40 embajadores debaten con los guerrilleros. El Plan Colombia puede romper el frágil proceso de paz: las FARC

Aram Rubén Aharonian

SAN VICENTE DEL CAGUÁN, COLOMBIA.- Mientras Estados Unidos y el gobierno colombiano intentan con el Plan Colombia, una solución de fuerza contra las plantaciones ilícitas de drogas, cuyo fin es al menos acorralar a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), delegados de 21 países de Asia, Europa y Latinoamérica analizaron in situ, en pleno territorio guerrillero, la ayuda financiera y técnica para una salida política a los problemas de Colombia.
Fueron unos 40 delegados internacionales -básicamente embajadores- los que, convocados por las FARC, asistieron a la Audiencia Pública para la Sustitución de Cultivos Ilícitos en Colombia, celebrada el 28 y 29 de junio en la comunidad de Los Pozos, ubicado a 740 kilómetros de Bogotá, en plena selva del Caquetá.
Allí, los delegados estuvieron acompañados por representantes oficiales, comandantes insurgentes y más de un centenar de organizaciones indígenas y de campesinos.
Los visitantes apoyaron, en su mayoría, la tesis de que la paz no se logrará cabalmente sin el desmantelamiento de las bandas que se dedican al narcotráfico y compartieron la solicitud de las organizaciones de campesinos de esas zonas de buscar “alternativas y soluciones sostenibles y económicamente rentables’’ para la erradicación de las plantaciones.
Los europeos, a diferencia de los estadunidenses, se preocupan por la impunidad, explican el conflicto colombiano a partir de los componentes históricos y sociales y son conscientes de que sin cambios profundos y “sin solución al problema del hambre, no hay paz posible”, tal como lo expresó el nuncio apostólico Beniamino Stella en la reunión.
El embajador español, Yago Pico de Coaña, consideró que la presencia de los delegados extranjeros en la conferencia fue “un aporte significativo para el proceso de reconciliación de Colombia”, ya que pudieron “escuchar del pueblo colombiano cuál es la realidad” de las zonas afectadas por la siembra de coca, amapola y mariguana, y propuestas para la sustitución de cultivos.
“La paz no es la ausencia de hostilidades sino la justicia social, la generación de empleo, el fin del hambre”, dijo el comandante Raúl Reyes, encargado de las relaciones internacionales de las FARC, al presentar un concreto y detallado plan piloto de 13 puntos -cuyas bases fueron elaboradas por el dirigente guerrillero Manuel Marulanda, Tirofijo- para la sustitución de cultivos de coca en el municipio de Cartagena del Chairá, una nueva zona de distensión solicitada por la guerrilla.
La respuesta del gobierno de Bogotá fue negativa, mientras que los europeos se interesaron en ella. “El gobierno se cerró, dice que no, que nada es negociable. Nosotros insistimos en la propuesta, que es la antípoda del Plan Colombia, que es el comienzo de una política de erradicación de cultivos con base en condiciones de paz”, dijo a Proceso el legendario Tirofijo.
Andrés París, otro de los delegados de la guerrilla, dijo que se ha debilitado la voluntad oficial de lograr un entendimiento político, demostrada en la aprobación del “plan de guerra” (Plan Colombia) y en la sustitución del Alto Comisionado para la Paz, Víctor G. Ricardo, a cuya cabeza pusieron precio los paramilitares. “Ricardo había logrado dar altura a los diálogos, defendiendo las posiciones del gobierno de Pastrana, pero también escuchando nuestra opinión”. Ahora Ricardo, reemplazado por Camilo Reyes, será embajador en Londres.
Explicó que la audiencia pública permitió a los invitados dar “una mirada diferente, con enfoque social, al problema de los cultivos ilícitos”, en el marco de un conflicto en el que se entrecruzan múltiples ingredientes, como pobreza, abandono estatal, disputa por control territorial de grupos insurgentes y paramilitares,  destrucción de la biodiversidad y desplazamiento de personas causado por la fumigación de los cultivos ilícitos con agrotóxicos.
El comandante Alfonso Cano comentó que “el narcotráfico no es el que han publicitado los gringos; es un problema social y estructural. Y no es verdad que exista debido a la guerrilla. Ésta no se financia con dinero del narcotráfico (…) El cultivador no es parte de la cadena del narcotráfico, es un campesino más y eso es lo que esta gente debe entender”.
La mayoría de las plantaciones ilegales se hallan en áreas de combate y el control del negocio es fuente primordial de financiamiento de guerrilleros, pero sobre todo de paramilitares, que reconocen que 70% de sus ingresos proceden de tributos obtenidos de la coca. Mientras, las Fuerzas Armadas aseguran que las FARC recibieron en 1998 unos 710 millones de dólares de los narcotraficantes, por el cultivo, la vigilancia y la logística para el transporte de drogas.
Algunos delegados internacionales aprovecharon la audiencia para pedir a las FARC el acatamiento del derecho internacional humanitario, que ya no se utilicen bombas personales ni se realicen secuestros  ni el reclutamiento de niños, así como la definición de algunos objetivos que afectan a los civiles, para mejorar el ambiente de la negociación de paz.
El embajador de Bélgica en Colombia, Jean-Paul Warnimont, dijo que los participantes pidieron “gestos de paz a la guerrilla, como la liberación de secuestrados, porque si no sería difícil convencer a Europa y a la opinión pública” de que cooperen con el proceso de paz.
La respuesta correspondió al comandante Joaquín Gómez, quien detalló que la mesa de diálogo, más que un gesto, es un compromiso para las FARC y recordó que no hay posibilidad de gestos unilaterales. “Parece que cuando todo está quemado, ustedes vienen con los aviones de la OTAN a echar más gasolina”.

