Escuadrones de la muerte

El libro Levantones, narcofosas y falsos positivos, de próxima aparición, nos lleva en un recorrido por episodios de muerte, dolor e impunidad. José Reveles muestra una parte del horror que en sólo cinco años se enseñoreó en México por la omisión e incapacidad de quienes lo gobiernan. En el texto también se advierte que detrás de los miles de asesinatos “inexplicables” podrían encontrase escuadrones de la muerte formados por militares desertores y policías corruptos, paramilitares cuya misión consiste en realizar tareas de “limpieza social”. Para colmo, el riesgo de que México se colombianice está presente, sobre todo ahora que el expresidente Álvaro Uribe actúa como asesor de Felipe Calderón en su guerra contra el narco. Con autorización del autor y el sello editorial Grijalbo presentamos fragmentos de la obra.

MÉXICO, D.F. (Proceso).- Cuando me reuní con los agentes federales que, en grupo y quitándose la palabra unos a otros, me narraban de viva voz cómo, durante la traumática búsqueda de cadáveres en decenas de fosas clandestinas de San Fernando, Tamaulipas, habían sido testigos de que allí se encontraban incluso autobuses sepultados con todo y pasajeros, me pareció una vil y vulgar exageración nacida del protagonismo, un vuelo absurdo de su imaginación desbordada por cargas de trabajo, un exceso nacido de ese realismo salvaje al que se nos quiere acostumbrar desde el poder.

El día del hallazgo del primer autobús enterrado con todo y ocupantes, inmediatamente se impuso a los testigos una especie de “ley del silencio” para no escandalizar y crispar todavía más a la sociedad mexicana. Aun así pude leer copias de algunos partes policiales que aludían a tan macabra información, de prisa y casi arrebatados de mis manos por quienes se atrevieron a mostrarlos pese a la prohibición.

Y no es que al gobierno mexicano le escandalice aceptar esas cifras macabras, como veremos adelante, pues suele apoyar su discurso antinarco en la ecuación absurda que Estados Unidos utilizó en Vietnam hace décadas (el llamado body count), según la cual entre más muertos había, más se confirmaba el éxito de la estrategia de guerra.

Pero fue tan impresionante el hallazgo en San Fernando, que en los más altos niveles del gobierno se decidió por el momento ocultar o negar la información sobre los autobuses bajo tierra. Concluyo que se difirió la difusión para una ocasión más propicia (si la hubiere), y que iremos recibiendo la atroz noticia aderezada con confesiones directas, durante arraigos prolongados o descrita por testigos protegidos: ya se irá dando a conocer el lado más oscuro de la masacre de una manera parcial y a cuentagotas, con una versión a modo y para que el tema, lejos de dañar la imagen pública del presidente Felipe Calderón, le reditúe ganancias mediáticas. (…)

El sacerdote Alejandro Solalinde, defensor de migrantes centro y sudamericanos, sugería buscar en Veracruz: “Allí van a encontrar más cuerpos que en San Fernando”, soltó en el noticiario de Carmen Aristegui en MVS. Lo decía con responsabilidad (me lo confirmó después personalmente), a partir de decenas de testimonios de los propios migrantes. Sostuvo su dicho cuando conversé con él por teléfono después de que se reunió con el gobernador veracruzano Javier Duarte el viernes 1 de julio de 2011, a propósito del secuestro de migrantes centroamericanos cerca de Medias Aguas, en donde el tren de carga apodado La Bestia frenó cientos de metros más allá de la estación para permitir que “en camionetones de lujo” fueran hechos rehenes un número indeterminado de indocumentados. (…)

Solalinde adelantó que fue informado, incluso, del nombre del lugar de Veracruz donde las bandas criminales se deshacen de los cadáveres de sus víctimas, centroamericanas en su mayoría. Se lo dijo al presidente Calderón cuando lo pudo tener cerca y también lo comentó en una reunión de los obispos de la entidad, uno de los cuales le enmendó la plana: “Son dos” los sitios donde se confinan cuerpos. El gobierno ya lo sabe, y entre más se tarde en iniciar la búsqueda, menos indicios hallará, pues en algunos casos se trata de campamentos y ranchos con métodos definidos y herramientas listas para deshacerse de los cuerpos. (…)

En este escenario infernal, de poco o nada me sirve a mí, ciudadano, que el presidente Felipe Calderón haya dicho (con flamígero dedo acusador y golpes sobre la mesa, regañando a las autoridades locales porque “no hacen su trabajo”) que fueron policías municipales de San Fernando quienes, en vehículos oficiales, llevaron al matadero a cientos de ciudadanos indefensos, tomaron parte en las ejecuciones e incluso ayudaron a cavar las fosas para sepultar a las víctimas una vez asesinadas.

