CHILE, VALPARAÍSO (apro).- El conflicto sobre la educación en Chile parece desbordarse luego de la retirada de estudiantes y profesores de la incipiente “mesa de diálogo” a la que fueron convocados por el ministro de Educación, Felipe Bulnes. El gobierno de Sebastián Piñera pretendía, a través de esta instancia, poner término a cinco meses de intensas protestas en favor de la gratuidad y del fin al lucro en la educación, que tienen semiparalizado el sistema nacional de educación pública. En la mesa de diálogo, que sesionó en dos ocasiones durante una semana, participaron dirigentes de todas las principales organizaciones movilizadas: Confederación Nacional de Estudiantes Universitarios de Chile (Confech), Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios (Cones), Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES), Federación de Estudiantes de Liceos Técnico Profesionales y Colegio de Profesores. La primera sesión se realizó el 29 de septiembre. Tuvo lugar en el Ministerio de Educación, ubicado a una cuadra de La Moneda. Se dio en un clima de máxima tensión al que no ayudó la predisposición del ministro Bulnes quien, según coincidieron los asistentes a la cita, tuvo una actitud hostil hacia los estudiantes a quienes les exigió volver a clases y acabar con las movilizaciones como condición para avanzar en el diálogo, lo que no fue aceptado por los jóvenes. Tres días después, el presidente Piñera y el ministro de Interior, Rodrigo Hinzpeter, anunciaron desde La Moneda el envío al Congreso Nacional de un proyecto de ley que busca castigar con penas de cárcel –de hasta tres años-- a quienes realicen tomas de liceos y universidades. La nueva normativa también castigaría con prisión –en caso de ser aprobada-- el bloqueo de calles y las faltas de respeto a policías, estableciendo como agravante el hecho de actuar encapuchado. Al realizar el anuncio, Hinzpeter señaló que “con este proyecto les estamos sacando las capuchas a los encapuchados”, añadiendo que “siempre le vamos a aplicar la pena más alta asignada al delito, no vamos a tener ninguna conmiseración ni piedad", aseguró. El proyecto fue rechazado por los dirigentes estudiantiles. La presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH), Camila Vallejo, expresó que “la señal que se está dando es querer romper esta mesa (…) Esperamos que esto no sea así porque nosotros tenemos la tarea de avanzar en lo que Chile necesita, que es recuperar la educación pública". Estas declaraciones las realizó en rueda de prensa realizada el miércoles 5 en la sede de la FECH, instancia en la que también promovió la realización de un plebiscito nacional organizado por actores sociales de la educación. Un día después del anuncio de Piñera y Hinzpeter, la Corte de Apelaciones de la norteña ciudad de Arica propinó un duro golpe al empeño del gobierno por acabar con las tomas: rechazó un recurso de protección presentado por Carlos López, dueño del Colegio Antonio Samoré, quien solicitaba el desalojo de dicho establecimiento que se encuentra tomado por los estudiantes. Alegó que éstos vulneraban el derecho a la enseñanza encomendado a la institución de la cual él es representante. La Corte señaló en su determinación que las conductas de los estudiantes “son el reflejo (a nivel local) de lo que ha sucedido con el movimiento estudiantil nacional secundario”, dice el fallo. Y fue más allá: señaló que dicha toma no es un delito, puesto que no existe un ánimo de apropiarse de un inmueble. En paralelo al proyecto de “ley antitomas” –como ha sido bautizado por la prensa--, el gobierno determinó la suspensión de la entrega de becas de alimentación, otorgadas por la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), a varias decenas de miles de estudiantes pertenecientes a universidades estatales que no han normalizado el calendario académico. La medida comenzó a operar desde el 1 de octubre, lo que motivó –además de las molestias asociadas-- una agudización de las protestas estudiantiles. Expresión de esto es la “olla común” que un centenar de estudiantes instalaron el 5 de octubre frente a la sede central de Junaeb, ubicada en el santiaguino municipio de Providencia. “Tenemos hambre, queremos comer, y nos han quitado la beca Junaeb”, gritaron los estudiantes. En este contexto era muy poco lo que se podía esperar de la mesa de diálogo. Y los augurios terminaron por confirmarse. El quiebre En entrevista con Apro, el representante de la Federación de Estudiantes de Liceos Técnico-Profesionales, Cristian Pizarro, da a conocer pormenores de la segunda y última reunión de la mesa de diálogo a la que no tuvo acceso la prensa: “Nosotros llegamos con expectativas porque pensamos que el gobierno iba a recapacitar, dado que después de cinco meses de conflicto, ya era hora de que cambiara su postura en favor del lucro en la educación y se abriera a los cambios que todo Chile