Un rey sin experiencia y varios “segundones”, los artífices España, el modelo ideal de transición hacia la democracia

Dios mío, cuánto cuesta morir”, susurró apenas el general Francisco Franco en la madrugada del 15 de noviembre de 1975.
Y es que su agonía era larga y penosa: al mal de Parkinson, se sucedieron una tromboflebitis, varias crisis cardiacas, un edema pulmonar agudo y hemorragias gastrointestinales. Tres operaciones apenas pudieron salvarle. Se mantuvo en estado vegetativo los últimos días de su vida. Murió el 20 de noviembre de 1975, a los 82 años.
Con él había empezado a morir también su régimen, construido en torno de su persona tras triunfar en la Guerra Civil Española. Sus famosas frases, “esto está atado y bien atado” y “después de mí las instituciones”, no resistieron los acontecimientos: el progresivo desmantelamiento de la dictadura y el paso gradual y pacífico a una democracia pactada con los diversos actores de la política española.
Fue, empero, un proceso difícil, lleno de riesgos y de azarosas circunstancias, de avances y retrocesos, de audacias y sacrificios políticos, de intensas negociaciones y de jugadas de ajedrez político de alto vuelo. Considerada hoy como un modelo ideal de transición hacia la democracia -Vicente Fox ha hecho referencia a ella para aplicar en México sus enseñanzas-, el proceso español es contado a lo largo de 700 páginas por la periodista española Victoria Prego en el libro Así se hizo la transición.
Es una investigación en la que hablan los actores fundamentales, rescata documentos hemerográficos y oficiales y recrea a detalle los principales acontecimientos que, finalmente, conjuraron el fantasma de una nueva guerra civil y propiciaron el paso a la democracia en España.
Su inicio se remonta al asesinato, el 20 de diciembre de 1973, del presidente del gobierno español, almirante Luis Carrero Blanco. Tres cargas antitanque colocadas por la organización vasca ETA lo hicieron volar en su auto Dodge Dart por encima del edificio por el que pasaba en el momento de la explosión. Había muerto el más directo colaborador de Franco, el hombre que él había designado para sucederlo y que aseguraría la sobrevivencia de su régimen.
El hecho provocó un irreversible efecto: el régimen se sintió vulnerable y la oposición -toda ilegal y clandestina- le perdió el respeto: poco a poco se iniciaron las movilizaciones de protesta, encabezadas por los sindicatos.
Dentro del régimen, también poco a poco, se mostraron las divisiones que se acrecentaron ante la previsible muerte de Franco: por un lado, los inmovilistas, quienes defendieron hasta el último momento las instituciones franquistas apoyadas en su partido único: el Movimiento Nacional. Por el otro, los que, si bien colaboraron con Franco, trabajaron dentro de las estructuras del sistema para cambiarlo. Fueron los llamados reformistas.

