Cinco bancos al borde de la quiebra Oculta aún gran parte del fraude del Fobaproa

Agustín Vargas Medina

Después de tres meses de trabajos, la Comisión para Investigar el Funcionamiento del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (CIFIPAB), llegó a una conclusión clara: el IPAB no puede ni quiere sustituir créditos “chatarra” por 24 mil 778 millones de pesos que los bancos le vendieron al Fobaproa y que el gobierno federal aceptó.
De hacerlo, al menos cinco bancos estarían, de nueva cuenta, al borde de la quiebra, lo que revela que, al final de cuentas, la inyección multimillonaria de recursos que el gobierno destinó al rescate de la banca -cuyo costo fiscal asciende a más de 873 mil millones de pesos, 19.3% del PIB- de nada sirvió, porque el sistema bancario mexicano aún es endeble.
También quedó claro que el IPAB no es el propietario de los bienes susceptibles de enajenar, porque la mayoría está todavía en poder de los bancos intervenidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), que se ha negado a traspasarlos al organismo que aún dirige Vicente Corta.

“El encanto del instituto -afirma Paulo Diez, secretario adjunto jurídico del IPAB- se acaba cuando uno dice: oye qué tanto hay ahí en el instituto (…) En el IPAB hay un montón de bienes sujetos a la Ley del IPAB, pero realmente no tiene, no es propietario casi de bienes, no hay.
“¿Cuáles son los bienes propiedad del instituto? Los bienes muebles que recibió del Fobaproa, algunas computadoras, algunos coches. La administración de casi todos sigue a cargo de cada una de las instituciones (bancarias) y cada una de ellas es la que mantiene los seguros y todo lo demás, no es algo que el instituto haga directamente.”
Y es que, de acuerdo con el funcionario del IPAB, el grueso de los bienes susceptibles de ser vendidos para tratar de reducir el costo fiscal del rescate de la banca, se encuentra en los bancos intervenidos y bajo control de la CNBV.
Pero más aún, “la banca intervenida -comentó en la última reunión que sostuvo con los integrantes del comité técnico del CIFIPAB en la Cámara de Diputados- no cuenta con un control eficiente y con una proyección acerca del valor real de sus activos, porque nosotros (IPAB), una vez más, lo hacemos a través de ellos. No es que tratemos de echarle la pelota a alguien más”.
El 31 de julio último, la CIFIPAB -integrada por siete diputados (Fauzi Hamdam, Edgar Martín Ramírez Pech (PAN), Omar Álvarez Arronte, Guillermo Barnés, Juan José García de Quevedo (PRI), Alfonso Ramírez Cuéllar y Jorge Silva (PRD)- dio a conocer el informe final sobre la revisión, análisis y evaluación de las actividades llevadas a cabo por el IPAB y, sobre todo, de las operaciones que le transfirió el Fobaproa.
Cuatro días antes de darse a conocer el informe del CIFIPAB -27 de julio-, el comité técnico de ese cuerpo legislativo se reunió en la Cámara de Diputados con funcionarios del IPAB encabezados por Paulo Diez,  secretario adjunto jurídico.
Ahí se dejó en claro que definitivamente el IPAB no podrá hacer nada efectivo para recuperar los 24 mil 778 millones de pesos, porque devolver a los bancos los créditos “chatarra” los colapsaría.
Sin embargo, en la redacción final del informe esa advertencia no quedó asentada, ni tampoco el hecho de que el IPAB, prácticamente, no dispone de esos bienes.
Devolver todos los créditos irregulares clasificados como “Aa” -dijo Paulo Diez en la reunión privada con los asesores de los diputados de la CIFIPAB- tendría un impacto en el costo de los bancos. “Sin duda habría probablemente cinco bancos al borde de la quiebra”.
De acuerdo con informes de la comisión legislativa, los cinco bancos involucrados en esta situación son los que aún tienen en sus estados contables pagarés de capitalización que les dio el Fobaproa. Es decir, Probursa, Banorte, Bancomer, Bital y Banamex.
En total, dichos pagarés ascienden a 146 mil 200 millones de pesos, por los cuales reciben intereses multimillonarios que el IPAB está obligado a cubrir puntualmente.
El costo anual de esos intereses asciende a más de 22 mil 402 millones de pesos.
Banamex recibe más de 8 mil millones de pesos, al igual que Bancomer; a Banorte se le pagan alrededor de mil 229 millones, a Bital 2 mil 766 y a Probursa más de 2 mil 278 millones de pesos.
El IPAB reconoce que quitar de tajo a estos bancos ese ingreso, al regresarles los créditos irregulares, previamente pactados con la CNBV y el Fobaproa para ingresarlos a dicho fondo, pondría en una “situación incómoda” al instituto.
Paulo Diez explicó que el instituto se podría ahorrar una buena cantidad de dinero “simplemente diciendo a los bancos: señores, todos son ilegales porque todos fueron irregulares. Eso lo dice el propio (Michael) Mackey” y por tanto se les tienen que regresar.
Sin embargo, argumentó que la “preocupación” y la  “buena fe del instituto” se topa con la realidad y prácticamente está atada por el artículo quinto transitorio de la Ley del IPAB, “que no nos da para eso”. Es decir el IPAB, según su secretario adjunto jurídico, no podría regresar la cartera “chatarra”, aunque los diputados afirman que sí.
Dicho artículo establece, precisamente, que serán devueltos todos aquellos créditos que fueron concedidos por los bancos de manera irregular y en su caso tendrán que ser sustituidos por otros de buena calidad para seguir gozando de los beneficios del pagaré Fobaproa, es decir del subsidio del gobierno.
Más aún, si la irregularidad o ilegalidad de los créditos es atribuible directamente a la administración del banco, éste deberá absorber íntegramente el costo del crédito, reduciéndose en ese monto la garantía o instrumento de pago en los nuevos convenios que en su caso se formalicen entre el IPAB y el banco correspondiente.
Las interpretaciones jurídicas, pues, tanto del IPAB como de los legisladores, distan mucho de coincidir.
De acuerdo con el informe del canadiense Michael Mackey, auditor del  Fobaproa contratado por la Cámara de Diputados, los créditos reportables fueron clasificados en tres grandes grupos:  A, B y C.
Los A se refieren a créditos que no satisfacen los criterios originales establecidos que debían ser adquiridos por el Fobaproa; los B son créditos relacionados o autopréstamos, y los C fueron transacciones que la CNBV determinó que eran ilegales por violar todas las leyes y reglamentos bancarios.
Los créditos clasificados en el grupo A, se subdividieron, a su vez, en dos categorías: Aa, identificados y acordados entre los bancos, la CNBV y el Fobaproa; y Ab, es decir los que no tuvieron ningún convenio previo.
El universo de las operaciones reportables es de aproximadamente 17 mil 815 créditos, que involucran 73 mil 775 millones de pesos.
Del total de las operaciones, 97% (817 mil 352) se refieren al grupo Aa, es decir operaciones del programa de compra de cartera que no cumplieron con los criterios establecidos por el propio Fobaproa, y cuyo monto es de 24 mil 778 millones de pesos.

