PUEBLA, Pue. (apro).-  La Procuraduría General de Justicia de Puebla acusó al auditor del Órgano de Fiscalización Superior, Víctor Hernández Quintana, de haber presentado documentos falsos para justificar la sustracción de la cuenta pública del exgobernador Mario Marín Torres y trasladarla a dos supuestas bodegas clandestinas. En un boletín, la dependencia rechazó la veracidad de los contratos de arrendamiento que entregó el auditor a varios medios de comunicación poblanos, así como el supuesto acuerdo que se firmó para autorizar la movilización de documentos de las cuentas públicas del sexenio anterior. “Respetando el sigilo de la investigación, la PGJ descarta la existencia de contratos de arrendamiento, comodato y acuerdo de traslado de documentación oficial a inmuebles que formen parte del organismo”, señaló la Procuraduría. Apuntó que hasta el 14 de octubre de 2011, en los antecedentes oficiales del OFS se advierte que los únicos inmuebles en donde se ubican los archivos oficiales del organismo se sitúan en la calle 5 sur 1105 colonia centro y en la 21 A sur 2723, colonia Volcanes. “El acuerdo de traslado de documentación recientemente publicado en algunos medios, no se encontró en los archivos del OFS previo a la detención de los servidores públicos, lo que es una muestra más de la ilicitud en el manejo de la documentación oficial”, señaló. La Procuraduría destacó que la documentación que Hernández Quintana mostró a los medios de comunicación fue elaborada el sábado 15 de octubre del 2011 en el equipo de cómputo de las oficinas del propio organismo, “como en su oportunidad se dará a conocer”. “Los documentos mostrados ante medios rompen con protocolos y lineamientos que se deben seguir para la sustracción, utilización, destrucción, manejo, traslado de expedientes, documentación, información, registros que estén bajo resguardo del OFS o a los que tengan acceso los servidores públicos del órgano fiscalizador”, subrayó. La Procuraduría exhortó al auditor a presentar ante las autoridades la documentación que considere oportuna, sin embargo, desde hace una semana, éste no ha aparecido públicamente. El 13 de octubre, el Juzgado Octavo de lo Penal giró una orden de aprehensión en contra de Hernández Quintana por supuestos delitos cometidos en la administración de justicia, derivado de una denuncia que puso en su contra el alcalde de Tlatlauquitepec, Porfirio Loeza Aguilar. Al día siguiente, el auditor se presentó amparado a dar una rueda de prensa en la cual rechazó las acusaciones en su contra, pero esa misma noche, la Procuraduría de Justicia del estado informó que detectó el traslado de documentos del Órgano de Fiscalización Superior a dos bodegas, supuestamente clandestinas. Hernández Quintana envío a varios medios de comunicación copias de contratos de arrendamiento para comprobar que las bodegas no eran clandestinas y que el proceso de traslado de los documentos era legal. Las oficinas del OFS se han mantenido cerradas toda la semana. El secretario técnico de OFS, Antonio Taja, fue nombrado encargado del órgano fiscalizador, en tanto se resuelve la situación legal de Hernández Quintana.