El fin de una era

Para Franco la muerte de Carrero Blanco fue un golpe demoledor. Simplemente ya no fue el mismo. Ante sus ministros no pudo ocultar las lágrimas. Tampoco pudo hacerlo frente a las cámaras de televisión durante los pomposos funerales de Carrera Blanco. Pegados a las imágenes, los españoles tuvieron una sensación inequívoca: Franco era un anciano moralmente debilitado y, por tanto, políticamente manejable.
Y sí.
Desalentado, vacilante, Franco se dejó influir por su esposa Carmen Polo y “El círculo de El Pardo” -nombre derivado de sus colaboradores directos que asistían al Palacio donde residía- para, en el último minuto, designar al ministro de Gobernación, Carlos Arias.
Arias inició su función el 12 de febrero de 1974 con promesas de apertura. Pero al finalizar el año, el resultado fue desolador: su gobierno estuvo dividido y él mismo sucumbió a las presiones de los “ultras” del franquismo que torpedearon cada iniciativa de los reformistas. Así, por ejemplo, el proyecto de Estatuto de Asociaciones Políticas -que permitiría la “participación” de otras partidos- quedó circunscrito dentro de los marcos del Movimiento, el partido único, y bajo control de su Consejo  Nacional.
Arias recibió, además, los embates de las movilizaciones obreras que -encabezadas por las Comisiones Obreras, dominadas por el Partido Comunista- nunca creyeron en sus promesas de apertura. Los conflictos obreros fueron, de hecho, la punta de lanza del antifranquismo. Paros, manifestaciones, huelgas, ocupación de fábricas se repitieron durante meses en prácticamente todas las ciudades. Las Comisiones Obreras lograron infiltrar las posiciones de base del Sindicalismo Vertical de Franco y desde allí llegaron a poner en jaque al país. El gobierno respondió con represión y se incrementó la espiral de la violencia.
Luego, Arias se peleó con una institución que otrora había sido su aliada histórica y pilar del régimen: la Iglesia. El presidente había tomado la decisión de expulsar al obispo de Bilbao, Antonio Añoveros, por una homilía. Los obispos se opusieron. Y Arias amenazó con la expulsión del propio nuncio apostólico. El rompimiento con el Vaticano fue inminente y sólo se contuvo tras arduas negociaciones y ante la amenaza de que Arias y su gobierno -que públicamente defendían el catolicismo- podrían ser sujetos a la excomunión papal.
Para colmo de males, Arias y el príncipe Juan Carlos empujaron, cada uno por su lado y por motivos distintos, para que Franco se retirara en vida del poder. El viejo líder español había dejado de manera interina la jefatura de Estado en el príncipe luego de su primera enfermedad. Pero Franco se recuperó. Supo de las intenciones de ambos -al parecer los servicios de inteligencia interceptaron las llamadas de Juan Carlos con su padre, Juan de Borbón- y volvió a asumir el control.
-Alteza, simplemente quería avisaros que he decidido asumir mis poderes a partir de mañana -le dijo Franco por teléfono al entonces príncipe.
Para entonces el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ya había logrado su renovación en el congreso de Suresnes, cerca de París, y el Partido Comunista  tenía la supremacía en el movimiento obrero. Cada uno por su lado, lograron aglutinar a más fuerzas políticas en las llamadas Junta Democrática y en la Plataforma de Convergencia, respectivamente.

La sombra del caudillo

El embate del franquismo fue atroz. En junio de 1975 el gobierno de Arias aprobó una ley antiterrorista para eliminar de una vez por todas la “subversión”. En un mes fueron detenidas cerca de 300 personas de distinto tipo: miembros de ETA, militantes comunistas, socialistas y nacionalistas. Se iniciaron los juicios militares y 11 fueron condenados a muerte. De nada valieron las gestiones del secretario general de la ONU, Kurt Waldheim, y del Papa Pablo VI para obtener el indulto.
Cinco de los procesados fueron fusilados. Y a partir de ese momento 17 embajadores abandonaron Madrid llamados por sus gobiernos. Desde el Vaticano el Papa denunció públicamente que Franco no respondió a sus llamados de clemencia. La ONU analizó la propuesta del presidente mexicano Luis Echeverría de suspender los derechos de España como miembro del organismo.
Franco entonces exaltó el nacionalismo y, ante los ojos de sus ciudadanos, se hizo víctima de la incomprensión internacional. Arias lanzó arengas contra todo mundo, incluido México: “promotor de esa inaudita iniciativa de nuestra expulsión de las Naciones Unidas, de cuyo concepto de los derechos humanos dan buena muestra los espantosos asesinatos, ¡el genocidio!, de la Plaza de las Tres Culturas en 1968, es el exponente más claro de esta repugnante farsa”.
Franco organizó un acto de reafirmación patriótica el 1 de octubre de 1975. Fue aclamado por masas exaltadas. Fue su último acto. Dos semanas después sufrió un infarto agudo al miocardio y posteriormente una angina de pecho. El 18, Franco se levantó de la cama sólo para escribir su testamento. No dijo nada a nadie y días después lo entregó a su hija Carmen.
A partir de entonces su salud se agravó. Sufrió varias crisis cardiacas y una hemorragia intestinal. Lo operaron tres veces. La agonía del hombre fuerte de España duró hasta el 20 de noviembre. Y en ese periodo a España le explotó un conflicto en el territorio del Sahara: el rey de Marruecos invadió con civiles ese territorio bajo protectorado español. La inminencia de una guerra tomó a España con un jefe de Estado moribundo. Renuente, el príncipe Juan Carlos volvió a hacerse cargo de la jefatura de Estado y pactó con el rey de Marruecos.

