Nuevas listas y más irregularidades En el Fobaproa hubo complicidades de todo tipo, según diputados perredistas

Agustín Vargas Medina

La extensa red de complicidades, corrupción, malos manejos e impunidad con que actuaron las autoridades, banqueros y empresarios al amparo del rescate de la banca, quedó al descubierto con la revelación de la lista de las llamadas “transacciones reportables” derivadas de la auditoría al Fobaproa, que realizó el canadiense Michael Mackey por instrucciones de la Cámara de Diputados.
Más aún, para evitar que se ejercitara una acción penal efectiva en aquellos casos que ya se habían identificado como ilegales, existe la sospecha de que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) dejó pasar el tiempo deliberadamente o no integró los expedientes de manera correcta, para que prescribiera el presunto delito.
Esa lista -dada a conocer el miércoles 12 por el diputado del PRD Pablo Gómez, luego de que la fracción parlamentaria perredista logró abrir, sin la clave del PRI, el disco compacto que contiene esa información- no sólo revela los nombres de empresas y personas físicas que presumiblemente fueron beneficiarios del Fobaproa, sino también las irregularidades que cometió ese fondo al comprar cartera crediticia en malas condiciones.

Es decir, el extinto Fobaproa -a  cargo de Javier Arrigunaga hasta el año pasado-, con la anuencia de Eduardo Fernández García, presidente de la CNBV, y de Guillermo Ortiz, en su carácter de secretario de Hacienda, compró a los bancos créditos de empresas que están en suspensión de pagos, préstamos relacionados entre accionistas o socios de los bancos, créditos descontados y sin garantías.
“Este asunto se guardó más que como un secreto de Estado, como un encubrimiento de las operaciones crediticias irregulares -ilegales algunas de ellas- que la banca llevó a cabo para beneficiar a socios y amigos, con la anuencia de la autoridad responsable: la CNBV”, dice a Proceso el diputado Alfonso Ramírez Cuéllar, integrante de la comisión legislativa que investiga el funcionamiento del IPAB.
Comenta que la CNBV dejaba pasar el tiempo, integraba expedientes incompletos, no daba todo el historial de los créditos “y prácticamente las denuncias se presentaban cuando el delito ya había prescrito. Entonces es imposible que por la vía penal se pueda lograr una recuperación y una disminución fiscal y en eso tiene mucho que ver Eduardo Fernández”.

Intervención presidencial

Ramírez Cuéllar explica que la CNBV “es una institución protegida como una torre de marfil, que tiene el apoyo irrestricto del presidente de la República y de Guillermo Ortiz, ahora gobernador del Banco de México, y prácticamente nadie la investiga, ni la Secretaría de la Contraloría”.
El próximo martes se reunieran los integrantes de la Comisión que Investiga el Funcionamiento del IPAB, y ahí se propondrá realizar una auditoría a la CNBV, el deslinde de responsabilidades en la prescripción de los delitos, los tiempos de integración y presentación de denuncias, y la revisión de operaciones, como la compra de “cartera crediticia chatarra”.
Ante la negativa del PRI a proporcionar su clave de acceso al disco compacto que contiene la información de las operaciones reportables, finalmente los diputados perredistas recurrieron a los “piratas cibernéticos” (hackers) para abrirlo.
Mario Di Constanzo, asesor económico del PRD en la Cámara de Diputados, afirma que los diputados príistas estaban dispuestos a entregar la clave, “pero fueron bloqueados por el presidente de la República.
Cuenta que el viernes 7 de julio se reunió con el diputado priísta Omar Álvarez Arronte -poseedor de la clave-, quien le dijo que quería entregarla, pero que lo frenó el presidente Zedillo.
Por su parte, el diputado Fauzi Hamdan, presidente de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, dice que debe existir voluntad política para aclarar todo el asunto del Fobaproa, porque en todo caso “las autoridades correspondientes y los bancos tenían su responsabilidad sobre eso”.
-¿La fracción parlamentaria del PAN insistirá en esto en la próxima Legislatura?
-Naturalmente.
Considera que hasta ahora la actuación del IPAB ha sido deficiente y deja mucho que desear, “pues siguen aflorando contradicciones respecto a los informes que ha presentado, en particular los relacionados con los créditos irregulares”.
Ramírez recuerda en la última reunión que sostuvieron los integrantes de la comisión investigadora del IPAB, Fauzi Hamdan “trinó en contra de Eduardo Fernández, llamándolo ladrón y encubridor de las abusos que se cometieron en el rescate de la banca”.