La acusación presidencial no pecaba de inocencia. Era, al mismo tiempo, un insólito reconocimiento oficial de que hay una participación activa de la fuerza pública en crímenes de lesa humanidad, pero con la salvedad de que el mandatario culpaba de esa criminal complicidad exclusivamente a la policía local, lo que supondría anticipar, sin pruebas, la absoluta inocencia de elementos del Ejército y de policías federales en tanta muerte. Aceptar esta afirmación de Calderón en forma acrítica equivaldría a eximir de cualquier sospecha a las fuerzas federales, a las tropas de uniforme verde olivo o camufladas y a los marinos, pero igualmente a los soldados que visten de gris y negro en papel de policías. Supondría también asumir que las víctimas de San Fernando eran “enemigos” reales o supuestos de Los Zetas, o que una inmensa mayoría eran inocentes pasajeros en tránsito por la “ruta de la muerte”, con lo que se descarta cualquier hipótesis que sugiera una posible actuación de escuadrones de la muerte. También se excluye investigar que las víctimas pudieran haber sido concentradas para ser liquidadas y enterradas en Tamaulipas y Durango, aunque provinieran de otros puntos del país.

“Los narcos no esconden los cuerpos de sus víctimas”, me dice Emilio Álvarez Icaza, exombudsman del Distrito Federal y participante activo en el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad que encabeza el poeta Javier Sicilia. El propio Sicilia me recuerda que desde el surgimiento del movimiento zapatista empezaron a crearse grupos paramilitares formados por el Ejército estadounidense, y que Los Zetas se constituyeron con desertores del Ejército.

El general Francisco Gallardo le pone nombre a los grupos de exterminio con permiso para secuestrar, torturar, desaparecer y asesinar. Son los GIZ (Grupos de Información de Zona) o GIZES, pertenecientes formalmente al Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea. Podrían ser unos 3 mil en todas las zonas, regiones y guarniciones militares, improvisados espías que mal manejan la “inteligencia” en ciudades, pueblos y comunidades, y que visten de civil, pero reportan al alto mando. Cuando cometen alguna atrocidad y son descubiertos, simplemente se desmiente que pertenezcan a las Fuerzas Armadas, se los deja a su suerte, aunque aleguen “obediencia debida” y “órdenes desde arriba”, como fue el caso del teniente José Guadalupe Orizaga y Guerra y el subteniente Edwin Raziel Aguilar Guerrero, acusados en Morelos de la tortura y el asesinato de Jethro Ramsés Sánchez Santana, de 26 años, entre el 1 y el 2 de mayo de 2011. (…)

El análisis realizado por otros expertos entrevistados, la recopilación de testimonios y el examen de casos concatenados en los que se pretende mostrar a víctimas inocentes como lo que no son (sicarios, narcomenudistas, halcones, jefes de célula o mandos medios de la delincuencia organizada) parecen confirmar que se extiende esa “limpieza social” con miles de víctimas por toda la República y que en México se pretende replicar la condenable práctica de lo que en Colombia se denominó los falsos positivos, que no eran sino ejecuciones extrajudiciales y a sangre fría de ciudadanos comunes, primero secuestrados o levantados, cuyos cadáveres después se disfrazaban y se pretendía hacer pasar como si fueran de guerrilleros, paramilitares o traficantes caídos en combate. No sobra recordar que el Plan Colombia y la Iniciativa Mérida son aplicaciones espejo, hijos siameses de la estrategia antidrogas del gobierno de Estados Unidos. En ambos esquemas, el colombiano y el mexicano, Washington ofrece ayudas nada desinteresadas a los gobiernos y ahora incorpora de manera más formal a países de Centroamérica, aunque se muestra cicatero y le regatea a los paupérrimos países de la cintura mesoamericana los millones que dilapida en lejanas aventuras bélicas. Estados Unidos introduce el modelo punitivo de combate al tráfico a través de dádivas que son ridículas si se considera que, en el caso de México, no representan ni 0.5 por ciento del gasto bélico en Irak y Afganistán.

Con estas dádivas se trata de frenar, fuera de las fronteras de Estados Unidos, el flujo de sustancias prohibidas para sus propios consumidores, pero sin pagar el costo de la violencia que provocan sus guerras inducidas. Las drogas cruzan hacia el norte, mientras el dinero en efectivo y las armas vienen hacia el sur, según ha reclamado en múltiples ocasiones el gobierno mexicano. Estados Unidos es el paraíso del consumo, y México un infierno de violencia extrema. Ellos ponen la nariz, los pulmones, la boca y las venas, y aquí se multiplican los muertos por decenas de miles.