Jaque al rey

Cuando Franco murió no pasó absolutamente nada. La gente no se echó a las calles, ni los sindicatos ni los partidos de oposición convocaron a movilización alguna. Una mezcla de luto, precaución y de miedo contuvieron a izquierdistas y derechistas dentro de sus casas.
Carmen, la hija de Franco, dio el testamento al presidente Arias y éste lo leyó en televisión. Dos fueron las peticiones de Franco al pueblo español: mantener la unidad del país y apoyar al futuro rey, don Juan Carlos de Borbón.
Hasta entonces, el príncipe -de 38 años- no era objeto del crédito político de nadie: dentro y fuera de España se le consideraba como un pelele impuesto por Franco que dejaría la marcha política del país en los más ortodoxos franquistas. Su proyecto para democratizar España desde la legalidad y las estructuras franquistas sólo lo conocían sus amigos y colaboradores cercanos. Su posterior coronación no logró tampoco cambiar esa imagen.
Y es que, al asumir el cargo, no tenía ninguna capacidad para controlar las estructuras del Estado: el Ejecutivo, las Cortes y el Consejo del Reino estaban dominados por el franquismo ortodoxo. No podía siquiera ejercer la potestad de poner al frente de estas instancias a sus hombres de confianza sin provocar una reacción que lo eliminara. Actuó entonces con una habilidad desconocida: sacrificó el nombramiento de presidente, dejando a Arias en su puesto, pero lo persuadió para que apoyara el nombramiento de su mentor político y más cercano colaborador, Torcuato Fernández Miranda, como presidente de las Cortes y del Consejo del Reino.
Luego nombró un gabinete mixto: conservadores,  liberales y jóvenes tecnócratas. Todos crecidos al amparo del régimen. Y anunció un proyecto de reforma democrática desde la legalidad franquista. Pronto las diferencias entre el gabinete y el presidente Arias se hicieron evidentes y ofrecieron la impresión de un gobierno inconsistente. Por ejemplo, mientras el canciller José María de Areiza vendía por el mundo la imagen de que el rey quería  la democracia y que ésta era imparable, Arias públicamente se oponía a ello: “Lo que deseo es continuar con el franquismo”, declaró.
La oposición no creyó en ese momento en las promesas democratizadoras del rey. Consideraba que era una cortina de humo para ocultar la continuidad del franquismo. El Partido Comunista Español (PCE) -que dominaba a las Comisiones Obreras- impulsó en enero de 1976 el estallido de las mayores huelgas vividas hasta entonces en España: más de medio millón de trabajadores se lanzaron a las calles. Apostaba a una huelga general  capaz de paralizar al país y hacer caer al régimen. El rey Juan Carlos trató infructuosamente de enviar un mensaje secreto a Carrillo, secretario general del PCE, a través del presidente Ceausescu de Rumania, para evitar las huelgas. A su juicio, éstas sólo fortalecían a los ultras del franquismo y dejaban sin argumento al rey para seguir con la apertura democrática.
Y es que, en el fondo, los moderados del gobierno y la oposición política aún estaban lejos de conciliar visiones. Felipe González lo explicó de esta manera: “Las diferencias entre el poder y la oposición estaban en el cómo y cuándo. La oposición identifica el cómo con la ruptura democrática y su sustitución por instituciones adecuadas, y el cuándo en un plazo que no debe superar el año. El gobierno sitúa el cómo en la evolución de las instituciones que ya existen y el cuándo en un periodo de dos o más años”.
Las huelgas de enero de 76, en efecto, casi paralizaron al país. Pero no tambalearon al gobierno. No obstante, la oposición de izquierda logró coordinarse, por fin, en una sola organización: la Platajunta.
Desde la presidencia de las Cortes, el mentor político del rey, Torcuato Fernández Miranda, fue abriendo un boquete a las instituciones franquistas: estableció unas “normas de urgencia” que evitaron el paso por las comisiones de los proyectos de ley sujetos a aprobación. Dichas comisiones, dominadas por el franquismo ortodoxo, tenían facultades para modificar los proyectos. Con las nuevas normas los proyectos pasarían directamente al pleno de las Cortes.
Además, removió hábilmente a miembros, procuradores  y presidentes de comisiones. Así logró derogar la ley antiterrorista  y aprobar lo que parecía imposible: un proyecto de Asociaciones Políticas que daba cabida a los partidos políticos. No obstante, el pleno de las Cortes empantanó la reforma del Código Penal que haría aplicable dicha ley. Y es que, la redacción daba entrada a algo a lo que los ultras franquistas siempre se opusieron: la legalización del Partido Comunista.
El rey entonces sacó de la jugada al presidente Arias. Le pidió su dimisión y -a través de Fernández Miranda- maniobró para que en la terna del nuevo presidente que le sometieron las Cortes saliera un hombre que le fue afín: Adolfo Suárez, entonces dirigente del Movimiento Nacional, partido único del franquismo.