demanda”, expone. Pizarro afirma que Bulnes, al comenzar el encuentro, lo que ocurrió pocos minutos después de las cinco de la tarde, solicitó que las distintas agrupaciones estudiantiles expusieran sus posturas reservando su planteamiento para el final. “Partió el Colegio de Profesores, luego lo hicimos los secundarios técnico-profesionales, la ACES, Cones, Confech y el Colegio de Profesores”. En su turno, la Confech hizo entrega a Bulnes de un macizo documento denominado Bases técnicas para la gratuidad en educación, donde plantea que para financiar el sector es necesario hacer una reforma tributaria y renacionalizar los recursos naturales, en particular el cobre. El representante de la Federación Mapuche de Estudiantes, José Ancalao, filtró aspectos de la reunión por medio de tweets que eran inmediatamente reproducidos por medios electrónicos. Pasadas las 20:00 horas, uno de sus mensajes reflejó la inminencia del quiebre: “Estamos angustiados y deprimidos después de ver y escuchar la propuesta del gobierno”. Y un poco más tarde: “Ministro trata hostilmente a estudiantes de la @Confech en mesa de diálogo”. Pizarro cuenta que Bulnes realizó una presentación en la que destacó el aumento en el número de becas, descartando la gratuidad en la educación. “En ese momento los estudiantes empezamos a increpar al ministro. Le expresamos nuestro malestar porque su propuesta era la misma que el gobierno viene sosteniendo hace cinco meses y le hicimos ver las discrepancias con cada punto de ese proyecto. Cuando eran ya casi las nueve de la noche, me paré y le dije que esto ya no podía seguir así. Que era una ridiculez lo que nos estaba presentando… que lo que esperábamos los estudiantes era un pronunciamiento del gobierno sobre la propuesta de gratuidad y que lamentábamos que nos respondiera con una propuesta que no significaba ningún avance”. El dirigente estudiantil relata que después de decir eso: “Tomé mis cosas, y dije que ‘con mucho respeto, en estas circunstancias no puedo seguir participando de esta mesa’ y me fui. En seguida salieron los representantes de ACES y Cones y, veinte minutos más tarde, lo hizo el Confech y el Colegio de Profesores”. Según sostiene el diario La Tercera en su edición del jueves 6, luego de que los representantes de los estudiantes de secundaria se retiraron, Camila Vallejo anunció que tampoco seguiría: “Bajo estas condiciones es imposible darle continuidad a la mesa (...). Se quiere reducir la gratuidad a la pobreza estadística", dijo. Después del fin de la reunión, el ministro Bulnes se acercó a hablar con la prensa. Culpó a los estudiantes del fracaso del diálogo y justificó su negativa a dar gratuidad en el sistema estatal de educación al expresar que "no estamos de acuerdo con que los más pobres subsidien a los más ricos", en alusión al hecho de que la gratuidad beneficiaría también a los sectores más pudientes de la sociedad que estudian en universidades públicas. Consultado respecto de los caminos que piensan seguir los estudiantes luego del fracaso de las conversaciones con el gobierno, Pizarro señala que recurrirán a organismos internacionales, como Naciones Unidas (ONU), UNESCO y UNICEF, a los que expondrán “las injusticias y vejámenes a las que somos sometidos los jóvenes chilenos por buscar educación gratuita y de calidad”. El líder estudiantil destaca que lo que buscan con la internacionalización del problema es “conseguir que haya una gran presión que haga ceder al gobierno de Chile”. Numerosos organismos internacionales, como el Banco Mundial (BM) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), ya se han pronunciado en contra del sistema educativo de Chile y el modelo de desarrollo en el éste que se inserta. El Fondo Monetario Internacional (FMI) acaba de hacer recomendaciones en ese sentido. En su último informe de perspectivas económicas para América Latina y el Caribe, difundido el miércoles 5 en Lima, Perú, recomendó a Chile aumentar los tributos a las empresas con el fin de resolver las mayores necesidades sociales expresadas en las movilizaciones del último tiempo. Un día después del quiebre de la mesa, hubo masivas y violentas manifestaciones en todo Chile. En Santiago, una marcha convocada por la Confech fue prohibida por la intendente regional de Santiago, Cecilia Pérez. Sin embargo, los estudiantes insistieron en su convocatoria, lo que derivó en violentos incidentes entre estudiantes y carabineros, mismos que concluyeron con varios centenares de detenidos. Pizarro dice que en estas manifestaciones “se notó un malestar social muy grande. Hubo una especie de guerrilla, una pelea tan grande que demostró el descontento de toda una nación que exige la gratuidad de la educación”. Pizarro advierte: “Creo que los actores sociales van a ir tomando el toro por las astas y van a empezar a decidir por sí mismos qué es lo que quieren, cuándo lo quieren, y cómo lo quieren”.