La pequeñez de miras de quienes mal gobiernan a México, la ausencia del mínimo asomo autocrítico, el regodeo discursivo de que se está en la estrategia correcta, la imitación extralógica de modelos fracasados (léase Colombia) y la sumisa aceptación de las directrices de la potencia mundial a cambio del plato de lentejas de una Iniciativa Mérida que en tres años nos “regala” 1 300 millones de dólares (siempre en especie y apenas uno por ciento de las reservas internacionales que guarda México, cantidad con la que Washington se cree con el derecho de tener boinas verdes activos en territorio mexicano) son algunos de los males que golpean hoy la conciencia nacional. Aun los presuntos “triunfos” de la autoridad resultan espurios, en la medida en que se fabrican culpables, se inflan las estadísticas y se quiere presentar como solución a casos de esta violencia desbordada la captura de unos cuantos capos, sicarios o mandos medios junto a la inhabilitación (palabra que usan dependencias oficiales para no hablar francamente de asesinados, de muertos en enfrentamientos o arrestados) de una multitud de supuestos narcotraficantes lumpenizados en extremo. (…)

Sin forzar artificialmente el argumento, me da mala espina que el gobierno, lejos de desmentir y atemperar el clima de violencia expresado en cifras de ejecutados (otro neologismo que significa asesinados, pero sin el apellido clave: extrajudicialmente), se esfuerce en inflar la cifra de las víctimas. Lo hizo en julio y agosto de 2010, cuando el ejecutómetro más alto que pudiera registrar medio alguno, escrito o electrónico (elaborado con seguimiento hemerográfico y los reportes cotidianos de los corresponsales de cada medio), era de 20 400 víctimas, la Procuraduría General de la República lanzó una cifra más elevada de homicidios dolosos, una especie de as bajo la manga, cuando dijo a la opinión pública que eran ya 24 800. No habían transcurrido dos semanas y otra dependencia del gobierno (sigue siendo oficial, aunque ahora parezca entregada a representantes de la iniciativa privada, los encuestadores de GEA-ISA, auxiliares directos en los resultados que empujaban el triunfo de Felipe Calderón en las elecciones de 2006), el Centro Nacional de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), rectificó a la PGR: que no, que no eran 20 400 ni 24 800 sino 28 mil (un incremento de 7 mil en menos de dos semanas, cifra nada despreciable si se considera que en ninguno de los seis años de gobierno de Vicente Fox ni en los dos primeros de Calderón se había llegado a una cantidad semejante de ejecuciones en un periodo anual).

Esta insólita inflación al alza –única en el mundo cuando un gobierno de pronto se empeña en decir que la violencia es peor de como la conciben los medios y la sociedad– volvió a ser empleada por la autoridad en enero de 2011, pues cuando el ejecutómetro más elevado del año que concluía frisaba por debajo de los 13 mil finados (Excélsior), apareció el portavoz de Seguridad Nacional, Alejandro Poiré, para decir, sin inmutarse, que habían sido 15 273 en todo 2010 y que, sumados los del sexenio, llegaban ya a 34 612. (…)

 

Escuadrones de la muerte y limpieza social

 

Ya iban en julio-agosto de 2011 más de 50 mil asesinatos en el país con los que el gobierno se atribuía “éxito” en el combate contra el crimen organizado. Al menos 70 por ciento de esa espantosa cifra eran menores de 29 años. “¿Acaso todos los que mueren son criminales?”, se pregunta con toda la razón Carlos Cruz, dirigente de Cauce Ciudadano. (…)

… Carlos participa en la elaboración de una lista de matanzas en todo el país y en el rescate de la identidad de los victimados. Cuando puedo asomarme a ese abismo de violencia colocado en páginas de computadora, están registrados ya más de 150 casos, con más de 600 mexicanos cuyas vidas acabaron de manera absurda y bestial. (…)

Carlos Cruz observa, durante este esfuerzo de recopilación, que hay demasiados jóvenes levantados y asesinados en barrios pobres, marginales; muchos que fueron desaparecidos vivos en un sitio del país pero cuyos cadáveres aparecieron tirados en otro distinto y distante. “Da la impresión de que en México está comenzando el fenómeno de los falsos positivos. Falta explicar el porqué de esas fosas clandestinas con cuerpos que la información oficial dice que son jóvenes que no se quisieron enrolar con grupos de la delincuencia organizada”.