Los “segundones”

El nuevo presidente y su gabinete fueron criticados por todos:  La oposición y la comunidad internacional lo vieron como un retroceso hacia el franquismo ortodoxo, y el bunker franquista lo vio como un gobierno de “segundones desconocidos y sin capacidad política”. Dos meses a lo sumo les daban en el poder.
Suárez, empero -como antes el rey-, sorprendió: de entrada superó su primera prueba de fuego: contuvo a los sectores ultras del franquismo y aprobó la ley de amnistía, demanda que provocaba manifestaciones callejeras en las ciudades.
Luego, lanzó dos anuncios que prendieron las alarmas en el bunker franquista: devolver la soberanía al pueblo y realizar una reforma política para formar un gobierno representativo. Anunció, además, el diálogo con los grupos afines y con los de oposición y puso plazos: elecciones generales antes del 30 de junio de 1977 y referéndum para someter a la nación la reforma constitucional.
Suárez y el Consejo de Ministros elaboraron un proyecto de reforma para -desde la legalidad franquista- establecer nuevos mecanismos de participación de las distintas fuerzas políticas. Su gran reto: que fuera aceptado por la oposición ilegal y aprobado por las Cortes dominadas por el franquismo. Por ello, a partir del verano de 1976, Suárez y su gabinete tejieron una complicada red de contactos -la mayoría clandestinos- con los ilegales partidos de oposición. Estos mostraron su desconfianza ante las promesas, pero igualmente se abrieron al diálogo. Dos de estos encuentros fueron culminantes: los del propio Suárez con Felipe González, dirigente del PSOE, y con Santiago Carrillo, secretario general del PCE. En todos los casos el gobierno y sus interlocutores confrontaron visiones políticas y, sin llegar a prometer lo más mínimo, Suárez logró su propósito: romper el hielo y crear una atmósfera de confianza.
Suárez también explicó personalmente la jerarquía católica y a los mandos militares el proyecto de ley. Estos últimos sólo pusieron una condición: que no fuera legalizado el Partido Comunista. Los militares dijeron que Suárez se comprometió a que eso no sucedería.
Para sacar adelante el proyecto de Reforma Política, Suárez y el presidente de las Cortes, Fernández Miranda, volvieron a mostrar su habilidad. Cabildearon con los procuradores, pactaron con sus corrientes e incluso, en plenas sesiones,  llegaron a negociar con Alianza Popular -partido recientemente formado por Manuel Fraga- la inclusión de una enmienda que favorecía a los partidos mayoritarios en aras de que el proyecto saliera adelante. Ante el temor de que la oposición se negara a acatar esa enmienda, con el tiempo de las votaciones encima, Suárez negoció telefónicamente con la oposición, que aceptó no sin reservas.
El 18 de noviembre de 1976, concluyó la sesión con la siguiente votación: 425 votos a favor, 59 en contra, 13 abstenciones. “Imperceptible, en un gesto fugaz que sólo las cámaras alcanzan a captar, Adolfo Suárez echa atrás la cabeza, la apoya en el respaldo de su banco azul y cierra por un instante los ojos. Ya está: el proyecto es ley”.
Un mes después -15 de diciembre- se celebró el referéndum sobre el proyecto de reforma. Un referéndum que finalmente fue boicoteado tanto por la ultra franquista como por buena parte de la oposición ilegal, encabezada por el PCE. Los resultados fueron, empero, elocuentes: 92% de los españoles dio el “sí” a la reforma.