La información oculta

La lista de las operaciones reportables de Mackey confirma algunos de los nombres de empresas y personas que en los últimos meses se publicaron en diversos medios y especifica por cada banco los montos de los préstamos y las condiciones de la cartera que compró el Fobaproa.
Los créditos reportables fueron clasificados por Mackey en tres grandes grupos: A) Transacciones de crédito que no satisfacen los criterios originales establecidos para los créditos que debían ser adquiridos por el Fobaproa; B) Transacciones en las que los bancos otorgaron financiamientos a personas o instituciones con las que tenían alguna relación o afiliación; C) Las transacciones que eran ilegales o que pueden clasificarse como una violación a las leyes y reglamentos del sistema financiero mexicano.
Los créditos clasificados en el grupo A, se subdividieron, a su vez, en dos categorías: Aa.- Identificados y acordados entre los bancos, la CNBV y el Fobaproa; Ab.- No acordados entre los bancos, la CNBV y el Fobaproa.
El universo de las operaciones reportables es de aproximadamente 17 mil 815 créditos, que involucran 73 mil 775 millones de pesos.
Del total de las operaciones, 97% (817 mil 352) se refieren al grupo Aa, es decir operaciones del programa de compra de cartera que no cumplieron con los criterios establecidos por el propio Fobaproa, y cuyo monto es de 24 mil 778 millones de pesos.
Dentro de ese grupo, la lista entregada por el auditor canadiense, no presenta “desagregación” de 16 mil créditos por casi 13 mil 166.5 millones de pesos, por lo que no es posible conocer -dice Mario Di Constanzo, encargado del análisis técnico la lista- el nombre o razón social de las personas físicas o morales que fueron involucradas en ese tipo de operaciones y que representan más de 90% de las mismas y más de 50% de los recursos fiscales involucrados.
“Llama la atención -comenta- que muchas de esas operaciones fueron descontadas a través de la banca de desarrollo, principalmente por el Banco Nacional de Comercio Exterior, Nacional Financiera, el Fideicomiso de Fomento a la Microindustria y el Fira, encargado de los créditos al sector agropecuario.”
Bancrecer, Banamex, Serfin y Bital concentran más de 80% del total de las compras de cartera que no cumplieron con los requisitos establecidos por el Fobaproa.
Por lo que respecta a las operaciones relacionadas (clasificadas con la letra B), es decir a créditos que fueron otorgados entre los mismos accionistas de los bancos, a pesar de haber sido identificadas sólo 378 operaciones, involucran 57% del total de las reportables y están concentradas en Banca Unión, Inverlat y Confía, que detentan 75% de los créditos relacionados.
Las operaciones ilegales (clasificación C), ascienden a aproximadamente 6 mil millones de pesos y se encuentran en Banco Unión, Confía y Banpaís.
Juan Moreno, secretario técnico del Area de Economía del grupo parlamentario del PRD en el Senado, dice a Proceso que el trabajo realizado por Mackey de ninguna manera se puede considerar como una auditoría, “es sólo un informe, porque el canadiense nunca tuvo la información completa de los bancos, y solamente dio a conocer lo que encontró”.
El análisis por banco es el siguiente:
Anáhuac (Jorge Gerardo Hurtado Orcasitas): Incluye sólo 8 créditos reportables por 34.3 millones de pesos. De esos, seis se ubican entre 10 y 50 millones: los otros dos, mayores a 50 millones, fueron concedidos a Arrendadora Financiera Anáhuac y a Factoring Anáhuac. Todos están en la clasificación B, como relacionados, sin que se hayan investigado.
Ramírez Cuéllar afirma que el hecho de que la CNBV no haya fincado ninguna responsabilidad penal en ese banco, se explica por la relación que había con Federico de la Madrid, hijo del expresidente Miguel de la Madrid.
Atlántico (Alonso de Garay):  Tiene 135 créditos reportables -ninguno sujeto a investigación- por 2 mil 106.6 millones de pesos. Ocho resultan mayores a 50 millones, representando 66.5% del valor total. Entre ellos figuran las empresas Triturados Basálticos (Tribasa) y Viaductos de Peaje.
Banamex (Roberto Hernández): Aunque este banco registra 146 créditos reportables por un 4 mil 70.1 millones de pesos, sólo seis concentran 90% del valor total, es decir 3 mil 665.4 millones. Todos los créditos están ubicados en el grupo A, lo que significa que son operaciones enviadas al Fobaproa con el acuerdo de los funcionarios, previa modificación de las reglas originales de ese fondo.
Destaca aquí la empresa Gutsa Construcciones, de la familia Gutiérrez Cortina, que obtuvo un crédito relacionado por 146.6 millones.
Bancen (Hugo Villamanzo): tiene 36 créditos reportables -todos relacionados y no sujetos a investigación- por mil 849.6 millones. De ellos 16 operaciones son mayores a 50 millones de pesos y concentran  80% del total. Los principales beneficiarios son la familia Ballesteros Franco, Hoteles Aristos, Ignacio Santos de Hoyos y Taesa.