Villa Nueva Colombia

Desde 22 mil pies de altura, delegados de 21 países observan algunos sembradíos de coca en medio de la selva. Los acompañó María Inés Restrepo, encargada por el presidente Andrés Pastrana para llevar adelante el Plan Nacional de Desarrollo Alternativo, que consiste en sustituir por cultivos agrícolas 103 mil 500 hectáreas de coca, casi el triple de lo que había en 1992, y 6 mil 500 hectáreas de amapola, de la que se extrae el látex de opio, en las que trabajan 70 mil personas, entre campesinos, colonos e indígenas.
La apertura de espacios para los cultivos ilícitos provocó la destrucción de 504 mil hectáreas de bosques entre 1997 y 1998, según Restrepo.
Al lado de ella, en la avioneta que se acercaba al río Caguán, viajaba el embajador de Noruega en Guatemala, Arne Aasheim, quien señaló con total franqueza que “en la sustitución de los cultivos ilícitos es muy poco lo que pueda hacer Noruega, ya que en mi país hubiera sido imposible cultivar la coca, a menos que fuera en invernaderos. Tenemos cierta experiencia en procesos de paz y creemos que podemos ser mucho más útiles ayudando a las partes a encontrar vías de diálogo que inventando soluciones en los cultivos alternativos”.
En el aeropuerto, tras el desfile militar que sorprendió a los primeros embajadores, los comandantes Raúl Reyes, Joaquín Gómez, Olga e Iván Márquez, dieron la bienvenida a los visitantes.
En San Vicente de Caguán, con un aire pleno de canciones rancheras que salen de sus bares y burdeles, nadie sabe cuánto vale un dólar -salvo el prestamista de la “prendería” (casa de empeño)-, aunque desde hace meses los periodistas de todo el mundo visitan esta villa y transmiten vía satélite desde sus laptops.
Las viejas carretas con tamales disputan las angostas calles con los grandes camiones de ganado, en un territorio en el que se van sumando asentamientos, gracias a la paz que se respira y a la prosperidad que se vislumbra.
A unos 20 minutos de viaje hacia Los Pozos se pasa por Villa Nohora, donde el comandante Alfonso Cano lanzó hace pocas semanas el Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia, una organización que intenta ser el brazo político de las FARC. Un poco más allá, por el mismo camino de tierra protegido por retenes de las FARC, se llega a Los Mangos, donde hay instalada una Oficina de Quejas y Reclamos, forma en que se imparte justicia en la zona.
Tras una hora de salir de San Vicente, sorteando vacas y baches, con  Radio Resistencia a todo volumen en el taxi, se llega a Los Pozos, sede del encuentro, donde se entremezclan guerrilleros armados -muchos de ellos apenas adolescentes- que caminan a ritmo de vallenato, decenas de campesinos e indígenas llegados de todos lados, embajadores, representantes de ONG, periodistas y funcionarios.