Contactos secretos

El referéndum cambió la correlación de fuerzas: El rey, Suárez y su gobierno salieron fortalecidos; la oposición -sobre todo el PCE que fracasó con un intento de huelga previo- se vio debilitada y la ultra del franquismo quedó marginada, pero sumamente irritada.
En el plazo de un mes -enero de 1977-, sucedieron hechos violentos que pusieron en duda el futuro de las reformas. Algunos de ellos: Guerrilleros de Cristo Rey balearon a manifestantes de izquierda; el grupo de ultraizquierda GRAPO secuestró a Emilio Villaescusa, presidente del Consejo Supremo Militar y personaje del franquismo ortodoxo; falangistas radicales asesinaron a cinco abogados que defendían en los tribunales a militantes comunistas…
Para todos fue claro: se trató de provocar la intervención del ejército  para poner paz y orden en el país.
Pero desde el gobierno como desde la oposición -aún el PCE- se contuvieron. Sabían que cobrar una venganza o realizar una manifestación podía ser la trampa para estallar la violencia.
A esas alturas, todas las fuerzas políticas se alistaban para competir en las elecciones. En el marco de la nueva ley, registraron sus candidaturas. Lo hizo también el PCE. Pero el gobierno -para no enfrentar al franquismo- pasó la decisión al Tribunal Supremo.
Y es que el líder comunista Carrillo cambió la estrategia. Ya no apostaba al derribo del régimen, sino a la legalización del PCE. Tenía la certeza de que sólo homologándose con el resto de los partidos, podría participar en la transición. Por ello él y sus dirigentes salieron de la clandestinidad y, en un acto audaz,  se presentaron públicamente en Roma. Luego, Carrillo entró a España y desde allí presionó al gobierno. Más tarde, moduló su lenguaje y sus acciones. Inscribió luego al PCE en el registro para las elecciones y para ello eliminó de sus estatutos las referencias al internacionalismo proletario y al marxismo leninismo. Fueron fuertes sacrificios para un partido comunista perseguido por 40 años de dictadura franquista.
Con todo, la legalización del PCE fue uno de los principales escollos que debieron enfrentar el presidente y el rey.
-¿Cuándo va a legalizarse el Partido Comunista? -le preguntó directo Carrillo a Suárez en un encuentro secreto el 27 de febrero de 1977.
-Pues no lo sé.
“Suárez manifestó su confianza en que el PCE participaría en el nuevo juego democrático, pero le pidió que mantuviera la calma y no reaccionase con agresividad a una decisión que estaba en el Tribunal Supremo.”
Ambos cumplieron:
El tribunal Supremo se “inhibió” para pronunciarse sobre el registro del PCE y regresó la responsabilidad al gobierno. Suárez corrió el riesgo: otorgó el fallo para legalizar al PCE. El ejército acusó de “traición” al presidente, pues supuestamente les había prometido que eso nunca lo haría. Renunció el ministro de Marina, almirante Pita de Veiga, y Suárez se mantuvo para aguantar la ventolera del mando militar.
Carrillo, por su parte, le ayudó: se presentó en conferencia de prensa con todo el comité central del PCE y, por primera vez, declaró que aceptaba la monarquía y la bandera española. Incluso, en la pared que estaba a sus espaldas, la televisión captó, junto a la bandera roja con la hoz y el martillo, la roja y gualda de España. Trataba de demostrar que el PCE era un partido civilizado, merecedor de la confianza y de la legalidad como los demás.
Las elecciones se efectuaron el 15 de julio. Fueron las primeras votaciones libres tras 40 años de dictadura. Suárez cosechó el reconocimiento que apenas un año antes nadie le daba. Ganó las elecciones como candidato de la coalición Unión del Centro Democrático con 34.4% de los votos y obtuvo en el parlamento una mayoría relativa con 162 escaños. Inmediatamente después quedó el PSOE: 29.2% de los votos y 118 escaños. El PCE quedó en un muy alejado tercer lugar. Al parecer, fue alto el costo que pagó en sus filas por concesiones a la democracia, sin que por ello pudiera captar al resto de los votantes españoles.
Atrás quedaron otras fuerzas: Alanza Popular de Manuel Fraga (8.2%), el PSP del profesor Tierno Galvan (4.4%) y la democracia cristiana (1.1%). A esas alturas, el franquismo era ya entelequia del pasado.
El 22 de julio de 1997, por primera vez, convivieron en una sesión de las Cortes hombres que antaño se amenazaban de muerte. Se entremezclaron cabezas canas con largas melenas, corbatas de seda con pantalones de pana, trajes de alpaca y barbas asilvestradas.
Todavía habría de venir un mes después el pacto económico de La Moncloa, en donde, de nueva cuenta, partidos y sindicatos se pusieron de acuerdo en un programa de gobierno para bajar la inflación y mantener el empleo. También habrían de venir las reformas constitucionales de 1978,  el fallido intento de golpe de Estado del coronel Antonio Tejero en 1981, y la asunción al poder del PSOE en 1982.
Pero, en esa primera sesión plural de las Cortes, la democracia española era ya irreversible.

Comentarios

Load More