Bancomer (Ricardo Guajardo Touché): registra 14 créditos reportables con un valor total de 2 mil 145.4 millones. Nueve son mayores a 50 millones y representan 32.4% del total. La mayoría fue absorbida  por el Fobaproa, no obstante que los acreditados ya se habían declarado en suspensión de pagos y otros no tenían las garantías suficientes para respaldarlo, como el caso de Abraham Silvertein Toiv, que obtuvo un préstamo personal por 120 millones 980 mil 732 pesos.
Bancrecer (Roberto Alcántara): Tiene 282 créditos reportables -todos sin garantías, relacionados y en suspensión de pagos, y tampoco sujetos a investigación- por 9 mil 57.8 millones, es decir, casi 3% de los 73 mil 800 millones de pesos reportados por Mackey. De esos, 44 son mayores a 50 millones y concentran 5 mil 644.1 millones de pesos, casi 60% del monto total. Entre otros, están las empresas Ponderosa Industrial, Aceros de Monterrey, Aceros del Noroeste, Tecno Obras, Grupo Vadú, Aceites Casa, Julio Mariscal, Gustavo Mazón.
Banorte (Roberto González Barrera): Es el banco con menos problemas, pues incluye sólo dos créditos reportables, menores a 50 millones de pesos.
Banpaís (Ángel Isidoro Rodríguez): Registra 39 créditos reportables por 2 mil 11.8 millones de pesos; 26 están ubicados entre 10 y 50 millones de pesos. Sólo nueve créditos son mayores a 50 millones, pero concentran casi 62% del total.
Banco Bilbao Vizcaya-Probursa ( José Madariga Lomelín): Aunque este banco tiene sólo ocho créditos reportables, por 409.2 millones, dos concentran casi 75% del total, todos clasificados en el Grupo A, en el que destaca el préstamo a la Arrendadora Atlas.
Bital (Antonio del Valle): Concentra 171 créditos reportables por 3 mil 69.1 millones. Siete concentran 2 mil 497.9 millones, más del 81% del total.
Capital (Jaime Weiss): Con 11 créditos reportables por 2 mil 569 millones de pesos. No están sujetos a investigación.
Confía (Jorge Lankenau): Registra 12 créditos por 9 mil 66.4 millones; ocho concentran  99% del dinero involucrado. De estos créditos mayores, siete representan 802.5 millones, es decir, de 114.6 millones cada uno en promedio y se encuentran en el grupo C, sujetos a investigación criminal. El otro crédito, por 8 mil 176.3 millones está ubicado en la categoría B, es considerado como relacionado y no está sujeto a investigación; representa 11% del total reportado por Mackey para todos los bancos.
“La identificación del beneficiario -dice Juan Moreno- parece un asunto de salud pública, pues hasta en la clasificación de Mackey así lo definen: Related party lowns, que significa secretos a partes relacionadas.”
Comenta que uno de los principales socios de Confía con Lankenau era Fernando Canales Clariond, gobernador de Nuevo León. Sin embargo, dice, “yo no puedo afirmar que sea de él ese crédito, pero todo indica a ello o alguien relacionado con él”.
El asesor económico del Senado destaca que prácticamente los bancos Industrial, Interestatal, Pronorte, y Sureste -todos autorizados para operar después de 1993 y posteriormente intervenidos por la CNBV-, fueron creados para los autopréstamos de sus socios.
En el caso de Inverlat (Agustín Legorreta), destaca que este banco concentra 71 créditos reportables por 10 mil 96.8 millones. Todos los créditos son relacionados y ninguno está sujeto a investigación y en ellos destaca los préstamos al Grupo Madero Bracho, Grupo Azucarero Mexicano, Inmobiliaria Inverlat, Grupo Mexicano de Desarrollo, Grupo Xacur, los Hermanos Mazón, y la familia Ballesteros.
Serfin (Adrián Sada) es el que incluye el mayor número de créditos reportables, 938, por 3 mil 401.7 millones de pesos; 51 concentran  mil 695.6 millones, 79.2% del total. Todos los préstamos se encuentran clasificados en el Grupo A, reconocidos por las autoridades, aunque no cumplieran con las reglas originales del Fobaproa.
Unión (Carlos Cabal): Registra 66 créditos reportables por 17 mil 0.1 millones de pesos, el 3% del total reportado por Mackey; 37 representan 16 mil 141.3 millones de pesos, con un promedio de 436 millones cada uno, casi 95% del total.
Sólo dos créditos, por 3 mil 956.8 millones de pesos se encuentran clasificados en el Grupo C y son investigados, pero los restantes 64, con 13 mil 63.3 millones se encuentran clasificados en el Grupo B, es decir son relacionados, pero no se han incluido entre los sujetos a investigación criminal. Aquí destacan los otorgados a Abel Vázquez Raña, el Grupo K2, Hipódromo de Agua Caliente (Familia Hank), Taesa y Grupo Costamex.
“Lo que se observa en todo esto -dice Juan Moreno-, es una gran conspiración, en la que están involucradas autoridades de todo tipo, los banqueros, empresarios de alto nivel, legisladores del PRI y del PAN, como Rogelio Sada Zambrano (primo de Adrián Sada), que fue el diputado panista encargado de investigar esto, o sea es un nivel de complicidad asqueroso.”
Y agrega: “Creo que Eduardo Fernández no es el único responsable, porque la responsabilidad llega, cuando menos, a Guillermo Ortiz y creo que al mismo presidente de la República, porque es imposible que no estuviera enterado”.

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