El Plan Colombia

La ayuda total aprobada por Estados Unidos para el Plan Colombia (incluido en el presupuesto de Construcciones Militares) es de casi mil 300 millones de dólares, de los cuales mil 22 millones se destinan exclusivamente a este país, en cinco diferentes proyectos. La Casa Blanca, para justificar su pedido, había señalado que “la más grande expansión del mundo en cultivo de droga está ocurriendo en el sur de Colombia, dominado por la insurgencia”. El resto de la ayuda, unos 265 millones de dólares, será para Bolivia, Ecuador y otros países de la región.
La ayuda militar para los batallones antinarcóticos es la más importante y voluminosa, con 574.5 millones de dólares (56% del total), e incluye la adquisición de 16 helicópteros Black Hawk y 30 Huey II y un avión espía que reemplazará al RC7 que se estrelló el año pasado; entrenamiento a oficiales, pilotos y mecánicos, comunicaciones e inteligencia.
Del total, 80% está destinado al rubro militar y apenas 20% para el desarrollo alternativo (81 millones, 8% del total) y para derechos humanos y justicia (122 millones, 12% del total).
Es más, en la ayuda aprobada se establece una cláusula de reserva, según la cual el presidente de Estados Unidos podrá obviar el tope de 500 militares y 300 contratistas estadunidenses en Colombia, en la eventualidad de que sus Fuerzas Armadas se vean involucradas en hostilidades o que exista una evidencia creíble de que lo estarán.
Organizaciones no gubernamentales del mundo insisten en que el proyecto escalará el conflicto y en que se corre el riesgo de que Estados Unidos se involucre en otro Vietnam.
Entre las consideraciones hechas por el gobierno para alentar la aprobación del Plan Colombia, se señaló que ataca de manera directa las fuentes de financiamiento y de abastecimiento de las FARC, mientras que el argumento de los legisladores estadunidenses a favor de la propuesta fue que de no haber ayuda, el control del Estado colombiano podría pasar a manos de los narcotraficantes.
El “empujón en el sur” de Colombia busca enviar 2 mil 800 soldados, con escasos meses de entrenamiento, para asegurar Caquetá y Putumayo, áreas dominadas por varios frentes de la FARC, con la esperanza de que agilice las negociaciones, dándole un golpe a la guerrilla y un poco de aire a un acorralado Pastrana.
Sin embargo, es probable que suceda lo contrario, ya que los batallones antinarcóticos apoyados por Estados Unidos se enfrentarían a un número mayor de insurgentes que conocen el terreno y su gente.
De todas formas, los batallones no estarán funcionando antes del año próximo, cuando llegan los Black Hawks y los Huey, ya que sin apoyo aéreo su misión fracasará. Y lo peor es que se quedaron sin el avión cisterna para suministro de combustible en el aire, lo que le resta operabilidad en el apoyo aéreo.
Los analistas colombianos coinciden en que la aprobación del paquete de ayuda amenaza con romper el frágil proceso de paz; que no existe la capacidad administrativa e institucional en Colombia para manejar los 2 millones de dólares que cada día recibirá el gobierno y es muy probable que la producción de narcóticos no termine, sino que se desplace, junto con sus cultivadores, a otras regiones selváticas del país.

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