Lo que no se entregó

Una vez integrada la comisión legislativa especial y acordados los tiempos para el desarrollo de los trabajos de la misma, solicitó al IPAB 18 puntos de información para elaborar su análisis. Sin embargo, el grado de cumplimiento de la entrega es claramente inferior a 50%, según estableció la propia comisión.
Entre los documentos no entregados por el IPAB se encuentran las actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias celebradas por su junta de gobierno, el convenio celebrado entre el gobierno federal y el Banxico para extinguir el Fobaproa y el Fondo de apoyo al Mercado de Valores (Fameval), de las que el IPAB señaló que no cuenta con ellas; y las listas de la auditoría hecha por Mackey, bajo el argumento del secreto bancario y la condición de entrega a la Contaduría Mayor de Hacienda a que no se haga del conocimiento de la comisión IPAB.
De la información que no se encontró destaca la Relación de Operaciones exceptuadas por Acuerdo de Comités Técnicos del Fobaproa y Fameval para que el IPAB no asuma la titularidad de los mismos; el convenio que en su caso se haya celebrado entre la CNBV y el IPAB, respecto al control y la responsabilidad que éste debe asumir sobre los bancos intervenidos; la información sobre la situación real de los bienes muebles e inmuebles, así como las licitaciones de seguros de los bienes propiedad del IPAB.
La información con la que contó la CIFIPAB se compila en seis tomos. En ellos se encuentra el Programa de Enajenación de Bienes del IPAB, pero sólo se contó con 60% de los datos pues faltaron informes de la problemática y estimaciones de recuperación. Sobre el importe de créditos asumidos por el IPAB y otorgados por el Banxico al Fobaproa y al Fameval, se cumplió con 80%, ya que surgieron algunos cuestionamientos relativos a las aportaciones de Banxico en efectivo y a la operación de Inverlat.
En cuanto al refinanciamiento del IPAB, se realizó 80% de los objetivos pues no se encontró el informe del crédito otorgado por Banamex para el saneamiento de Serfin (el último). De los Estatutos Sociales Modificados de las Instituciones de Crédito, se ejecutó 20%, debido a que sólo se encontró lo referente a Serfin.
Y en el rubro de las Actas de entrega Fobaproa-IPAB, sólo se observó 50%, pues “faltan muchos expedientes”. En lo que respecta a la Relación de Créditos Ilegales devueltos, se efectuó 50%, ya que faltan créditos Aa y B. Con respecto a la Relación de Cuentas Bancarias donde se depositaron las operaciones realizadas por el Fobaproa y el Fameval, se acató 90%.
La comisión también solicitó al IPAB el Informe sobre las obligaciones del Instituto derivadas de los puntos que en su momento se aprobaron en el Comité Técnico del Fobaproa, mismo del que se logró cumplir con 80%, porque faltó actualización a valores presentes, pues se entregó una copia del resumen Ejecutivo de 1998.
Sobre las acciones para concluir el saneamiento de Bancrecer, Atlántico, Promex, no se encontró lo relacionado con los dos últimos, así que se cumplió sólo con 30%. El último punto se refiere a la información adicional a la requerida, la que fue solicitada al secretario ejecutivo del IPAB, Vicente Corta.