… La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), que agrupa a 67 organizaciones en 14 estados de la República, ha emitido alertas contra políticas públicas explícitamente discriminatorias en Monterrey, Ciudad Juárez y otros sitios, en donde indigentes, vagabundos y enfermos mentales son recogidos en la vía pública y luego abandonados en carreteras y caminos fuera de las ciudades. Tras el desplazamiento por limpia social, “hubo muertes coincidentes en la Sierra de Juárez”, Nuevo León, advirtió la Redim. Para Juan Martín Pérez, director de la Red, es muy grave que “los adolescentes sean criminalizados y estigmatizados. Cuando muere un adolescente, se le asocia inmediatamente al crimen organizado, sin investigación previa y sin elementos”. En algunos estados se ejercen acciones de retiro forzado y hay casos “claramente de limpieza social”. Si eso ocurre oficialmente, no hay que tener mucha imaginación para saber lo que ejecutan por su cuenta grupos de la delincuencia, paramilitares bajo control del gobierno y las Fuerzas Armadas oficiales. (…)

En semejante contexto, el Senado de la República había solicitado formalmente al Cisen que proporcionara informes sobre la existencia de escuadrones de la muerte, “responsables de miles de asesinatos y desapariciones forzadas”, además de los que el gobierno asegura que comete la delincuencia organizada. “Esos grupos actúan al margen de la ley con complicidad, reconocimiento o tolerancia del Estado mexicano”, dijo Ricardo Monreal Ávila, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Los escuadrones están conformados por soldados y oficiales desertores del Ejército y policías despedidos por corruptos. “Son paramilitares adiestrados”.

A propósito de las declaraciones del alcalde de San Pedro Garza García, según las cuales crearía y utilizaría “grupos rudos” para limpiar el municipio, Monreal declaró que ese alcalde no era el único en emplear paramilitares. “Los gobernadores tienen grupos de exterminio, grupos de ‘limpieza’ que adiestran y seleccionan como grupos de élite, y que actúan fuera de la ley”. Hay también empresarios que contratan a esos grupos en Jalisco, Nuevo León, Coahuila, Sonora, Chihuahua, Tamaulipas, Michoacán y Guerrero.

 

Peligro: Colombia asesora a México

 

Álvaro Uribe Vélez se apareció de pronto en Ciudad Juárez e impartió cátedra. Uribe dejó de ser presidente de Colombia en agosto de 2010, pero sigue indisolublemente ligado a los destinos de México, primero como consejero en Los Pinos y más recientemente como asesor de los gobiernos de Chihuahua y Ciudad Juárez. Con su “experiencia de éxito” ayudará a aplicar programas “que ayuden a recuperar la seguridad y la tranquilidad” en Chihuahua, tal como ocurrió en Colombia, se regodeaba el gobernador César Duarte Jáquez al recibir al exmandatario en la urbe fronteriza el 7 de junio. (…)

Duarte insistió en que el modelo que puso en práctica Uribe en Colombia es totalmente aplicable en Chihuahua y se basa en ejes como la educación, el trabajo y la seguridad democrática. La visita de Uribe es un mensaje de esperanza para Ciudad Juárez, insistió: “Me motivó invitar al presidente Uribe para saber objetivamente los resultados del Colombia que recibió y del Colombia que entregó: es un país en paz en el que (antes) no se podía transitar por los caminos: lo hizo con energía y determinación. Reconstruyó una nueva nación. Colombia es nueva hoy, y en todo el país hay bardas y luminarias que dicen: ‘Gracias, presidente Uribe’”.

Más allá de estos arrebatos de lirismo chabacano y pueblerino, el gobernador Duarte parece ignorar toda la represión institucional y el gran sufrimiento que implicó para los colombianos la política de seguridad democrática que tantas alabanzas le inspiraba, a tal grado que hoy el presidente Santos, su sucesor, busca distanciarse de esa línea. En Colombia se abrió una investigación, además, contra 13 congresistas por graves irregularidades en la administración de bienes decomisados a las mafias (Proceso, núm. 1808, 26 de junio de 2011), y se propuso y aprobó una Ley de Víctimas que ahora reconoce el conflicto interno en Colombia, el cual fue obsesivamente negado durante ocho años por Uribe.

Nada es casual en política: el expresidente colombiano estuvo en Juárez y fue públicamente nombrado asesor cuando faltaban 48 horas para que arribara a Ciudad Juárez la Caravana por la Paz con Justicia y Dignidad. Era ésta la tercera señal ominosa contra la protesta pacífica. Tres semanas antes había llegado el presidente Felipe Calderón a presidir, junto con el gobernador Duarte, una parada militar para conmemorar el centenario de la “Toma de Juárez”, lo que se vio como un refuerzo a la presencia castrense en las calles. Y el 6 de junio la policía federal allanó el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, presidido por el sacerdote Óscar Enríquez, organización que preparaba la recepción a la caravana que llegaría de Morelos en unas horas más.

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