes centroamericanas en sus países de origen, a quienes ofrecían un trabajo seguro y cuantiosas prestaciones económicas. Sin embargo, “con el paso del tiempo las coaccionaban a mantener relaciones sexuales en contra de su voluntad, cobrando cantidades que oscilaban entre los 300 y 500 pesos por relación, dinero que era manejado por el propio establecimiento”. En caso de negarse, sostuvo el funcionario estatal, las menores eran castigadas pasando días enteros sin comer, siendo amenazadas con ser entregadas a las autoridades migratorias para que fueran deportadas a sus naciones. Explicó que derivado de estos hechos en días anteriores el Juez de la causa dictó sentencia condenatoria en contra de Ricardo Pinto López por el delito de Trata de Personas, en agravio de tres menores de edad, dos de ellas centroamericanas, por lo que le fue impuesta una pena de 27 años de prisión y multa de 121 mil pesos. Actualmente, Pinto López se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social para Sentenciados número 6, con sede en el municipio de Motozintla.