Fraude oculto

Para la diputada Dolores Padierna, secretaria de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, el fraude cometido por el Fobaproa en el rescate de la banca “aún está oculto”, porque hay operaciones ilegales en los bancos que no revisó el auditor canadiense, principalmente en los fideicomisos bancarios, sobre todo en los de Banco Unión.
Con base en documentos oficiales, la diputada del PRD identificó a otra “empresa canalizadora” de fondos que utilizó Carlos Cabal Peniche para desviar dinero de Banco Unión.
Se trata de la empresa Proinverfin, en la cual participaron, entre otros, el actual presidente de la Asociación de Banqueros de México, Héctor Rangel Domene, así como Fernando y Jaime Ruiz Sacristán (este último actual director adjunto de Bital).
Rangel Domene y los hermanos del secretario de Comunicaciones y Transportes, eran accionistas importantes de Proinverfin y actuaban como presidente del consejo de administración y vocales, respectivamente.
Banco Unión autorizó créditos a esa empresa por 54 millones de dólares en préstamos quirografarios, contraviniendo lo establecido en el manual de crédito de la propia institución, el cual establece que un crédito de ese tipo no debe exceder 20% del capital contable del cliente.
Los créditos autorizados a Proinverfin -empresa cuyo objeto social era la realización habitual, profesional e independiente de actos tendientes a auxiliar a las instituciones de crédito en la celebración de sus operaciones pasivas y en general- se concedieron con un elevado riesgo para Banco Unión.
Dolores Padierna comenta, además, que no fue evaluada la situación económica y moral del acreditado, la viabilidad económica de los proyectos de inversión de los créditos y los plazos de recuperación, ni los aspectos de liquidez, seguridad y conveniencia. Todo esto, dice, en desapego a lo establecido en el artículo 65 de la Ley de Instituciones de Crédito.
El importe de los créditos autorizados a la empresa fue significativamente superior al capital contable; es decir, Proinverfin no contaba con capacidad de pago suficiente para poder cubrir los créditos millonarios que se le autorizaron.
De los 54 millones de dólares que recibió de Banco Unión, Proinverfin dispuso -en moneda nacional- de 294 millones 500 mil pesos, cantidad que fue quebrantada por instrucciones de la CNBV el 30 de diciembre de 1994, sin antes haber efectuado los trámites de cobranza y recuperación del crédito, como establece la propia autoridad bancaria.
Para la diputada Padierna -jefa delegacional electa en Cuauhtémoc, en el Distrito Federal- la negativa de las autoridades a proporcionar información al auditor canadiense sobre los fideicomisos de Banco Unión, tiene un trasfondo político y de protección a los beneficiarios directos con las operaciones ilícitas, por lo que afirma que el fraude en el Fobaproa aún está oculto
Y sentencia: “(Vicente) Fox y los panistas estuvieron al lado de Carlos Salinas en la reforma económica y en la privatización de los bancos, y en la hora decisiva Fox y los panistas, con sus pocas excepciones, estuvieron con los priístas en el Fobaproa, avalando el fraude financiero del siglo”.

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