PUEBLA, Pue. (apro).- El auditor del Órgano de Fiscalización Superior (OFS), Víctor Manuel Hernández Quintana, rechazó que haya incurrido en un delito al ordenar que documentos de la cuenta pública del exgobernador Mario Marín fueran trasladados a dos bodegas, actualmente aseguradas por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE). El auditor, quien no ha aparecido públicamente desde el viernes 14, envió un boletín a varios medios locales, a los que proporcionó copias del contrato de arrendamiento de las dos bodegas, así como un acuerdo interno con el que facultó al director administrativo y al jefe de Departamento del OFS para trasladar la documentación. La semana pasada, el Juzgado Octavo de lo Penal giró una orden de aprehensión en contra de Hernández Quintana por supuestos delitos cometidos en la administración de justicia, derivado de una denuncia que puso en su contra el alcalde de Tlatlauquitepec, Porfirio Loeza Aguilar. El viernes anterior el auditor se presentó amparado a dar una rueda de prensa en la que rechazó las acusaciones en su contra, pero esa misma noche, la PGJE informó sobre el traslado de documentos del Órgano de Fiscalización Superior a dos bodegas supuestamente clandestinas. La Procuraduría local reportó que había realizado un cateo en las instalaciones del OFS y que había puesto en resguardo 4 mil cajas de documentos de la cuenta pública de Mario Marín Torres. Incluso, el hallazgo de estas cajas dio pie a que se iniciara una polémica sobre la posible reapertura de las cuentas públicas del exgobernador. Sin embargo, este jueves 20 el presidente de la Comisión Inspectora, Mario Riestra Piña, desechó esa posibilidad, al asegurar que hasta el momento no existen elementos para sustentar la reapertura de las cuentas que ya fueron aprobadas por la anterior Legislatura. En el comunicado, el auditor Hernández Quintana aclara que la bodega ubicada en el predio denominado Casa Blanca –calle Volcanes 63 en Geovillas San Jacinto, municipio de Cuautlancingo–, asegurada por la Policía Ministerial, fue entregada al OFS en comodato durante dos años por parte de su dueño, Luis Medel Guerrero, coordinador de Auditoría Especial de Cumplimiento a la Gestión Financiera del OFS. Precisa que el artículo 113 de la Constitución de Puebla faculta al OFS para contar con “autonomía técnica y de gestión para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones”, por lo que contrató dicho inmueble para el resguardo de documentación. Explicó que, al terminarse el periodo de contrato, el pasado 28 de septiembre, se pactó un plazo adicional de 20 días naturales, tiempo en el que el OFS buscó el arrendamiento de un segundo domicilio. Se trata del inmueble ubicado en la calle 15 Poniente número 313, colonia El Carmen, el cual también fue asegurado por la PGJE. "Es falso que dichos inmuebles constituyan bodegas clandestinas como se afirma en la información aludida. No existe delito alguno y menos aún el robo de documentos", afirma Hernández Quintana. En el comunicado, el auditor exige a las autoridades estatales que liberen las instalaciones del OFS, que actualmente se encuentran resguardadas, así como a tres servidores públicos que se encuentran privados de su libertad. En tanto, el diputado panista José Ángel Pedro Guerrero Herrera se quejó de que el Congreso estatal no ha hecho efectiva la determinación de revocar el mandato al edil de Tlatlauquitepec, Porfirio Loaeza Aguilar, pese a que la destitución ya fue aprobada desde el 28 de septiembre. El Legislativo no ha turnado al ayuntamiento el acuerdo, lo que coincide con las versiones de que hubo un acuerdo político con Loeza Aguilar a cambio de que denunciara al auditor superior, que desde hace meses pretendía ser removido por el gobierno de Rafael Moreno Valle.